La paradoja de un edificio burgués: viven en un sitio tan bonito y especial que no pueden ni poner un ascensor

Las calles del barrio de Chamberí, en pleno ensanche decimonónico, están repletas de edificios de media altura y decoración ostentosa. De los portales solo salen personas de abrigo largo y porte elegante, dejando entrever que no todo el mundo puede permitirse residir en uno de los lugares más privilegiados del centro de Madrid.

Hombres trajeados toman café en una terraza próxima a una tienda donde una americana asciende a 400 euros. Una zona ilustre y envidiable donde muchos soñarían con, algún día, tener una propiedad. Uno de los edificios –Marqués de Riscal, número 12–, fue descrito en 1913 como una "obra característica" del arquitecto de la alta burguesía Joaquín Saldaña, autor del "estilo de los barrios de lujo madrileños". Una joya de la construcción con ventanas-boínder características de principios del XX.

Pero no todo iban a ser alegrías en este enclave privilegiado de la capital. Los vecinos del edificio, con pisos que pueden rondar los cinco millones de euros, llevan más de seis años intentando poner un ascensor.

Ya tienen uno. Pero lo que quieren es un montacargas. ¿Por qué? Porque el elevador actual es tan, tan bonito, que es casi inútil. Aquí entra en juego la nueva paradoja del ascensor: quienes vivieran en dicho edificio hace décadas fueron afortunados de ser de los primeros en tener uno en España, pero ahora no les sirve para mucho.

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Cuando estos artefactos se pusieron en marcha a principios del siglo pasado, solo la élite tenía acceso al invento burgués. Fue un avance revolucionario que introdujo la percepción de las ciudades en vertical. Poco a poco, su uso se fue popularizando, asentándose también en las clases medias (especialmente con el boom migratorio a la capital en las décadas de la posguerra). La primera planta pasó de ser la mejor opción de compra a convertirse en la última. 100 años después, ese privilegio de altura les está explotando en la cara. El que poseen actualmente no llega, siquiera, a todas las plantas.

Además, y según la memoria redactada por el estudio de arquitectura que diseñó el plan especial, tampoco tiene las dimensiones mínimas para que puedan acceder personas en silla de ruedas. ¿Y por qué no instalar el nuevo en sustitución del viejo? Esa idea, según el escrito del proyecto, "se antoja un disparate dada su antigüedad y valor arquitectónico e histórico".

El handicap es que buscar el visto bueno en otra ubicación les está costando más de lo deseado.

Jaleo de papeles

Los trámites burocráticos para conseguir el montacargas eran muy enrevesados por el grado de protección del edificio. Por ello, los propietarios decidieron contratar un despacho de arquitectos para que diseñara un plan especial.

Subiendo las primeras escaleras del vestíbulo, se accede a un ascensor de puertas de madera. Básicamente, solo permite elevar a los residentes –en su mayoría, de avanzada edad– y lo complejo es realizar una mudanza o transportar cosas grandes.

Uno de los pisos al que pudo acceder El Confidencial tiene techos altos y muebles de gran tamaño. El ejemplo que pone su propietario para justificar el montacargas es que si quisiera hacer una mudanza, no podría bajar el mobiliario de su casa. Además, las primeras escaleras de acceso son obligatorias para llegar a las viviendas.

El proceso se les está atragantando. La primera vez que se barajó la idea fue en 2017, pero formalizar la propuesta llevó un tiempo. Desde que se inició la tramitación administrativa de manera oficial en junio de 2022, ha pasado de todo. Y siempre había algún pero, hasta que hace apenas unos meses, la Junta Municipal aceptó por fin el plan especial que llevaban años peleando. Durante un tiempo, recibieron varias notificaciones del Ayuntamiento de Madrid y la Comisión para la Protección del patrimonio Histórico, Artístico y Natural informando del estado "desfavorable" de "la propuesta".

Hay otro factor relevante: por si no bastara con la exclusividad del propio edificio, también está pegado al famoso Frontón Beti Jai. Un diamante arquitectónico de finales de XIX con el grado de protección más alto. Además, linda por el sur con una edificación de la Embajada Alemana.

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM) clasifica esta parcela dentro del Área de Planeamiento Específico del Centro Histórico, del Entorno de Bien Protegido (por su proximidad al Frontón) y en el Recinto de la Villa de Madrid. Además, está incluida en el Catálogo General de Edificios Protegidos con nivel 1.

Según el catastro, la superficie de esta es de 889 metros cuadrados. El problema de la accesibilidad se percibe especialmente en la parte trasera: hay un patio interior al que solo se puede acceder con escaleras. Es ahí donde se ubica, también, la escalera de servicio que comunica todas las plantas del edificio. Hoy está en desuso. ¿La posible solución? Demolerla y recurrir a esa zona para instalar el nuevo ascensor.

Esta opción fue la más favorable, según los arquitectos, porque ni entorpecía a los vecinos ni perjudicaba el edificio. También se barajó instalarlo en el patio central, pero el problema de la protección volvió a colarse en el proyecto: de instalar el montacargas en ese lugar, se taparían unas "vidrieras originales de alto valor decorativo".

Uno de los grandes retos de Madrid

Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) no son ajenos a este reto que afronta la capital. Por un lado, hay que mantener la conservación de determinados edificios porque su valor artístico, cultural e histórico es inmensurable. Pero, a su vez, ese alto grado de protección a veces puede jugar a la contra. Si no se avanza en modificaciones para mejorar su estado, pueden ir muriendo poco a poco. Fuentes del COAM advierten a este periódico que, hoy día, "uno de los retos de la arquitectura es defender el patrimonio construido". Meter mano a los edificios es complejo por dos cosas: las dificultadas técnicas y el alto coste de los materiales. De hecho, el precio para instalar el ascensor deluxe en Marqués de Riscal supera los 100.000€.

El Decano del COAM y miembro del Consejo Asesor Urbanístico de Madrid, Sigfrido Herráez, propone aprobar "subvenciones o incentivos fiscales" para evitar que la población renuncie a vivir en estos sitios emblemáticos. Y reconoce que esta cuestión está a la orden del día. "Estas ideas se debaten en los encuentros actuales que estamos teniendo. La administración debe tener en cuenta tanto el envejecimiento como las altas exigencias de las normas".

No obstante, todavía queda la aprobación en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Y la recta final de los trámites. Y las obras, que se estiman que puedan estar resueltas seis meses después de obtener la licencia urbanística. Las cosas de palacio van despacio. "El problema son los tiempos. La desesperación de los vecinos es la desesperación de los arquitectos", continúa Herráez. "Por lo menos no pago IBI…", relata entre risas un residente a este periódico.