A subasta la residencia que fue intervenida en Castilla y León por falta de personal en pandemia

La residencia geriátrica Valle del Cuco Ribera del Riaza, en Adrada de Haza (Burgos), sale a subasta pública por más de 3,2 millones de euros, tras no lograr sus propietarios la venta directa del inmueble de un negocio que tuvo que ser intervenido hace años por la Junta de Castilla y León. El motivo fue la falta de personal durante los peores momentos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, lo que supuso que pasase a estar gestionada por un director elegido por la Administración, con el objetivo de garantizar la mayor seguridad posible para los 48 ancianos que allí residían.

La residencia privada estaba gestionada por la Asociación Valle del Cuco y se encontraba bajo ejecución hipotecaria, ya que Ibercaja Banco les reclamaba 377.468,22 euros por principal y otros 80.000 euros presupuestados para intereses y costas. De ahí que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Aranda de Duero haya declarado su subasta pública, que finalizará el próximo 23 de octubre y que puede suponer un alivio no solo para la entidad, sino también para los acreedores del centro, entre los que se encontraban también parte de la plantilla o diversos proveedores.

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El inmueble ha sido tasado en 3.216.009,19 euros, lo que permitirá a Ibercaja Banco recuperar la cantidad reclamada en caso de que haya pujas por el inmueble. Los interesados se harían así con un centro residencial para personas mayores que está construido sobre una parcela de 4.412 metros cuadrados. El edificio, que ocupa unos 1.824 metros cuadrados del total, se compone de planta baja, planta piso, planta entrecubierta y almacén anejo. De ahí que, tal y como anunciaron cuando trataron de venderla de manera directa, era posible su ampliación "con poca reforma" para alcanzar hasta las 84 plazas al tener mucha superficie en desuso.

La Asociación Valle del Cuco ha sufrido la ejecución hipotecaria tras adquirir en 2005 parte de las fincas por donación, aunque dentro de las condiciones fijadas estaban que no podía la parte donataria vender voluntariamente, enajenar, ceder o permutar las fincas donadas sin el expreso consentimiento de los herederos de la donante, aunque quedaba la agrupación facultada para hipotecar y arrendar las fincas donadas; los terrenos habrían de destinarse a la construcción de un centro intergeneracional de oficios y una residencia con fines sociales —como finalmente fue el caso—; y la asociación debía reservar una habitación residencial gratuita y con el derecho a alimentos a favor de los donantes con carácter vitalicio.

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La residencia geriátrica contaba, según distintos portales en los que se ofrecen este tipo de servicios, con unos 23 trabajadores para gestionar unas 48 plazas, aunque el número se redujo drásticamente tras la irrupción del covid. Así, el centro de gestión privada atendía únicamente a personas con cualquier grado de dependencia, al brindar una atención integral, oscilando el precio entre los 1.000 y los 1.400 euros al mes por persona, no existiendo copago.

Pese a la intervención de la Junta de Castilla y León, la Justicia no vio delito en la gestión del centro para mayores. El juzgado de Aranda de Duero optó por dar la razón a los gestores de la residencia al entender que no hubo homicidio imprudente tras fallecer seis residentes, ni negligencia ni omisión del deber de socorro tras las denuncias en las que se personaron algunos familiares de los fallecidos. No obstante, y desde entonces, sus puertas han permanecido cerradas y sin prestar ningún tipo de servicio.