Ayuso reclama al Gobierno un fondo para transportes tras abrir una guerra por el apagón

La relación entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez está siendo especialmente convulsa este verano. No hay tregua. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso reclama ahora a la Administración central un fondo de compensación para aliviar las "graves consecuencias" ocasionadas a los operadores de transporte público por carretera por el alza de los precios y la ineficacia de sus medidas. La solicitud, formulada por carta por el consejero madrileño de Transportes, David Pérez, a la ministra del ramo, Raquel Sánchez, se produce en paralelo a la guerra abierta por el decreto de ahorro energético, que será recurrido por Madrid ante el Tribunal Constitucional (TC) por una presunta vulneración de competencias. La ofensiva desde Sol es total.

En la misiva, firmada el pasado 4 de agosto, pero enviada este lunes, según fuentes regionales, Pérez expone su "extraordinaria preocupación" por las medidas adoptadas en los reales decretos ley 11/2022 y 14/2022, que prevén los descuentos en el transporte público y las medidas de ahorro energético, entre otras cuestiones. La fecha de salida coincide, casualmente, con el día que la Comunidad de Madrid anunció su recurso ante el TC.

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Beatriz Parera

Pérez se centra en las rebajas del Gobierno para el transporte. "No parece muy razonable llevar a cabo la reforma de un real decreto ley apenas cinco semanas después de su publicación, adoptando una rebaja del 50% en los precios de un servicio tan importante como el que presta Renfe, para luego establecer la gratuidad absoluta en este medio de transporte", señala. El consejero madrileño destaca el "malestar" de las empresas de transporte público por carretera, perjudicados por no estar incluidos en la gratuidad del servicio. "La previsible reclamación que puedan efectuarnos, al amparo de sus títulos concesionales, y en concreto en virtud del mantenimiento del reequilibrio económico de sus concesiones, la tendremos que reconducir a vuestra Administración, como titular de la medida adoptada", añade.

Así, la Consejería de Transportes reclama varias medidas. Por un lado, "que no se continúen adoptando este tipo de decisiones sin el necesario contacto y consulta previa con todas las Administraciones públicas implicadas". Y va más allá: "La creación y puesta en funcionamiento inmediata de un fondo destinado a paliar las graves consecuencias que para todos los operadores del transporte de viajeros, ya sean públicos o privados, está teniendo la continua escalada de precios energéticos". Según explica David Pérez en su escrito, el decreto prevé 12 millones de euros para las entidades públicas que prestan este servicio, pero solo la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (también presente en el Consorcio Regional de Transportes) calcula una desviación de 50 millones en 2022.

"Graves desequilibrios"

"Resulta inaplazable la creación de esta ayuda, acompañada de una dotación presupuestaria suficiente. Tanto las empresas públicas como las privadas comienzan a ver su propia existencia cuestionada como consecuencia de los graves desequilibrios que el alza de los precios energéticos tiene en sus cuentas", indica el titular madrileño de Transportes, que, además, reclama que, de cara a los preparativos para el año que viene, la reducción de las tarifas sean "coherentes, homogéneas, debidamente consensuadas y suficientemente claras y transparentes para los ciudadanos".

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso inicia así un nuevo pulso con Pedro Sánchez. La oposición de la también presidenta del PP de Madrid contra la Moncloa es una constante que ha terminado de confirmarse los últimos días. La dirigente autonómica es la única que ha dado el paso de llevar al Constitucional el decreto elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, elevando el tono muchísimo más que Génova y Alberto Núñez Feijóo. El Ejecutivo regional insiste en la inconstitucionalidad de la norma, al considerar que invade competencias en materia de comercio. Sin embargo, se da la circunstancia de que la carta de Pérez hace alusión al polémico decreto, aunque la crítica es distinta. Señala su "sorpresa" por no incluir al transporte público como uno de los afectados por la rebaja obligatoria del aire acondicionado.