Así caza San Sebastián a los dueños de VPO que ofrecen el piso en alquiler o intercambio

Hay diferentes fraudes en relación a los pisos turísticos de San Sebastián que se ofertan a través de páginas web. Uno puede ser este. Bajo el siempre recurrente calificativo de 'coqueto piso', se ofrece una vivienda con una fotografía de La Concha que, en el mejor de los casos, está situada a 500 metros de distancia y con un extenso círculo rojo que señala su ubicación en un mapa que abarca tanto la playa de la Zurriola como la iglesia del Buen Pastor. Otro puede ser el que se alquila con una fotografía de una estancia de la casa que vete tú a saber si pertenece a la misma y al precio de 25 euros por persona ocupante y noche en pleno verano donostiarra. Son dos tipos de engaños diferentes que se pueden observar en portales turísticos de internet. El primero constituye un fraude ‘menor’ aceptado en gran medida, el que corresponde a la mentira, y el segundo representa un engaño “ilegal, inaceptable e inmoral”, por tratarse de una VPO en régimen de alquiler.

El responsable de este último anuncio se enfrenta ahora a una multa que oscila entre los 3.000 y 20.000 euros y a la posibilidad de perder su VPO por un “incumplimiento grave” de las condiciones de uso de la vivienda pública. Él es uno de los cinco beneficiarios de vivienda de protección oficial en régimen de alquiler que se exponen a perder la casa que les fue otorgada en caso de que prosperen los expedientes sancionadores abiertos este verano por el Ayuntamiento de San Sebastián por ofrecer estos pisos públicos para su alquiler o intercambio en diferentes portales turísticos de internet.

Los cinco beneficiarios de VPO en régimen de alquiler pillados se enfrentan a una multa de entre 3.000 y 20.000 euros y a la pérdida de la vivienda

Los cinco han sido cazados por el servicio de inspección de la sociedad municipal de vivienda Etxegintza, que cuenta con “indicios razonables” de que han hecho un uso fraudulento de la vivienda pública. Obtener las pruebas en internet “no ha sido fácil”, como expone el director gerente de este organismo, Rafael Farias, dado que la “opacidad” y “ambigüedad” de muchos portales turísticos protegen a quienes quieren hacer negocio con su VPO. Un negocio que, al tratarse de San Sebastián, donde existe una importante ‘tensión turística’, puede llegar a ser muy lucrativo. Por ejemplo, la vivienda pública que se ofertaba a 25 euros por ocupante y noche, a través de Airbnb, estaba alquilada todo agosto y septiembre.

El servicio de inspección de Etxegintza rastrea los numerosos anuncios de pisos turísticos en busca de pruebas de prácticas irregulares en las cerca de 1.900 viviendas en régimen de alquiler que constituyen el parque municipal de VPO —el Gobierno vasco tiene su propio parque de VPO en régimen de alquiler y compra en la capital guipuzcoana y su propio equipo inspector—. En ocasiones, ante indicios de fraude, se han llegado a hacer reservas por internet haciéndose pasar por turistas para intentar pillar al usuario de la vivienda pública con las manos en la masa.

El servicio de inspección ha certificado la presencia de coches de diferentes nacionalidades en una misma plaza de garaje de un beneficiario de VPO

Pero, como lamenta Farias, “resulta complicado” detectar estos casos, ya que muchos de los anuncios que se publican en internet son ambiguos —no se identifican ni el piso ni el anfitrión— en “un intento de los dueños de no ser reconocidos”. “La gente no es tonta y no pone nada que identifique al edificio”, señala Farias. En todo caso, no faltan los 'incautos' —o 'descarados', según se mire— que dejan la VPO al descubierto por las fotografías que acompañan al anuncio. Pero son casos aislados, ya que “por norma general, suele costar pillar a los infractores". Por ello, la principal vía inspectora pasa por “patear la calle” y buscar pruebas a pie de campo. ¿Cómo se obtienen estas pruebas? La principal pista se encuentra en el movimiento de turistas por estas zonas. Así, se vigila el trasiego de maletas o la presencia de matrículas extranjeras en las cercanías de las viviendas. A este último respecto, el servicio de inspección ha certificado la presencia de coches de diferentes nacionalidades en una misma plaza de garaje correspondiente a un beneficiario de VPO.

En ocasiones, ante la existencia de indicios claros de fraude, se aguarda a la marcha de los turistas para certificar la ilegalidad, lo que puede implicar una larga espera. También se llama al timbre o a la puerta del inmueble en busca de testimonios que acrediten la práctica irregular, aunque no todo el mundo responde al otro lado del telefonillo o de la mirilla. “Los propios turistas se sorprenden cuando se enteran que han alquilado una VPO”, expone Farias. Igualmente, las “visitas aleatorias” a algunas de las cerca de 1.900 viviendas protegidas en régimen de alquiler social han dado sus frutos en alguna ocasión.

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La labor inspectora es “muy importante”, pero la “clave” para que la unidad de vigilancia de apartamentos turísticos en VPO pueda detectar estas infracciones son las denuncias vecinales. Y es que en muchas ocasiones el germen de la actuación municipal se encuentra en las llamadas a Etxegintza de inquilinos de pisos contiguos que protestan por el trasiego continuo de personas en la vivienda y las molestias que generan por el ruido, generalmente de madrugada. En otras ocasiones, sus testimonios confirman las sospechas del servicio de inspección. Así, gracias a la intervención vecinal, ha sido posible la apertura a lo largo de este verano de los cinco expedientes, que afectan a bloques de VPO en Riberas de Loiola, Illarra, Altza (2) e Intxaurrondo, y que, de prosperar, derivarán en una sanción mínima de 3.000 euros y en la pérdida de la vivienda. El pasado año ya se dieron dos casos en los que beneficiarios de VPO fueron sancionados económicamente —la cuantía se fija en función de la gravedad, reiteración, número de noches alquiladas, lucro obtenido…— y privados del uso de la vivienda, que fue recuperada por el ayuntamiento.

No se trata de la misma infracción. La “más flagrante”, como expone el concejal de Vivienda, Enrique Ramos, es el subarriendo turístico de la VPO. Es el caso del citado piso de Airbnb donde se pedían 25 euros por persona y noche o el de una vivienda en Milanuncios.com que se alquilaba por 30 euros por ocupante cada jornada. La otra práctica fraudulenta, que puede sonar 'a priori' menos grave pero que es “igual de prohibida”, es el intercambio vacacional de casa por casa que “se supone sin lucro económico”. Aquí, se ha certificado que el trueque se ha producido en un caso mientras en que otros dos se investiga si este se ha consumado finalmente tras la publicación del anuncio.

Es inmoral que se haga negocio con los recursos sociales, y más cuando hay mucha gente a la cola aguardando a una VPO de alquiler por necesidad

Algunos de los afectados por la apertura de los expedientes ya han retirado los anuncios de internet en un intento de borrar las pruebas del delito, según confirma Farias. Ahora, los implicados se enfrentan a un procedimiento que puede prolongarse en el tiempo ante posibles recursos administrativos e incluso judiciales para "disgusto" de vecinos, que reclaman a Etxegintza que se les retire la casa de forma inmediata una vez constatada la práctica irregular. "El procedimiento es garantista", resalta Farias.

Si se alude al número, son cinco expedientes abiertos sobre un parque de viviendas próximo a las 1.900. ¿Significa esto que son muchos los que se escapan a la labor inspectora o, por el contrario, se trata de una práctica de unos pocos? Farias entiende que “sí hay más casos, pero no muchos más”. Podrán ser pocos en cifras, pero al director gerente de Etxegintza le “escuece” cada caso. Por ello, se muestra contundente a la hora de combatir estas prácticas fraudulentas sea cual sea la finalidad. “Es inmoral que se haga negocio con los recursos sociales. Esto me enciende especialmente, y más cuando hay mucha gente a la cola aguardando a una vivienda en régimen de alquiler por necesidad. Demuestra que al beneficiario de la VPO no le hace mucha falta la vivienda. El que engaña está quitando recursos a quienes más lo necesitan”, denuncia. En esta misma línea, Ramos incide en que este tipo de conductas son "inadmisibles e inaceptables". "No está justificado en ningún caso que se haga un uso irregular de estas viviendas", remarca.

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De este modo, ambos apuestan por “crear conciencia” y hacen un llamamiento a los usuarios de VPO a denunciar cualquier indicio de práctica irregular. Y más cuando estas viviendas se encuentran en sitios “apetecibles” para los turistas, en zonas “consolidadas” y con “gran atractivo”. El negocio para quien tiene una VPO, ya sea de propiedad municipal o del Gobierno vasco, puede llegar a los 4.000-5.000 euros al mes en el periodo estival, como han acreditado las instituciones. “La gente está buscando como sea un piso en San Sebastián”, constata Farias.