Municipios madrileños desvían 374 millones de obras para pagar sueldos, luz, agua...

Entre 2008 y 2015, los peores años de la crisis económica, la Comunidad de Madrid transfirió 560 millones de euros a los municipios madrileños para que hicieran obras. Sin embargo, los gobiernos locales destinaron 240,4 millones de ese montante (el 43%) para abonar gastos corrientes, un capítulo que incluye por ejemplo las nóminas de los funcionarios o los suministros de luz, agua, teléfono y combustible. La situación financiera apretaba y los ayuntamientos prefirieron usar ese dinero para el funcionamiento del día a día antes que arreglar una plaza o construir un polideportivo. En 2016, el Ejecutivo autonómico repitió el paquete de ayudas para el siguiente trienio, hasta 2019. De los 525 millones presupuestados para obras, las localidades han reservado otros 134,4 millones (el 25,6%) para gasto corriente.

El análisis de estos datos revela una cruda realidad: las administraciones locales lo han pasado mal con la crisis. En 2008, los ayuntamientos debían 26.100 millones, cifra que se disparó hasta los 35.000 millones al cierre de 2013 (aunque luego los planes de austeridad rebajaron la cantidad hasta los 29.000 millones a finales de 2015). Con este panorama no es de extrañar que los gobiernos municipales vieran en los planes Prisma de la Comunidad de Madrid una bombona de oxígeno para airear sus maltrechas arcas. El plan 2006-2007 (presupuestado con 300 millones de euros) hubiera quedado en el olvido si la Audiencia Nacional no lo llega a meter dentro del caso Púnica, donde investiga si algunas de las obras adjudicadas fueron amañadas por la trama controlada por Francisco Granados.

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Luego llegó el plan 2008-2011, ampliado hasta 2015, también bajo la lupa de la Audiencia Nacional. Dotado con 700 millones de euros, todos los municipios de la región (excepto la capital) optaban a un dinero transferido por la comunidad para hacer obras. Cada una de las localidades recibió una cantidad en función de parámetros como la población, sus bienes culturales, el número de desempleados, su superficie protegida, la renta per cápita y los ingresos corrientes. De esos 700 millones, el Ejecutivo autonómico descontó 140 millones para obras supramunicipales (que afectaron a varias localidades).

Pero la crisis ya apretaba. Y de los 560 millones restantes la comunidad incluyó la posibilidad de que los ayuntamientos beneficiados destinaran hasta un 25% de la inversión asignada a gasto corriente, incluyendo los capítulos 1 y 2 de los presupuestos. En el 1 están incluidos los gastos de personal, es decir, las nóminas de los funcionarios. En el 2 está el gasto corriente, excepto dietas, locomoción e indemnizaciones, y también los gastos directamente relacionados con las fiestas populares. El gasto corriente incluye los suministros de luz, agua, teléfono, combustible, el pago de alquileres para actividades municipales, los suministros de ofimática, la comida para las escuelas infantiles, el cuidado de parques y jardines, en definitiva, los gastos del funcionamiento de la ciudad.

De los 560 millones para obras, 172 municipios madrileños (hay 179 en toda la comunidad) decidieron destinar 240,4 millones para sus gastos corrientes, detrayéndolos de las obras que podían haber hecho. Se trata del 43% del montante. El ayuntamiento que más destinó para gasto corriente fue Alcalá de Henares, con 7,8 millones de euros. Le sigue Fuenlabrada, con 6,4 millones. Desde la Consejería de Medio Ambiente, la encargada de gestionar el plan, reconocen que fue "una ejecución complicada debido al contexto económico". A pesar de ello, aseguran que se han podido poner en marcha 1.855 actuaciones por valor de 310 millones de euros, de las que 1.617 están ya finalizadas y las restantes 238 se están tramitando.

Rafael Gómez Montoya, diputado socialista, no piensa igual. "Han pasado 10 años desde que empezó el plan Prisma y más de 200 obras están sin terminar. Con estos plazos no nos parece nada positiva la ejecución del plan". La comunidad ha renovado el plan Prisma, pero ya no se llama igual. Ha sido rebautizado como Programa de Inversión Regional (PIR). "El caso Púnica ha obligado al Gobierno de Cifuentes a tener que dar un lavado de cara a este programa de inversiones, investigado en la Audiencia Nacional. Prisma se llama ahora PIR y la empresa pública que lo gestionaba, Nuevo Arpegio, ha desparecido y ahora se llama Obras de Madrid. La corrupción pesaba mucho bajo los nombres de Prisma y Arpegio", señala Gómez Montoya.

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El nuevo PIR 2016-2019 está dotado con 700 millones, de los que también hay que descontar 140 millones para obras supramunicipales y 35 para gastos de gestión. De los 525 millones restantes, 161 ayuntamientos han decidido otra vez destinar 134,4 millones para sufragar gastos corrientes, el 23% del montante. La mejora de la economía ha provocado que las localidades hayan reducido la cantidad destinada a su día a día. Otros 17 municipios sí destinarán todo su presupuesto a realizar inversiones. El PIR, como en su día el plan Prisma, permite a los gobiernos locales destinar el 25% de la inversión que les corresponde a gastos de funcionamiento. Como novedad, y excepcionalmente "bajo circunstancias de carácter social, económico o de interés público", las localidades pueden incrementar este porcentaje hasta el 90%.

En esta ocasión han sido dos de las localidades más endeudadas de España, Parla y Navalcarnero, las que han decidido reservar más dinero para su gasto corriente. Parla utilizará 8,6 millones y Navalcarnero, 4,5 millones. Les sigue Alcalá de Henares, con 3,9 millones de euros. De momento, el programa PIR ya está tramitando 512 obras repartidas en 144 ayuntamientos con una inversión de 200 millones de euros.