'Efecto cascada' por el aumento salarial a los LAJ: más funcionarios exigen subidas

"Sensación agridulce". Con estas palabras describieron el pasado martes los representantes de los letrados de la Administración de Justicia su sentir tras firmar el acuerdo con el ministerio para poner fin a la huelga indefinida que ha atascado los juzgados durante los últimos dos meses. Aunque el pacto reconoce un incremento salarial de entre 430 y 450 euros al mes, desde el colectivo lamentan que se hayan dejado otras reivindicaciones en el tintero, como la equiparación retributiva de los profesionales que ejercen en diferentes ciudades. No son los únicos decepcionados. El pacto con el equipo que dirige Pilar Llop ha generado un efecto cascada en el ámbito de la Justicia y varios colectivos han aprovechado para reclamar una mejora de sus condiciones. Desde jueces hasta funcionarios de los juzgados exigen a Justicia subidas retributivas, amenazando con "contundentes movilizaciones" e, incluso, otro parón.

La primera en manifestar sus reivindicaciones fue la judicatura. A finales de febrero, y con la huelga de los LAJ todavía candente, las cuatro grandes asociaciones de jueces —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)— dirigieron un escrito al Ministerio de Justicia en el que solicitaron la "convocatoria urgente y sin demora" de una reunión para "acometer ya la adecuación de nuestras retribuciones salariales y dar cumplimiento efectivo a la Ley 15/2003".

Paralelamente, las organizaciones remitieron un comunicado interno a los más de 5.500 jueces y magistrados que componen la carrera judicial en el que indicaban que "parece que ahora sí existe esa voluntad negociadora por parte del Ministerio de Justicia y también la capacidad de dar respuesta presupuestaria a las reivindicaciones económicas". Horas después, la Asociación de Fiscales se unió a las demandas y exigió un encuentro con el equipo de Pilar Llop para negociar las "mejoras laborales y retributivas que, junto a los jueces, venimos reclamando".

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En un tono más tajante se han expresado, por otro lado, los sindicatos que representan al resto de funcionarios que ejercen en los juzgados (gestión procesal, tramitación y auxilio). El pasado lunes, horas después de que los letrados de Justicia expresaran su conformidad con la propuesta de Justicia, CCOO emitió un comunicado en el que calificó el acuerdo de un "atentado a la dignidad profesional del resto de cuerpos" y propuso al personal de los tribunales que iniciara "contundentes movilizaciones" para conseguir las mismas mejoras retributivas y laborales reconocidas a los LAJ.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha descrito la actitud del ministerio como una "falta de respeto" a todos los colectivos que ejercen en los juzgados y ha amenazado con convocar movilizaciones y otras "medidas de presión" si Llop no reúne "de manera inmediata" una mesa de negociación. "La huelga del colectivo de letrados ha puesto de manifiesto que la eficiencia de la Justicia no pasa por los tribunales de Instancia ni el resto de las medidas diseñadas en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, sino retribuyendo las funciones que realmente realiza el personal de la Justicia", han indicado en un comunicado.

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En términos similares se han expresado otros sindicatos representantes de los funcionarios de los tribunales, como la sección de Justicia de UGT, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) y la sección de Xustiza de la Confederación Intersindical Galega. En varias notas, todos ellos han manifestado su descontento por el pacto alcanzado con los LAJ y afean que se les reconozca un complemento de eficiencia por unas labores que, según indican, las realizan otros funcionarios.

La posibilidad de una segunda huelga, esta vez por parte de otros funcionarios del juzgado, sobrevuela el ambiente. De hecho, los sindicatos se han citado este miércoles para elaborar una propuesta de movilizaciones y manifestaciones en Madrid y decidir conjuntamente si convocan un parón en la Administración de Justicia. Lejos de mejorar las tensiones, el fin de la huelga de los letrados parece el comienzo de un profundo conflicto.