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La sanidad madrileña atiende ya a 84.135 sin papeles y teme ahora "un flujo" mayor
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en tres años, la cifra ha crecido un 684%

La sanidad madrileña atiende ya a 84.135 sin papeles y teme ahora "un flujo" mayor

Lo hace desde el verano de 2015, pero el nuevo decreto aprobado por el Gobierno central "va a crear un flujo migratorio con finalidad sanitaria que no va a dejar de aumentar"

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La Comunidad de Madrid quiere abrir el debate. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez aprobó en julio de este año un nuevo decreto ley que recupera la sanidad universal, obligando así a las autonomías (con las competencias transferidas) a dar atención sanitaria y gratuita a los inmigrantes sin papeles. Madrid ya lo hacía desde agosto de 2015, cuando el Ejecutivo regional —entonces presidido por Cristina Cifuentes— decidió no aplicar la exclusión sanitaria aprobada a su vez por Mariano Rajoy tres años antes, en 2012. Sin embargo, ahora, con el PSOE en el poder y en plena negociación con el Gobierno central, la Comunidad de Madrid cree necesario cuantificar la factura de la sanidad para todos, ya que teme que el número de extranjeros atendidos va a crecer todavía más.

La Comunidad lleva ya más de tres años atendiendo en los centros de salud y hospitales madrileños a todos los extranjeros irregulares que se encuentran de forma estable en nuestra región, pero cree que la situación se va a complicar exponencialmente con el nuevo decreto de universalidad, "ya que va a crear un flujo migratorio con finalidad sanitaria hacia Madrid que no va a dejar de aumentar", señalan desde la Consejería de Sanidad. Los datos así lo demuestran. A 31 de octubre de 2018, había 84.135 extranjeros irregulares registrados en el Sistema de Información Poblacional (SIP-Cibeles), de los cuales 40.808 son menores de 18 años y mujeres embarazadas, todos identificados bajo los códigos TIR (transeúnte sin permiso de residencia) y DAR (extranjero no asegurado).

Foto: Opositores a plazas de médicos residentes (MIR) en Madrid. (EFE)

El número de sin papeles atendidos al menos una vez en la sanidad madrileña ha crecido un 8,8% en menos de un año, ya que había 77.300 registrados a 31 de diciembre de 2017. La subida es mucho mayor si la comparamos con los que había en septiembre de 2015, un mes después de que Cifuentes devolviera la sanidad a los extranjeros irregulares. Entonces había 10.725, un 684% menos. "Aunque no se dispone de datos públicos de otras regiones, es altamente probable que seamos la comunidad que atiende con fondos públicos a más extranjeros irregulares", señalan desde Sanidad.

El coste estimado de la atención prestada por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) al colectivo de extranjeros irregulares durante el año 2017 fue de 86 millones de euros, una media de 1.118,8 euros por paciente y año. Sanidad espera a finales de año poder ofrecer una radiografía de la demanda sanitaria de este tipo de pacientes (s decir, qué servicios requieren) y su coste. La pregunta es: ¿Quien debe financiar estas prestaciones sanitarias? El Gobierno central ha emplazado a todas las Comunidades el próximo 13 de diciembre para determinar cómo se debe gestionar esta atención sanitaria y cuáles son los criterios que se van a aplicar para autorizar o no determinados tratamientos. Quedan muchas dudas por resolver. Sobre todo, en lo relativo al dinero.

placeholder En Granada, miembros de la Cruz Roja atienden a dos inmigrantes rescatados. (EFE)
En Granada, miembros de la Cruz Roja atienden a dos inmigrantes rescatados. (EFE)

De hecho, en septiembre, el Ministerio de Sanidad mandó a las comunidades una propuesta de instrucción para la ejecución del nuevo decreto, ya que son los gobiernos regionales los encargados de fijar el método para la solicitud y expedición del documento que acredite la atención sanitaria a los sin papeles. Y es que el texto diseñado por el Gobierno socialista señala que "las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones", siempre y cuando cumplan unos requisitos, que exigen además unos trámites administrativos que acrediten una estancia mínima en el país.

Según la Comunidad de Madrid, el documento de trabajo que maneja el ministerio para desarrollar el decreto abre la puerta a la atención universal a todas aquellas personas que se encuentren en España también en situación de estancia temporal, es decir, menos de 90 días: "Se establece un procedimiento especial que incluye un informe social de necesidad en el caso de que existan dificultades respecto a la justificación de los requisitos por parte de la persona solicitante o bien la persona solicitante se encuentre en situación de estancia temporal. ¿Con qué criterios se hace ese informe? ¿Quién tiene derecho y quién no? ¿Dónde está el límite?".

Foto: Los farmacéuticos quieren ofrecer nuevos servicios a los pacientes. (EFE)

Otro aspecto controvertido de la norma es que por una parte los sin papeles tienen derecho a recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española, pero en cambio se establecerán por orden ministerial los requisitos y el periodo mínimo para que puedan acceder a la lista de espera de trasplantes. "Y si se ha admitido la existencia de limitaciones de acceso para el trasplante, ¿por qué no se ha planteado para otras prestaciones de gran impacto en el gasto sanitario como, por ejemplo, las terapias avanzadas o los tratamientos farmacológicos de enfermedades como la infección por VIH o la hepatitis C?", se preguntan desde la Comunidad de Madrid.

La figura administrativa del TIR ya existía antes de que Cifuentes decidiera en 2015 dar la espalda a Rajoy y devolver la sanidad a los inmigrantes en situación irregular. Permite ver al médico, pediatra o enfermera, pero no incluye recetas ni medicación. Está diseñado para personas que necesitan asistencia de forma temporal. Para acceder a esta modalidad, los centros de salud piden a los ciudadanos una declaración de que no tienen recursos o carecen de cobertura sanitaria en otro país. Madrid, por su parte, creó la figura DAR, un mecanismo que sirve para dar de alta a las personas sin permiso de residencia y que les da derecho a obtener recetas.

La Comunidad de Madrid quiere abrir el debate. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez aprobó en julio de este año un nuevo decreto ley que recupera la sanidad universal, obligando así a las autonomías (con las competencias transferidas) a dar atención sanitaria y gratuita a los inmigrantes sin papeles. Madrid ya lo hacía desde agosto de 2015, cuando el Ejecutivo regional —entonces presidido por Cristina Cifuentes— decidió no aplicar la exclusión sanitaria aprobada a su vez por Mariano Rajoy tres años antes, en 2012. Sin embargo, ahora, con el PSOE en el poder y en plena negociación con el Gobierno central, la Comunidad de Madrid cree necesario cuantificar la factura de la sanidad para todos, ya que teme que el número de extranjeros atendidos va a crecer todavía más.

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