Cifuentes 'ajusta' cuentas con el Metro Ligero: le quita 1,16 euros por cada viajero

El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes quiere ajustar cuentas con la concesionaria de las dos líneas de Metro Ligero que desde julio de 2007 conectan los municipios de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón con la red de Metro de Madrid. En el sentido estrictamente económico de la palabra. La comunidad cree que paga más de lo que debería, ya que la demanda real de viajeros es muy inferior a la prevista, lo que supone que la concesionaria está ahorrando en la prestación del servicio y en el mantenimiento de las infraestructuras. Por eso ha iniciado un expediente de reequilibrio financiero de la concesión y ha comunicado a la adjudicataria que ya no le pagará 5,55 euros por cada viajero, sino 4,39 euros, una rebaja del 20%. Un reequilibrio que se aplicará con carácter retroactivo para 2017.

Metro Ligero Oeste es la concesionaria de las líneas ML2 y ML3. Su accionariado está compuesto actualmente por el fondo británico Aberdeen (con el 56,7%), Queenspoint (formado por la aseguradora Allianz Capital Partners y el fondo canadiense Bastion Infrastructure Group) y OHL Concesiones, que hoy solo conserva un 23% pero que cuando se licitó el contrato en 2006 tenía la mayoría de las acciones. Cifuentes ha decidido ahora revisar la concesión mientras la Audiencia Nacional investiga si las obras de construcción del Metro Ligero estuvieron amañadas a favor de la trama Púnica y si además sirvieron para financiar al PP de Madrid.

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Estas dos líneas de Metro Ligero se construyeron por el sistema de concesión. Las empresas privadas asumieron el coste de las obras. A cambio, firmaron un contrato de explotación por 30 años, que acaba en 2036. Es decir, la concesionaria amortiza la inversión y los gastos financieros que realizó con aportaciones públicas que hace la Comunidad de Madrid, ya que lo que se recauda solo por la venta de billetes no sirve para cubrir los costes del servicio. Es lo que se llama 'tarifa técnica por demanda', que se fija en función de un multiplicador de viajeros transportados por el precio del viaje. En esa tarifa se incluye también el beneficio que reciben las concesionarias.

Desde septiembre de 2007 a diciembre de 2017, la Comunidad de Madrid ya ha abonado 650,6 millones a Metro Ligero Oeste: 8,9 millones en 2007 (de septiembre a diciembre), 27,9 millones en 2008, 31,2 millones en 2009, 31,2 millones en 2010, 39,7 millones en 2011, 78,4 millones en 2012, 79 millones en 2013, 85,5 millones en 2014, 86,9 millones en 2015, 89,2 millones en 2016 y 92,7 millones en 2017. La obra se presupuestó en 448,4 millones, aunque el coste del proyecto se fue a 600 millones (sumando expropiaciones, trenes, asesorías, modificados...). Con el sistema de concesión, ya se han abonado 650 millones, y faltan otros 19 ejercicios por pagar.

La concesionaria solicitó un primer reequilibrio a su favor en el año 2010 porque hubo dos modificados en la construcción de las obras que sumaron 64 millones. La comunidad pasó así de pagar 4,16 euros por viajero a 4,88 euros. Esa mejora a favor de la concesionaria se notó en el ejercicio 2012. La comunidad le abonó 78,4 millones de euros, 38 millones más que el año anterior. En 2013, fue la Comunidad de Madrid quien solicitó un reequilibrio de la concesión porque en los seis ejercicios anteriores la demanda real había sido inferior a la prevista, no llegó al 68% de las previsiones. El Ejecutivo se ahorró así cuatro millones de euros. A pesar de ello, la concesionaria siguió ampliando sus ingresos procedentes de las arcas públicas: 85,5 millones en 2014, 86,9 millones en 2015, 89,2 millones en 2016 y 92,7 millones en 2017.

Así se llegó hasta finales de 2017. En noviembre del año pasado, la comunidad propuso un nuevo reequilibrio porque entiende que se ha producido "un enriquecimiento injusto del concesionario en contra del interés general". El Gobierno de Cifuentes, con los datos que maneja, entiende que la demanda real sigue siendo muy inferior a la prevista, lo que conlleva que la concesionaria pueda ahorrar en la prestación del servicio y el mantenimiento. Para calcular ese reequilibrio se han estudiado cuatro indicadores: la flota de trenes, el número de estaciones, el plan de operaciones (la reducción de frecuencias) y la demanda de viajeros. Según la comunidad, "el nivel de actividad real es del 65% respecto al previsto".

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En la tarifa técnica están incluidos los gastos de inversión y financieros de haber realizado la obra (que suponen el 75% de la tarifa) y los gastos de explotación, es decir, el coste de prestar el servicio día a día. En el tramo del 75% se incluyen los beneficios de las concesionarias, que es de donde la comunidad ha calculado para rebajar lo que paga. La tarifa técnica pasa así de 5,55 a 4,39 euros. La concesionaria ya presentó alegaciones y solicitó la petición de prueba, lo que provocó la suspensión temporal del expediente de reequilibrio, suspensión que se levantó el pasado 19 de diciembre. Tras estudiar las alegaciones, la consejería dictó el pasado 5 de febrero la orden de reequilibrio, que supondrá 39,8 millones menos para la concesionaria: 18,9 millones del ejercicio 2017 y 20,9 millones de 2018.

Un informe de viabilidad sin fecha ni sello

Podemos estudia llevar a la Fiscalía Anticorrupción (como ya hizo con la M-45) el contrato de concesión de las líneas de Metro Ligero, porque el estudio de viabilidad del mismo no tiene fecha ni sello oficial. "Esto es una grave irregularidad. Se supone que este informe debe ser previo a la concesión, como marca la ley, pero no tiene fecha, por lo que ha podido ser elaborado con posterioridad para salvar el expediente", señala el diputado José Manuel López.

El grupo parlamentario ha llevado el asunto a la comisión de estudio de la deuda de la Asamblea de Madrid, y la única explicación que ha recibido por parte de la Consejería de Transportes es que "los pliegos de la concesión señalaban la posibilidad de consultar el informe de viabilidad del proyecto, por lo que podemos suponer que está redactado con anterioridad a la concesión". Pero no hay certeza. La comunidad reconoce que el informe no lleva fecha y no puede argumentar por qué no la tiene.

Podemos señala además otra grave irregularidad que viene recogida en los pliegos: "la necesaria celeridad en la construcción de las infraestrructuras ha exigido que las obras de construcción de las citadas líneas se hayan contratado con anterioridad a la licitación del contrato de concesión de obra pública y están actualmente en ejecución". Para Podemos, la concesión a OHL estaba predeterminada de antemano, ya que antes se habían adjudicado a Elsan (de OHL) las obras de construcción. El grupo ha pedido la comparecencia de María Dolores de Cospedal, entonces consejera de Transportes, en la comisión de la Asamblea de Madrid.