A subasta la finca de la fundación que robó a ancianos con alzhéimer

Lleva casi una década cerrada. La residencia Villafal, propiedad de la Fundación Afal, condenada por la justicia por haber sustraído más de ocho millones de euros a enfermos de alzhéimer a través de transferencias bancarias y la venta de su patrimonio inmobiliario, sale a subasta.

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torrejón de Ardoz, a instancias de Caixabank, ha convocado la subasta judicial de este activo, valorado en casi 10 millones de euros (9,86), con cuya venta, la entidad espera poder recuperar una deuda de casi 5,5 millones de euros.

Según fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial, el origen de este procedimiento de ejecución hipotecaria se remonta a un préstamo hipotecario concedido en 2013 por Bankia a la Fundación Afal para la construcción de dicha residencia. Dicho préstamo lo heredó Caixabank tras la fusión con Bankia que, en 2016, tras el impago del préstamo, instó la ejecución judicial.

Los responsables de la fundación, que llegó a tutelar a Yolanda García-Cereceda, una de las hijas de Luis García Cereceda, impulsor de la exclusiva urbanización de La Finca, fueron condenados por la Audiencia Provincial de Madrid en 2022, después de varios años a la espera de juicio.

La residencia, de 12.000 metros cuadrados, está valorada en casi 10 millones de euros

El activo en cuestión, de 12.000 metros cuadrados, permanece cerrado desde 2014, cuando salió a la luz el escándalo. Se da la circunstancia de que los terrenos sobre los que se levanta la residencia fueron cedidos en 2011, en régimen de derecho de superficie, por el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama a la Fundación Afal. Unos terrenos valorados en casi 4,5 millones de euros.

En abril de 2014, se inauguró oficialmente el centro que, según se publicitó entonces, se trataba de una residencia de lujo, dotado con spa, piscina, restaurante, tanatorio, centro de convenciones… además de las 92 plazas de residentes y 58 del centro de convivencia. Su construcción costó casi 12 millones de euros. En julio de 2014, con apenas dos meses de funcionamiento, saltó el escándalo y el centro fue cerrado.

Según recogía en 2017 una publicación de ICxP, Iniciativa Ciudadana por Paracuellos, el Ayuntamiento del municipio "intentó comprar el edificio a Bankia, pero el banco no aceptó la oferta de 1,5 millones de euros". Incluso, aseguraban entonces, existía "un proyecto muy avanzado para que una empresa del sector sanitario compre el crédito hipotecario a Bankia y el edificio de Villafal se convierta en un hospital para enfermedades neurológicas".

Ahora, tras una década de abandono, la residencia sale a subasta judicial. Una residencia que en los últimos meses ha vuelto a estar en boca del propio Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama que en el pasado mes de abril aseguraba en su propia página web haber alcanzado un primer acuerdo entre el actual acreedor hipotecario, Caixabank y una empresa interesada en su recuperación y explotación de la residencia.

De hecho, el propio consistorio aseguraba entonces haber llevado a cabo los "los trámites necesarios y facilitar los mayores esfuerzos para que se autorizase la cesión del remate de derecho de superficie del acreedor hipotecario Caixabank a una nueva empresa, solicitar la liberación de cargas posteriores a la hipoteca y resolver la cesión de este derecho a la Fundación AFAL Futuro".

El derecho de remate es un contrato a través del cual, el banco, como adjudicatario de un bien inmueble en un procedimiento de subasta, con carácter previo a que la adjudicación del bien inmueble adquiera firmeza, se acuerda con un tercero la venta de dicho bien. No obstante, una vez que el activo ha salido a subasta pública, cualquier interesado capaz de depositar casi 500.000 euros de fianza y que reúna las condiciones necesarias para poder pujar en la subasta, podría ofertar por el bien. Desde la entidad no han querido hacer comentarios al respecto.

Yolanda García-Cerceda, entre los afectados

La Fundación Alfal fue condenada en 2022 por la Audiencia Provincial de Madrid por estafar a personas con alzhéimer y problemas de demencia, todas ellas con un elevado patrimonio.

De acuerdo con la Fiscalía, que actuó como acusación particular de varios afectados, los acusados expoliaron a las personas que la Fundación Afal tenía bajo su tutela —mayormente personas mayores, que padecían alzhéimer o demencia senil, pero también jóvenes, como Yolanda García Cereceda—, a las que sustrajeron 8.4 millones de euros mediante transferencias "inconsentidas" e "injustificadas" a sus propias cuentas corrientes y también mediante la venta de su patrimonio inmobiliario y la contratación de productos financieros. Un dinero que según la Fiscalía se invirtió, precisamente, en la construcción del proyecto Villafal.

Yolanda García Cereceda ejerció de acusación particular en el juicio contra la fundación

"Todas las partes recurrimos en casación aquella sentencia y estamos pendientes que se dicte resolución por parte del Tribunal Supremo", explica a El Confidencial Silvia Quiles, directora en el área penal y penal económico de CECA Magán, abogada de una de las personas afectadas por la Fundación Afal. La fecha de deliberación y voto por parte del Supremo, con la resolución de los recursos de casación, habría tenido lugar el pasado 10 abril de 2024, pero no les ha sido notificado, reconoce Quiles.

Constituida en 2006, la Fundación Afal se encargaba de la tutela de personas incapacitadas por sufrir enfermedades mentales, generalmente personas con grandes patrimonios. Entre los afectados figuraba Yolanda García Cereceda, quien ejerció de acusación particular en el juicio contra la fundación. De acuerdo con el su escrito de acusación, la Fundación Afal atentó contra su patrimonio —produciendo un vaciamiento— mientras estuvo tutelada. Yolanda García-Cereceda fue incapacitada en diciembre de 2010 a instancias del Ministerio Fiscal.