Bruselas apremia a España a cumplir la normativa ambiental

La Comisión Europea ha remitido a España este mismo mes cuatro expedientes por incumplir la normativa ambiental en varios ámbitos. En concreto, amenaza con llevar al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, si no incorpora a su ordenamiento los últimos cambios en las directivas de residuos relativas a la responsabilidad ampliada del productor y de residuos municipales.

Otro de los avisos de la Comisión supone la última oportunidad para que España corrija el deficiente tratamiento de aguas residuales en 300 aglomeraciones urbanas antes de elevar el caso a la justicia europea. Pero, además, ha abierto un nuevo frente al remitir al Ejecutivo una carta en la que le urge a mejorar la prevención y la gestión de la propagación de especies invasoras. La cuarta de las advertencias de Bruselas se debe a los fallos a la hora de transponer al ordenamiento jurídico nacional la normativa sobre protección frente a las radiaciones ionizantes.

Disponemos dos meses a partir del 9 de junio, para responder por carta al dictamen motivado y explicar las medidas para abordar las deficiencias

Por partes: la cascada de expedientes da a España un ultimátum para incorporar las últimas modificaciones en gestión de residuos a través de un dictamen motivado, que es el último paso antes de elevar el caso al tribunal luxemburgués. No es el primer aviso, pues la primera advertencia fue remitida en octubre de 2020. Precisamente, la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados que ya está en el Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, prevé la resolución de estas cuestiones. Lo que no parece posible es que su aprobación llegue a tiempo antes de que Bruselas cumpla su amenaza, pues le da dos meses de plazo para evitar la denuncia. En concreto, insta a incorporar dos directivas aprobadas en 2018, una sobre gestión de residuos en la que se establecen los requisitos 'mínimos' de funcionamiento para los regímenes de responsabilidad ampliada de los productores y que establecen nuevos objetivos de reciclado de residuos municipales.

Pero en este caso, Bruselas no ha advierte solo a España, sino también a Bélgica, República Checa, Estonia, Grecia, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia.

Por otro lado, el caso de las aguas residuales viene de largo, exactamente desde 2012 y ahora la Comisión Europea da una 'última oportunidad' a España para que corrija el “deficiente tratamiento de aguas residuales a más de 300 aglomeraciones urbanas”. Hace nueve años, el Ejecutivo europeo abrió un expediente por incumplir la directiva para que los municipios recogieran y trataran sus aguas residuales de forma adecuada. Bruselas dio ya un primer ultimátum en 2015 y ahora, en 2021 le ofrece una última oportunidad antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.

El nuevo expediente expresa que “a pesar de la carta de emplazamiento enviada en 2021 y de un primer dictamen motivado enviado en 2015, España sigue incumpliendo, en términos generales, sus obligaciones en materia de recogida y tratamiento en 332 aglomeraciones” y afea que España debería estar “cumpliendo plenamente los requisitos de la directiva desde 2005”.

Un total de estas 30 aglomeraciones aún carecen de sistemas colectores para sus aguas residuales urbanas, lo que supone que su tratamiento depende “parcial o completamente” de sistemas individuales adecuados, que “no pueden alcanzar el mismo nivel de protección medioambiental que un sistema colector”.

Especies invasoras

El tercero de los expedientes se debe a las deficiencias del Reino de España en la prevención y gestión de la propagación de especies invasoras. Por ello, ha enviado una carta a las autoridades españolas, así como a otros 17 Estados miembro, ya que Bruselas estima que no se ha implantado “con éxito” el plan de acción comunitario para abordar las vías más importantes de introducción y propagación involuntaria de estas especies que son “de preocupación para la UE”.

Por ello, da dos meses de plazo a estos 18 países para que expliquen por carta a Bruselas las medidas que prevé adoptar para subsanar estas deficiencias. En caso de que la respuesta no satisfaga las aspiraciones de la Comisión, el Ejecutivo podrá emitir un dictamen motivado, paso previo a elevar el caso al tribunal de Luxemburgo. En ese contexto, la Comisión recuerda que tanto la Estrategia para la Biodiversidad 2030 como el Pacto Verde inciden en la “importancia” de frenar la pérdida de biodiversidad en el conjunto de los Veintisiete y que las especies exóticas invasoras tienen “graves consecuencias ambientales y económicas”.

El último 'palo' a España se debe nuevamente a los fallos a la hora de trasponer una directiva al ordenamiento jurídico nacional. En este caso, sobre la normativa de protección frente a las radiaciones ionizantes, algo que no España compartiría con Austria y Bélgica.

La Comisión advierte de que si no se adapta de “manera completa” la directiva que moderniza los estándares de seguridad nuclear, España puede tener que sentarse en el 'banquillo' del TJUE. Ni Austria, ni Bélgica ni España han traspuesto totalmente estas normas que los Veintisiete aprobaron en 2018 a consecuencia de las modificaciones realizadas para reforzar la seguridad nuclear a raíz del accidente en la central nuclear japonesa de Fukushima Daiichi en 2011.

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Esta directiva refuerza, moderniza y consolidad la legislación sobre protección radiológica en la UE, añade normas básicas de seguridad para proteger al público, a los trabajadores, a los pacientes contra los peligros que se derivan de la exposición a radiaciones ionizantes.

Los tres disponen del mismo plazo, dos meses a partir del 9 de junio, para responder de nuevo por carta al dictamen motivado y explicar las medidas para abordar las deficiencias expuestas.

Por tanto, las autoridades españolas, en particular el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del que dependen todas estas cuestiones, tienen un intenso verano por delante para poner al día a España ante sus responsabilidades en materia ambiental.