A subasta el chalé del ex alto cargo del PP en Castilla y León imputado en la trama eólica

Alberto Esgueva, implicado en la trama eólica al ser uno de los presuntos beneficiados, atraviesa por nuevos problemas. El empresario, que fue director de Excal —la oficina de internacionalización de la desaparecida Agencia de Desarrollo Económico de la Junta de Castilla y León— entre 2003 y 2026, se enfrenta ahora a la subasta pública del chalé en el que reside en Simancas (Valladolid) y que figura como su vivienda habitual.

El motivo obedece a que el fondo Sirocco Lux, que compró la deuda a CaixaBank, decidió instar la ejecución de títulos judiciales tras reclamar al empresario y su mujer, María del Mar Moreno Fernández, también implicada en dicha trama, 382.906,43 euros por principal y 114.871,92 euros para intereses y costas. Es decir, casi medio millón de euros que la entidad pretende cobrar en caso de que haya interesados en este activo inmobiliario.

Así, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Valladolid decidió decretar la subasta del chalé, que ha sido tasado en 616.000 euros. Se trata de un inmueble construido en 2007 sobre una parcela de más de 1.500 metros cuadrados y que goza de 402 metros de construcción. A lo largo de sus tres plantas alberga cinco habitaciones y cinco baños, gozando de piscina propia y garaje, según los datos que constan en el catastro.

La subasta finalizará el próximo miércoles 21 de febrero y al tratarse de la vivienda habitual del deudor, en caso de no haber pujas o ser inferiores al 70% del valor del bien, tanto Alberto Esgueva como María del Mar Moreno Fernández podrían presentar un tercero que mejore la postura ofreciendo una cantidad superior a dicho porcentaje o que, aun siendo inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante. En caso contrario, el fondo Sirocco Lux podría pedir la adjudicación del inmueble por el 70% de dicho valor.

El presunto caso de corrupción conocido como trama eólica tenía como cerebro, según la Fiscalía, a Rafael Delgado, viceconsejero de Economía durante los mandatos de Juan Vicente Herrera, y a los hermanos Alberto y Francisco Esgueva, dueños de una compañía denominada San Cayetano Wind, con la que Iberdrola firmó varios acuerdos para promover, construir y explotar parques eólicos en Castilla y León. Por tanto, los Esgueva figuran entre los grandes beneficiados, puesto que un convenio suscrito en 2004 con la eléctrica les reportó 47 millones de euros con una inversión de solo 24.000 euros tras vender su participación en Energía Global Castellana, tal y como reconoció el propio Alberto en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid. De ahí que ahora la Fiscalía pida 12 años de prisión, aunque sí ha logrado librarse de varias multas millonarias por el IVA de operaciones con una filial de Iberdrola y Preneal tras errores por parte de la Agencia Tributaria.

De hecho, la eléctrica del Ibex 35 admitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, entre los principales riesgos significativos derivados de la corrupción que pueden afectar a la compañía, están el mayor caso de corrupción de Castilla y León. Así, sostuvo que su implicación en el entramado de mordidas millonarias que afecta a la eléctrica y a diversos ex altos cargos de la Junta de Castilla y León gobernada por el PP supone un posible riesgo reputacional.