Retirar piernas amputadas o el colchón del ébola como si fueran recogedores de cartón

Ismael intenta describir su trabajo. Acude todos los días a varios hospitales madrileños (y sus centros de salud adscritos) para retirar los residuos que generan estas instalaciones. De todo tipo: jeringuillas, agujas hipodérmicas, hojas de bisturí, botellas de suero, toda clase de medicamentos, desechos de laboratorio, disolventes no halogenados como el formol, radiografías fuera de uso, restos de líquidos de pacientes con enfermedades altamente infecciosas, cadáveres de animales utilizados en investigación, y por poner ejemplos concretos y reales, una pierna amputada o el colchón del misionero que falleció por ébola en septiembre de 2014.

Un trabajo por el que recibe menos de 1.000 euros brutos al mes. Su salario está congelado desde el año 2012. Además, no cobra ningún tipo de plus de peligrosidad o penosidad, porque la empresa para la que trabaja ha decidido aplicarle el convenio colectivo que regula las condiciones laborales de los trabajadores del sector del papel y cartón y otras materias primas secundarias. Los 99 empleados de la empresa Consenur han dicho basta y han decidido ir a la huelga para pedir mejoras retributivas y sobre todo para que se reconozca que trabajan con mercancías peligrosas.

Consenur fue adquirida por la multinacional norteamericana Sterycicle en el año 2012, y entre sus líneas de negocio está la destrucción de residuos sanitarios. En Madrid, Consenur lleva ya muchos años gestionando el tratamiento de estos residuos en la mayoría de los hospitales públicos de la región y sus centros de salud adscritos. En junio de 2018, la Consejería de Sanidad firmó la prórroga (hasta junio de 2020) para que esta firma continuara con el contrato de "gestión y eliminación de residuos sanitarios específicos en los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud", que incluye 11 hospitales y el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.

Los hospitales son el Ramón y Cajal, Princesa, Universitario Santa Cristina, Niño Jesús, Virgen de la Torre, Gregorio Marañon, 12 de Octubre, Getafe, Móstoles, Severo Ochoa y Virgen de la Poveda. El contrato también incluye el Instituto Psiquiátrico José Germain, el Centro de Transfusión y las instalaciones del Summa 112 y la Gerencia de Atención Primaria. Es decir, Consenur gestiona dos de los tres lotes en los que se dividió la adjudicación. Sanidad le paga 4,2 millones de euros por estos dos años. El perfil del contratante revela además que la Comunidad de Madrid le ha adjudicado otros 134 contratos menores.

Los 99 trabajadores de Consenur en Madrid llevan con el sueldo congelado desde el año 2012. "Lo aceptamos por la crisis económica", explica el portavoz de UGT. Pero tres años después, en 2015, la empresa decidió además aplicarles unilateralmente un nuevo convenio, el de recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias, que incluye por ejemplo el papel y el cartón. "Antes se nos aplicaba el convenio de industria química, más acorde con el trabajo que hacemos. Como la empresa matriz también tiene como línea de negocio la destrucción de papel confidencial, nos impusieron ese convenio, que no recoge la peligrosidad que conlleva recoger y gestionar residuos biosanitaros infecciosos".

El convenio que se les aplica recoge unas tablas salariales para 2018 que oscilan entre los 661 y los 1.079 euros mensuales para el "personal de producción", los que trabajan en el día a día de la recogida de estos residuos. Solo tienen un plus de higiene, que varía entre 99 y 161 euros mensuales. No tienen pluses de peligrosidad ni penosidad. "Hemos intentado una conciliación laboral con la empresa, pero se ha negado", señalan desde UGT. "El único camino ha sido la huelga. Y vamos a ir a la Fiscalía por la presión ejercida por la compañía para que los compañeros no ejerzan su derecho a la huelga".

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Un simple vistazo al pliego de condiciones del contrato refleja el tipo de residuos con el que tratan estos trabajadores. En primer lugar, los tipificados como residuos biosanitarios especiales (RBE), que incluyen los residuos de pacientes con infecciones altamente virulentas y de transmisión oral-fecal, filtros de diálisis, cultivos y reservas de agentes infecciosos, líquidos corporales (especialmente sangre humana) y residuos anatómicos humanos. También residuos citotóxicos (compuestos por restos de medicamentos y todo material que haya estado en contacto con ellos), "que presentan riesgos carcinogénicos y mutagénicos".

"Solo el olor que tenemos que aguantar en nuestro trabajo es insoportable", señala Ismael, uno de los trabajadores de Consenur. Para ello, cuentan con guantes anticorte, gafas, mascarillas y botas de seguridad. "Podemos garantizar que más del 90% de los empleados se ha pinchado alguna vez con material que retiran, lo que obliga a controles médicos periódicos", señalan desde UGT. También tratan con residuos catalogados como peligrosos por su contaminación química, es decir, aguas de laboratorio, disolventes halogenados (como el cloroformo), residuos de anatomía patológica procedentes de ensayos y prácticas clínicas, pilas, residuos de radiodiagnóstico, envases de vidrio y plástico que hayan contenido productos peligrosos, medicamentos caducados y reactivos de laboratorio especiales.

Algunos trabajadores recuerdan que, por ejemplo, tuvieron que retirar todo el material médico que utilizó el Hospital Clínico de Madrid (que ahora está en el lote que gestiona otra empresa) para tratar al misionero afectado por ébola que falleció en 2014 tras tener que ser repatriado desde Sierra Leona. "Me acuerdo que tuvimos que tratar por ejemplo el colchón de su camilla. Todo lo relacionado con su estancia en el centro hospitalario". Consenur llegó a expedientar y sancionar a uno de sus empleados con 15 días de empleo y sueldo porque se negó a retirar estos residuos, ya que entendía que se ponía en riesgo no solo su salud sino la de los ciudadanos, al no existir un protocolo de transporte y no estar debidamente formado para ello.

Desde UGT, señalan que la compañía sigue abusando de sus trabajadores, sobre todo en los servicios mínimos que ha pactado junto a la Consejería de Sanidad para la huelga, que empezó este martes. La Comunidad de Madrid lo considera un servicio esencial y decretó servicios mínimos de entre el 83 y el 100% para los empleados que se dedican al transporte y entre el 66 y el 100% para los empleados de la planta de tratamiento, situada en el municipio de Arganda del Rey. En un turno, por ejemplo, se han fijado unos servicios mínimos de siete conductores cuando ese turno solo tiene seis, denuncian desde el sindicato. Este diario ha intentado hablar con algún portavoz de la empresa sin optener respuesta.