Un juez anula las restricciones de Madrid, que recurrirá: "Es incomprensible"

El titular del Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid ha rechazado este viernes ratificar la orden dictada por la Comunidad de Madrid para aplicar las últimas medidas consensuadas frente al coronavirus, desde la prohibición de fumar si no se respetan los 2 metros de distancia al cierre del ocio nocturno. La argumentación del juez pone también en cuestión la validez de las restricciones anunciadas por otras CCAA, según informó Efe. Fuentes del Ejecutivo regional confirman a El Confidencial que recurrirán la decisión. Desde Moncloa defienden que las medidas son proporcionales y que se ajustan a la legalidad.

En el auto, dictado este jueves por el magistrado Alfonso Villagómez Cebrián y hecho público este viernes, se señala que "desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma". El juez subraya que la orden de la Comunidad de Madrid con las nuevas restricciones se basa en otra del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "cuando, como es sabido, las normas y disposiciones generales tienen que ser publicadas para que sean de obligado cumplimiento para todos".

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Desde la Comunidad, apuntan a este medio que solicitarán una aclaración del auto para que precise qué medidas no ratifica y avanzan que recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). "El auto es confuso e incomprensible", inciden. Estas mismas fuentes explican que el recurso se basará en la reforma legislativa que se llevó a cabo tras el fin del estado de alarma con objeto de regular las actuaciones coordinadas en materia de salud pública y que daba al Ejecutivo central y los autonómicos las herramientas para tomar este tipo de medidas que ahora son tumbadas. "El juez parece desconocer esta reforma de la ley que hizo el decreto de la nueva normalidad", enfatizan desde la CAM.

Por su parte, desde el Gobierno central afirman que las medidas adoptadas por Madrid "son proporcionales al objetivo pretendido y se basan en la legislación de salud pública que permite este tipo de actuaciones". Según estas fuentes, la legislación habilita a la autoridad sanitaria competente a adoptar una serie de medidas cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

"En este caso, la adopción de las medidas previstas en la declaración corresponde a las comunidades autónomas, requiriéndose la autorización o ratificación judicial exclusivamente para las medidas que impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental", aseguran, poniendo en duda el auto del magistrado. El Gobierno indica también que "los instrumentos jurídicos que emanen de las comunidades y ciudades autónomas en cumplimiento de la declaración [de acciones coordinadas] son vinculantes para los ciudadanos y por tanto es preciso que se publiquen oficialmente".

Además de las restricciones al tabaco y al ocio nocturno, la orden madrileña recogió las medidas acordadas para las residencias de personas mayores relativas a salidas, visitas y pruebas PCR; y la prohibición de comer en el transporte público, unas restricciones que llevó ante el juzgado para su ratificación el propio Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado asegura que es consciente de las dificultades a las que se enfrenta el país debido a la pandemia y de la necesidad de conjugar las cuestiones sanitarias y económicas, pero advierte de que el covid-19 ha dejado al descubierto "muchos problemas normativos y jurídicos" que deben resolverse por los órganos constitucionalmente competentes, respetando la legislación vigente y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

A su juicio, es innecesario diseñar nuevos instrumentos jurídicos, como piden las comunidades autónomas, porque "ya existen en el ordenamiento español y solo hace falta ponerlos en marcha". Se refiere en concreto a la declaración del estado de alarma, que permitiría restringir derechos fundamentales y libertades.

Con una "declaración del estado de alarma singularizada a su territorio", se podría limitar en Madrid la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas a cumplir ciertos requisitos, apunta. El magistrado asume que los derechos fundamentales no son ilimitados y que pueden "modularse" cumpliendo los requisitos legales, pero insiste en que no podrían ser limitados por medio de una disposición administrativa como es esta orden de la Consejería de Sanidad de Madrid.

El pasado viernes, cuando las comunidades consensuaron las nuevas restricciones coordinadas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló que su cumplimiento "no es optativo" ni requiere de ratificación judicial, como sí han necesitado otras decisiones "quirúrgicas" que se han ido tomando como los confinamientos parciales.

Las acciones coordinadas son una figura "ex novo" contempladas en el "Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por covid-19", aprobado por el Gobierno y las comunidades a mediados de julio, diseñada para frenar la expansión del virus cuando las adoptadas por las comunidades no son suficientes. De no funcionar, el siguiente escenario contemplado es el estado de alarma.

Madrid pide que se aclare la anulación

Sobre la solicitud de aclaración del auto, ha sido el propio consejero del ramo, Enrique López, quien ha informado del paso a dar en este sentido por parte del Gobierno regional. La Comunidad de Madrid solicitará una "urgente aclaración" al titular del Juzgado de lo contencioso administrativo número 2. "Desde la comunidad autónoma manifestamos nuestro pleno respeto (al auto), pero a la vez estamos en contra respecto a su contenido. En primer lugar, porque entendemos que es confuso y como consecuencia de ello vamos a pedir una urgente aclaración del mismo", explicó en un auto remitido a los medios.

Además, el consejero afirmó que consideran que "una comunidad autónoma tiene competencia plena para aplicar cualquiera de las medidas que se establece en la Ley de medidas especiales de Salud Pública de 1968, así como el resto de legislación en relación con la sanidad pública, permitiéndonos la limitación de actividades económicas y de otra naturaleza".

Medidas similares, según el consejero, "ya han sido aprobadas no solo por otros jueces de lo contencioso de la Comunidad de Madrid sino de toda España". "En cualquier caso", para el consejero de Justicia, "lo que pone de manifiesto" el auto es "la necesidad urgente de actualizar la legislación especial en materia sanitaria respecto a pandemias". "Algo que hemos pedido urgentemente al Gobierno de la nación desde el PP y no se nos ha hecho caso. Se fueron de vacaciones sin instar esta reforma", afeó López.

El sector del ocio celebra la decisión

La Plataforma por el Ocio, la Cultura, el Turismo y la Hostelería de Madrid ha valorado "positivamente" el auto judicial por el que un juez anula la nueva orden de la Comunidad de Madrid que prohíbe fumar en la vía pública y, a la espera de analizar en profundidad del auto judicial, considera que la orden "carece de fundamento jurídico" para permitir la imposición de medidas restrictivas a través de los decretos autonómicos sin base jurídica.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid ha rechazado ratificar la nueva orden de la Consejería de Sanidad que incluye diversas medidas preventivas ante el Covid-19, como la prohibición de fumar cuando no se pueda mantener distancia de seguridad, que establecía también el cierre de los locales de ocio nocturno y prohibía el consumo de alimentos en transporte público.

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Álvaro Moreno

"El hecho de que se reclame un decreto de alarma nacional que permita la imposición de medidas restrictivas tan graves para las pymes supone un agravio comparativo con todo tipo de actividades económicas y sociales, en las que la evolución de la enfermedad tiene incidencia en igualdad de condiciones que la actividad del ocio y la hostelería", señalan.

Asimismo, desde el sector se considera "relevante" el reconocimiento de la necesidad de plantear medidas económicas complementarias para minimizar el impacto económico que supone la prohibición de la actividad económica y empresarial reglada en una sociedad de libre mercado.