Hacienda multó al despacho de Villacís y su marido por pagar menos IVA del debido

Iuriscontencia SL, el despacho de abogados familiar de Begoña Villacís y su marido, fue sancionado en 2016 por la Agencia Tributaria por eludir el pago de más 143.000 euros en concepto de IVA que, junto a la sanción, derivó en un pago de más de 200.000 euros, compensado en parte por dos irregularidades tributarias relacionadas con el Impuesto de Sociedades que le salen a devolver. La Agencia Tributaria, como expuso en una consulta vinculante de 2016, considera que este tipo de profesionales deben tributar a través del IRPF y no de Sociedades.

La diferencia de tributación entre los dos modelos es significativa. Iuriscontencia pagó 92.948 euros por Sociedades hasta 2017, último ejercicio del que hay cuentas depositadas, cuando por IRPF la cifra habría ascendido por encima del medio millón de euros, dependiendo de las circunstancias personales, familiares y las deducciones de los contribuyentes. Esto es así dado que por Sociedades se tributa a un tipo fijo sobre el beneficio, el 25%, mientras que el IRPF se estructura en tramos, gravando al 45% a partir de los 60.000 euros, una cifra de negocio que supera el despacho de Villacís y su marido, el letrado Antonio Suárez-Valdés, en todos los ejercicios revisados.

Esta anotación en los libros tan solo anuncia los problemas de Iuriscontencia con la Agencia Tributaria, si bien es imposible acceder a los datos de la inspección: "Mis problemas con Hacienda pertenecen al ámbito privado", dice a este periódico el letrado Suárez-Valdés. "En cualquier caso la responsabilidad es mía. Mi mujer hace diez años que me vendió su participación en Iuriscontencia y ella no pinta nada en este despacho", afirma.

En efecto, los registros indican que Villacís vendió su participación como socia de la empresa en 2009, pero no abandonó la dirección. Entre febrero de 2007 y marzo de 2018, la concejal figuró en Iuriscontencia como Administradora Solidaria, a la misma altura de su marido, un cargo con plenos poderes sobre el que también recaen todas las responsabilidades societarias, como es el hacer frente a una multa de Hacienda.

Villacís sostiene que desde 2009 no tiene relación alguna con el despacho de su marido

Villacís accedió al ayuntamiento en 2015. El matrimonio afirma que la concejal no ha ejercido sus funciones como administradora desde 2007 y que su vinculación se debe a un error burocrático. La candidata a alcaldía sostiene que en septiembre de 2011 envió al Registro Mercantil su cese como administradora de Iuriscontencia pero que, al no completarse el proceso correctamente, habría permanecido como Administradora Solidaria de la sociedad hasta que 'El Salto Diario' descubrió el año pasado su cargo en el despacho y la lista de incompatibilidades que lleva aparejadas.

Suárez-Valdés, por su parte, considera que se trata de un error compartido entre el Registro Mercantil y el matrimonio: "Nosotros lo hicimos mal en su momento porque, debido a la elevada carga de trabajo, no registramos su cese como administradora correctamente", dice, "pero el Registro Mercantil también tiene lo suyo, ya que llevo varios años firmando las cuentas como Administrador Único y no han sido capaces de modificar sus bases de datos".

El hecho de firmar como Administrador Único en una sociedad que no era una Sociedad Limitada Unipersonal (SLU) sorprende a los abogados consultados por este periódico. "Los administradores solidarios, todos, están obligados a firmar las cuentas por ley. De otro modo, sería como poner un velo entre la mercantil y los proveedores, que no tienen toda la información de su cliente y, por lo tanto, no gozan de plenas garantías. Si uno de ellos no ha firmado las cuentas de su empresa, aunque sea por error, no podemos olvidar que es un documento público", explica uno de ellos.

La concejal ha enviado abundante documentación a este periódico y niega en cualquier caso tener nada que ver con Iuriscontencia a partir de 2011. Se desvincula de forma definitiva de la sociedad el 1 de septiembre de 2011 mediante acuerdo de cese de su condición de administradora solidaria. Sin embargo, este acuerdo no se inscribe en el Registro Mercantil hasta el 26 de marzo de 2018, fecha en la que se legitiman notarialmente las firmas de acta de cese y se procede a su registro. En ese momento se hace público el cese, reconociendo el registro como fecha de efectos el 1 de septiembre de 2011.

Cada seis meses, los concejales del Ayuntamiento de Madrid acuden al despacho del secretario del Pleno a dar explicaciones sobre sus bienes. Antes de la cita, el funcionario les insta a que revisen sus cuentas, sus vinculaciones societarias y su cartera de acciones para ofrecer información actualizada al ciudadano. Así las cosas, Villacís nunca se refirió a Iuriscontencia. La presencia de Villacís al frente de Iuriscontencia, aunque solo fuera nominalmente, podría acarrear incompatibilidades con su cargo en el Ayuntamiento, ya que el despacho representa a un sindicato de la Policía Municipal muy crítico con la alcaldesa e incluso se ha querellado contra la edil Rommy Arce o Juan Carlos Monedero, todos ellos enemigos políticos de Villacís.

La mercantil de los líos

Iuriscontencia, además de un despacho de abogados, también ha servido a Suárez-Valdés y Villacís para abaratar su factura fiscal. El diario 'infoLibre' publicó el viernes que el matrimonio vivió unos años en régimen de autoalquiler en una de las propiedades de la empresa, un chalé de 269 metros cuadrados en Villanueva de la Cañada. La ley societaria permite este tipo de operaciones siempre y cuando se paguen los alquileres a precio de mercado, si bien el matrimonio pagó 1.400 de alquiler por unos inmuebles que en los portales inmobiliarios se ofertan por entre 2.500 y 4.500 euros.

Iuriscontencia, que el año pasado entró en pérdidas, posee además otros dos inmuebles: uno en el barrio de Chamberí, sede de la empresa, y un garaje en la misma zona. Entre los tres están valorados en más de dos millones de euros. La adquisición de inmuebles no solo no forma parte de la naturaleza declarada de un despacho de abogados, sino que la empresa tampoco los ha puesto en ningún momento a la venta. Gracias a haber sido adquiridos a través de una sociedad, el matrimonio se ahorró varios impuestos, entre ellos el IBI.

Izquierda Unida llevará a los tribunales a la concejal de Madrid

La Agencia Tributaria está utilizando estos casos populares, en especial el del efímero Màxim Huerta, para lanzar un mensaje claro: cualquier profesional que utilice sociedades instrumentales para aliviar la carga fiscal será antes o después cazado. Abogados, médicos y economistas de todo el país que tributaban por Sociedades están en el punto de mira para las autoridades fiscales.

Izquierda Unida, que ha anunciado que llevará el caso de Villacís a los tribunales, lamenta esta nueva información sobre la concejal: "Rechazamos la utilización de sociedades interpuestas para que los socios soporten una tributación inferior a la que tendrían si lo hiciesen a través del IRPF. Eso beneficia sobre todo a las rentas más altas. Todo indica que Begoña Villacís pagó menos de lo que le correspondía, lo que es una muestra clara de insolidaridad. Cuando alguien no paga lo que le corresponde, la mayoría social sufre las consecuencias. Por eso lo denunciamos y lo pondremos en conocimiento de la Justicia", explica el también concejal Sánchez Mato.