Tasas al depósito en vertederos y ecodiseño: cómo solucionar el aumento de residuos

Cada persona en España genera algo más de 500 kilos de residuos al año, lo que supone un total de más de 22 millones de toneladas de basura procedente de los hogares y del sector servicios, según datos de 2018. De esta cantidad, más de la mitad va a parar a los vertederos españoles, apenas cinco millones se recicla (18%) y algo más de tres millones se destinan al compostaje (17%). Una realidad que nos aleja del objetivo que estableció Europa para 2020: que todos los países miembros consiguieran un 50% de residuos reciclados. Un porcentaje que otros países como Alemania, Países Bajos o Dinamarca ya han conseguido rebasar.

El objetivo para 2025 se mantiene en el 50% y para 2030 aumenta hasta el 55%. ¿Estamos haciendo bien los deberes? La realidad es que las cifras de los últimos años no aportan muy buenas noticias: en 2018, se envió a los vertederos una mayor proporción de residuos (53,4%) que en 2017 (51,2%). Y el porcentaje de reciclaje y compostaje tampoco mostró signos de mejora: si en 2017 se recicló el 18,3% del total y el 17,8% se destinó al compostaje, en 2018 los datos cayeron hasta el 18% y 17% respectivamente, según datos de las memorias anuales de generación y gestión de residuos. ¿Qué está pasando?

Para responder a esta y otras cuestiones, y con motivo del Día Mundial del Reciclaje, El Confidencial organizó una mesa redonda de la mano de Signus bajo el título 'Barreras y oportunidades en el reciclaje. Rodando hacia una nueva vida'. En el encuentro, participaron Vicente Galván, director general de Economía Circular en la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid; Ricardo Luis Izquierdo, director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Fuenlabrada y miembro de la Comisión de Residuos de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp); Leticia Saiz, directora de Desarrollo e Innovación de Signus; Luis Alfonso de León, responsable de Negocio Construcción y Carreteras en TRS, y Dimas Vallina, director gerente de la Fundación Cema.

En diciembre de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el Programa Estatal de Prevención de Residuos, que, además de reducir la cantidad generada, tiene como objetivo reutilizar y alargar la vida útil de los productos, entre otros retos. Los datos disponibles, sin embargo, muestran que cada año ha ido aumentando progresivamente esta cantidad. Para Ricardo Luis Izquierdo, director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Fuenlabrada y miembro de la Comisión de Residuos de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), esto ha ocurrido porque “las administraciones hemos sido excesivamente comprensivas, hemos dilatado plazos y ahora se nos ha venido el problema encima”, lamentó.

¿La solución? Según él, intervenciones más decididas: “Tenemos que condicionar la economía circular para que sea irreversible y vigilar la competencia desleal de aquellos que presuntamente cumplen, pero no es así”. En otras palabras: más proactividad mediante obligaciones por parte de las administraciones.

Impuestos al depósito en vertederos

El Gobierno ya ha tomado cartas en el asunto y este mismo mes será aprobado el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Estará alineado con la máxima de la economía circular: dejar atrás el concepto de comprar, usar y tirar de la economía lineal, y utilizar cada recurso todas las veces posibles. Entre otros aspectos, la normativa establece nuevos impuestos al depósito en vertederos, a la coincineración e incineración, oscilando entre 1,5 y 40 euros por tonelada métrica, según el tipo de residuo.

"Hemos sido demasiado comprensivos dilatando plazos, no hemos actuado en la composición de los residuos a través del ecodiseño" (Izquierdo)

Hoy por hoy, solo algunas comunidades autónomas cuentan con algún tipo de impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, como Cantabria, Cataluña o la Comunidad de Madrid, aunque con diferentes costes: mientras que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el precio es de ocho euros por tonelada de residuo peligroso y cinco euros por los no peligrosos, Cataluña ronda los 50 euros de media. Esta diferencia entre comunidades es algo “inaceptable” para Dimas Vallina, director gerente de la Fundación Cema, porque, precisamente, “uno de los motivos del incremento de residuos tiene que ver con lo barato que resulta enviarlos al vertedero”. Para Vallina, ahora tenemos la clave sobre la mesa, “unificar estas tasas disuasorias en todas las comunidades”.

Desde la Comunidad de Madrid, Vicente Galván, director general de Economía Circular en la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, opinó que la nueva normativa sigue siendo muy lineal: “Nos van a seguir trasladando pautas a las comunidades autónomas que muchas veces no funcionan para que sigamos aplicando lo mismo”. La gestión de los residuos es una tarea que recae sobre los hombros de las comunidades autónomas y corporaciones locales en el marco de la normativa estatal, por eso, “tenemos que estar alineados y dar el impulso de forma coordinada”, añadió Vicente Galván.

Pero ¿cuánto recicla cada comunidad autónoma? Los datos son muy diferentes entre unas y otras. Con el foco en las CCAA más extensas y teniendo en cuenta el reciclaje procedente de la recogida separada y los materiales recuperados procedentes del TMB (tratamiento mecánico biológico) de residuos mezclados, el País Vasco registra un 32,6%, seguido de Cataluña (25,7%), Castilla y León (17%), la Comunidad de Madrid (16,9%), Comunidad Valenciana (16,8%), Andalucía (13,4%) y Castilla-La Mancha (13,2%).

Respecto al compostaje, si tenemos en cuenta el criterio de Eurostat y contamos únicamente como compostado el material procedente del tratamiento biológico de la recogida separada de residuos orgánicos, estaríamos compostando apenas el 2,3% del total de residuos orgánicos municipales. ¿A qué comunidades se asocia? Cataluña va en cabeza: más de la mitad (60%) corresponde a esta comunidad, seguida del País Vasco (11,6%) y Andalucía (9%). El 20% restante se reparte entre otras comunidades como Islas Baleares, Comunidad de Madrid o Galicia, entre otras.

¿Qué más falta por hacer?

Una de las cosas en las que hay que empezar a intervenir decididamente, en opinión de Ricardo Luis Izquierdo, del Ayuntamiento de Fuenlabrada, es en el ecodiseño de los productos —tener en cuenta la sostenibilidad desde la propia fabricación—, porque “esta es una de las cosas en las que nos hemos equivocado las administraciones”.

En todo caso, los ponentes coincidieron en que el mundo del reciclaje es demasiado complejo como para generalizar. “Hay que hablar de cada material por separado", explicó Leticia Saiz, directora de Desarrollo e Innovación de Signus. Por ejemplo, en 2006, se prohibió la entrada de los neumáticos triturados a los vertederos a raíz de un real decreto que obligaba al productor a hacerse cargo de este residuo al final de su vida útil. ¿El resultado? “En tiempo récord, se organizó una red de logística y se construyeron plantas para gestionar estos residuos”, especificó la directora de Desarrollo e Innovación de Signus. En España, se generan 180.000 toneladas de neumáticos al año y el 100% se gestiona: “Estos neumáticos se convierten en polvo de caucho que se destina a otras aplicaciones como las carreteras o el césped artificial".

Al hilo del ejemplo anterior, Luis Alfonso de León, responsable de Negocio Construcción y Carreteras en TRS, opinó que es necesario que “desde la Administración se establezcan los criterios que definen cuándo un residuo deja de ser un residuo, porque es un proceso demasiado lento y necesitamos más agilidad para seguir buscando nuevas aplicaciones”. Para definir la condición de residuo de un producto, Galván se mostró partidario de eliminar trabas y tomar decisiones mediante análisis: "Toda materia vegetal o residuo que cumpla ciertas especificaciones definidas por una norma tiene que considerarse materia prima y poder venderse, venga de donde venga”.

Para seguir dando pasos en la economía circular, Dimas Vallina, por su parte, consideró necesario prohibir el depósito en vertederos de residuos no reciclables con alto poder calorífico, porque, según él, su aprovechamiento energético contribuiría a la sostenibilidad y ayudaría a incrementar los porcentajes de reciclado: "Existen residuos con un alto poder calorífico que nos permite a los cementeros dejar de utilizar combustibles fósiles”.

"Las administraciones tenemos que estar alineadas y dar el impulso a la economía circular de forma coordinada" (Galván)

Pero para investigar nuevas aplicaciones de los residuos y construir redes de logística e instalaciones para tratarlos, se necesita inversión. ¿Quién paga esto? “Hay que invertir dinero público para impulsar estos desarrollos, pero luego el mercado tiene que volar libre, no puede estar siempre subsidiado”, opinó Galván desde la Comunidad de Madrid. Y precisamente, para impulsar esta inversión, los fondos europeos —España recibirá 140.000 millones a través del Next Generation EU— son una gran oportunidad, según los ponentes, pero "hay que gastarlos en desarrollar nuevas aplicaciones de materiales que garanticen empleo, porque si no acabaremos invirtiéndolos en comprar tecnología a terceros países", añadió Galván. Ricardo Luis Izquierdo, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, por su parte, opinó que “aunque la economía circular tiene que sostenerse y ser rentable, no podemos dejar el mercado totalmente libre, tiene que haber unos límites”.

Precisamente, Luis Alfonso de León, desde TRS, afirmó que "si la Administración da ese empujón con los fondos, las empresas también apostarán por invertir, porque el sector privado está poniendo todos los medios en investigar y desarrollar nuevas aplicaciones". En este escenario, el representante del Ayuntamiento de Fuenlabrada matizó que muchas veces “son las propias empresas las que se resisten al uso de ciertas aplicaciones porque las perjudica económicamente, no la Administración”.