Los letrados de Justicia amenazan con "medidas" si el Gobierno incumple el acuerdo

Continúa la tensión entre los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el ministerio. Seis meses después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo que puso fin a más de dos meses de huelga indefinida, el cuerpo de funcionarios de los juzgados critica que el Gobierno todavía no haya ejecutado la subida retributiva pactada, de hasta 450 euros mensuales para 2024 y que debía haberse materializado este mes de julio. En un comunicado emitido este miércoles, las distintas asociaciones de LAJ critican la postura del Ejecutivo y aseguran que, de no resolverse el conflicto, estará "más que justificado que se retomen de inmediato todas las medidas que sean necesarias".

Fuentes del colectivo concretan que no se descarta la posibilidad de una nueva huelga, "aunque hay otras medidas posibles", matizan. Y concretan que una de las acciones que barajan es forzar al Gobierno a ejecutar el acuerdo a través de una acción judicial por la vía contencioso-administrativa.

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En la nota, difundida tras una reunión entre las principales asociaciones y el secretario general de la Administración de Justicia, Manuel Olmedo, los LAJ critican la posición del ministerio, al que acusan de que "continúa escudándose en la incertidumbre política vigente para justificar la inacción del Ejecutivo". Según el contenido del acuerdo de marzo, el incremento salarial debía de haberse hecho efectivo en julio. De hecho, el Consejo de Ministros aprobó una tramitación administrativa urgente de los decretos retributivos, pero la paralizó posteriormente.

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Una decisión que, como señalan las asociaciones en su comunicado, no está justificada. "El Gobierno de España no ofrece razón objetiva alguna que le impida cumplir con lo que acordó y firmó públicamente", critican, y recuerdan que, a pesar de estar en funciones, el Ejecutivo sigue obligado a "atender el despacho ordinario de los asuntos públicos y, por tanto, a culminar los trámites legales pendientes para hacer efectivo lo pactado", aseveran.

En esta línea, consideran "imperioso" que las titulares de los ministerios de Hacienda y Función Pública y Justicia, María Jesús Montero y Pilar Llop, respectivamente, "intensifiquen las gestiones que permitan, aunque tarde, hacer efectivo [el acuerdo] sin más demora". Lo contrario, agregan, "llevaría a seguir tensionando la actividad de los operadores jurídicos, incidiendo en el descrédito al que la gestión política ha llevado a la Administración de Justicia durante la última legislatura y con el riesgo subsiguiente de colapso del sistema".