Una empresa se lleva el 43% de las multas de tráfico que Madrid cobra a extranjeros

El Ayuntamiento de Madrid, que dirige Manuela Carmena, ha empezado ya a cobrar las multas de tráfico correspondientes a las infracciones que cometen en las calles de la capital los conductores residentes en otros países. Algo que hasta ahora nunca se había podido llevar a cabo. El Consistorio 'caza' ya a los infractores extranjeros gracias a los servicios de una empresa italiana, Nivi Gestiones, que firmó en 2014 un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En los seis primeros meses de funcionamiento (julio-diciembre de 2017) las arcas públicas consiguieron recaudar 381.000 euros tras tramitar 7.266 sanciones por este sistema.

Este servicio tiene un coste. El Ayuntamiento no recauda el 100% del importe de las multas. "La liquidación que mensualmente factura la empresa a los ayuntamientos adheridos al contrato se fija sobre un porcentaje sobre lo efectivamente pagado por los conductores infractores extranjeros. Ese porcentaje está establecido actualmente en un 43%", explica un portavoz municipal. Es decir, que de cada 100 euros, Madrid recupera 57. Teniendo en cuenta que antes no se recaudaba nada, desde el Consistorio recalcan que este servicio es positivo dado lo difícil que es conseguir que los conductores extranjeros cumplan y paguen sus infracciones.

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​El Ayuntamiento de Madrid se sumó el 1 de septiembre de 2014 a un convenio que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) había creado para facilitar a los consistorios españoles el cobro de las multas de tráfico correspondientes a infractores con residencia en el extranjero. Ese servicio lo presta una empresa italiana (Nivi Gestiones), seleccionada por la FEMP, que se encarga de localizar los domicilios de los conductores y de llevar a cabo la notificación. En cualquier parte del mundo y con independencia del tipo de multa. No solo las infracciones de tráfico, también las del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), los parquímetros.

"Aunque el Ayuntamiento de Madrid está adherido a este convenio desde 2014, las dificultades presupuestarias, algunas dudas técnicas y las gestiones para su puesta en práctica motivaron el retraso en la implantación de esta medida hasta el mes de julio de 2017, cuando comenzaron a notificarse en el extranjero las denuncias a los infractores residentes fuera de España. El envío de notificaciones no se limita a Europa sin que abarca todos los continentes", explican desde el Ayuntamiento. En la comunidad de Madrid (con 179 localidades), pocos municipios se han sumado a este convenio. Aparte de la capital, a la FEMP le consta que también están Torrejón de Ardoz (128.000 habitantes), Algete (20.400) y Navalagamella (2.440).

Como ya publicó El Confidencial, el Ayuntamiento de la capital tiene previsto ingresar 198 millones de euros por multas de tráfico tramitadas en 2017, un 24% más que lo recaudado el año anterior (159 millones de euros). A través de la vía voluntaria, en la que se aplica un 50% de descuento a los conductores, el consistorio ya ha ingresado 84 millones de euros, 10,4 millones más que en 2016. El importe medio es de 56 euros por cabeza. Al pronto pago hay que sumar la cuantía de las sanciones que pasan a la vía ejecutiva (en que los infractores ya no pueden acogerse al descuento), otra fase en la que se espera recaudar otros 114 millones, 28 millones más que en 2016.

El Consistorio ha mejorado su capacidad recaudatoria, incrementando un 11% la vía voluntaria (que lleva descuento) y transfiriendo a la vía ejecutiva 200.000 denuncias más que en 2016 tras salvar los recursos. A esto hay que sumar la notificación de denuncias a conductores extranjeros: 7.266 multas en solo seis meses que han supuesto unos ingresos de 381.429 euros. Porque en número de multas impuestas, estas no se han incrementado en la misma proporción que la recaudación: en 2017 se formularon 2.955.598 denuncias (una media de 8.097 diarias), una subida solo del 0,76% con respecto al mismo periodo de 2016 (2.933.226).

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Por tipos, casi siete de cada diez denuncias se refieren al Servicio de Estacionamiento Regulado (964.967 multas), aunque estas bajaron un 0,9% respecto a 2016. Las sanciones por acceso no autorizado a Áreas de Prioridad Residencial aumentaron un 14,6% (83.489 más, hasta las 656.577); mientras que las del exceso de velocidad se redujeron un 6,7% (42.769 menos, hasta las 598.284). Las denuncias por superación de semáforos en rojo (foto-rojos) bajaron un 35% (18.000 multas menos), pese a que estos dispositivos se incrementaron en nueve unidades. "La reducción de multas por exceso de velocidad y por los dispositivos foto-rojo, consideradas graves, indican un mayor cumplimiento de las normas de circulación más determinantes en la seguridad vial", señalan desde el Consistorio.