Un concejal publicita en Nicaragua un bar y lleva dos meses (cobrando)... sin ir al Pleno

Su última aparición pública fue en el Pleno del pasado 5 de diciembre. Desde entonces José Ruiz Martínez está desaparecido. Política y físicamente hablando. Este concejal no adscrito del Ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey (55.000 vecinos) lleva más de dos meses sin intervenir en el Pleno municipal y en las comisiones celebradas en el Consistorio, aunque sigue cobrando sus retribuciones públicas. Nadie sabe dónde está. "Estamos preocupados por su paradero. No solo nosotros, también su familia", señala el alcalde socialista del municipio, Guillermo Hita.

Todo parece indicar que José Ruiz ha cruzado el Atlántico, ya que en su cuenta privada de Instagram ha colgado fotos en Nicaragua donde publicita un café bar de tapas bautizado 'El Español', que según comentó a varios trabajadores municipales podría ser su próximo negocio. Desde el propio ayuntamiento reconocen que el edil Ruiz Martínez ha faltado a tres citas oficiales: una comisión informativa que se produjo el 19 de enero (ya que ese mes no hubo Pleno), el Pleno del 6 de febrero y otra comisión del pasado día 22. "He pedido a los servicios jurídicos que me informen sobre esta situación, que es totalmente anómala, para ver qué decisión tiene que tomar el ayuntamiento si el concejal sigue sin justificar sus ausencias", explica Hita.

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José Ruiz comenzó la legislatura en Ahora Arganda, una candidatura de unidad popular integrada por Equo y Convocatoria por Madrid (exmiembros de IU que se integraron en la plataforma de Manuela Carmena Ahora Madrid) que obtuvo dos representantes tras los comicios de 2015. Pero a principios de 2016 el concejal decidió renunciar al grupo cuando le comunicaron que iba a ser expulsado. "Los motivos que me llevan a tomar esta decisión son la incompatibilidad para trabajar junto a su portavoz y la falta de entendimiento: somos dos personas muy distintas", señaló en el comunicado de su renuncia.

Ruiz Martínez no dejó el acta de concejal (desde entonces es no adscrito), ni tampoco renunció a sus retribuciones. No tiene dedicación exclusiva, por lo que percibe dietas en función de sus asistencias a los plenos y las comisiones, algo que en el Ayuntamiento de Arganda llaman "tarifa plana" porque se decidió prorratear en 12 meses todo el dinero que deben cobrar por "la asistencia a órganos colegiados". En el caso de este edil, por ejemplo, recibe 1.240 euros netos mensuales, los que ha cobrado en enero y los que percibirá ahora en febrero, a pesar de que no ha cumplido con sus citas oficiales, las comisiones y el Pleno.

El reglamento orgánico de este ayuntamiento regula "las ausencias y las faltas de asistencia" de los miembros de la corporación. Su artículo 45 señala que cuando estos falten más de ocho días deben comunicárselo al alcalde, "bien personalmente o a través del portavoz de su grupo político". En este caso al no pertenecer a ningún grupo José Ruiz tendría que haber notificado su viaje directamente al regidor. "La reiterada e injustificada inasistencia de los miembros de la corporación a las sesiones de los órganos municipales de los que formen parte podrá ser sancionada por la alcaldía (...) en esta línea se podrá proceder a retirar la asignación mediante propuesta aprobada por el Pleno". De momento no ha habido ninguna sanción por parte del Gobierno local.

El alcalde asegura que quiere ser garantista y esperar los informes jurídicos. Y recalca que este edil ni forma parte de su Gobierno ni apoyó su investidura. La verdad es que la polémica ha rodeado el mandato de José Ruiz. Ahora Arganda explica que tenía decidido expulsarlo (cuando renunció) porque no acataba lo aprobado por el grupo, es decir, compartir la información que obtenía como consejero de la principal empresa pública del ayuntamiento (Esmar) y donar parte de su retribución para proyectos solidarios. También tuvo problemas con los dirigentes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de este municipio.

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La Guardia Civil también le detuvo en noviembre de 2017 por un supuesto delito continuado de intrusismo laboral. Los trabajadores de la Cruz Roja pusieron una denuncia porque Ruiz Martínez llevaba tiempo utilizando las ambulancias de Protección Civil sin tener la titulación necesaria para poder hacerlo. Los denunciantes aseguraron además que el edil había llegado a asistir en múltiples ocasiones a personas heridas sin la formación requerida. Tras conocer la noticia de su arresto, publicada por 'ABC', el ayuntamiento le retiró del servicio de Protección Civil. La justicia acabó archivando la denuncia en marzo de 2018. Este diario ha intentado sin éxito hablar con el concejal.