El nuevo Govern balear envía a Fiscalía la compra de Armengol de unos pisos de 'alto standing'

Giro de 180 grados en la compra de una promoción de alto standing de Metrovacesa. Como ha venido informando este medio, a falta de 72 horas para la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, la entonces presidenta de Baleares, Francina Armengol, decidió ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre una promoción de 88 viviendas de Metrovacesa, que tenía acordado vender al fondo AEW por 25,8 millones de euros, sin impuestos.

Al contar ya con un comprador, el Ejecutivo balear estaba obligado a pagar el mismo precio que la promotora controlada por Banco Santander había acordado con el fondo, lo que supone para las cuentas públicas de las islas tener que desembolsar casi el triple del precio al que se han adquirido las otras 106 viviendas que han pasado a formar parte del parque público durante la última legislatura.

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Lejos de tirar la toalla, y a pesar de haber perdido las elecciones, durante el periodo que ha estado en funciones, el Gobierno socialista ha seguido intentando quedarse con este residencial de 88 viviendas, para las cuales el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) carece de fondos, lo que llevó al Gobierno de Armengol a aprobar un trasvase de 17 millones de euros desde la entidad Puertos de Baleares (Ports IB) justo la semana antes de que Marga Prohens fuera investida nueva presidenta.

Tras tomar las riendas de la comunidad autónoma, una de las primeras medidas que ha anunciado el nuevo Ejecutivo popular ha sido desistir de esta compra y enviarla a Fiscalía para que investigue. Así lo han anunciado esta mañana el vicepresidente y consejero de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la consejera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal.

Según ha detallado esta última, la operación se encuentra suspendida cautelarmente por la Justicia ordinaria desde el 26 de junio, debido a un recurso presentado por la propia Metrovacesa. También ha señalado que, en el expediente administrativo del procedimiento, además de no existir justificación técnica para la compra, tampoco hay informes jurídicos del IBAVI, ni tampoco la preceptiva memoria que exige la Ley 1/2019 para la adopción de acuerdos por un Gobierno en funciones.

De hecho, según el comunicado oficial del Gobierno balear, esta ausencia ya se ponía de manifiesto en el informe jurídico del departamento de Vivienda, que advertía de la necesidad de incorporarla al expediente. Además, la consellera ha asegurado haber identificado varios sobrecostes en la operación, por un valor superior a los 10 millones de euros, debido al sobreprecio de adquisición de un 40% en relación con el precio máximo tasado por metro cuadrado, al pago del IVA, en este caso de un 21%, y más de 400.000 euros de inversión en la adecuación de las viviendas.

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Otro hecho que la consellera ha destacado es que, a pesar de estar en funciones, el Ejecutivo de Armengol siguió tratando por todos los medios de cerrar la compra y, después de la suspensión cautelar del procedimiento por parte de la Justicia, envió un requerimiento el 30 de junio a Metrovacesa para firmar la escritura pública de compraventa el 5 de julio, justo un día antes de la investidura de Prohens.

"Ante el perjuicio que la operación supondría a las cuentas públicas de la Administración, comprometiendo no solo las cuentas del IBAVI, sino también de Ports IB, del que el Govern en funciones detrajo 17 millones sin el visto bueno de su consejo de administración, la arbitrariedad de la operación y la falta de aval de los servicios jurídicos del IBAVI, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad aprecia irregularidades que conducen, además de desistir de la operación de adquisición y de parar el proceso judicial vigente para evitar indemnizaciones, a dar el preceptivo traslado del expediente a la Fiscalía para que aprecie si existen indicios de delito, y a encargar una auditoría de la gestión del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI)", ha anunciado el nuevo equipo de Gobierno.

Además de desistir de la compra y enviar el caso a la Fiscalía, Costa ha informado de que se iniciará el procedimiento para devolver los 17 millones de euros detraídos a Ports IB y los nueve millones restantes a las cuentas generales del Gobierno balear.