Cifuentes no impondrá a los pisos turísticos la limitación temporal que quiere Carmena

El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes se ha mostrado sorprendido tras el anuncio que hizo este miércoles la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena sobre la limitación temporal que quiere imponer a los pisos turísticos que se alquilen en la capital. Aunque el Ayuntamiento ya había adelantado sus intenciones, la regulación turística es competencia de la Comunidad de Madrid, que está ultimando ya un nuevo decreto que modificará el que ya existe de 2014 y que no incluirá una limitación temporal sobre este tipo de alquileres. Se abre así un nuevo frente político entre la presidenta madrileña y la regidora.

El equipo municipal de Ahora Madrid quiere recurrir a su competencia en materia urbanística para participar también en la regulación de los pisos urbanísticos, que son competencia exclusiva del Gobierno regional. ¿Cómo? Obligando a los propietarios que quieran alquilar su casa por un periodo superior de 90 días a obtener una licencia urbanística hotelera y clasificando estos inmuebles como "alojamiento profesional". La Comunidad de Madrid, por su parte, no piensa incluir una limitación temporal en el proyecto de modificación del decreto vigente, de julio de 2014.

Todo lo contrario. La Comunidad de Madrid no es partidaria de limitaciones temporales. "Va en contra de la política europea", señala un portavoz de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. Y también de la sentencia 302/2016 del 2 de junio dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anuló el artículo 17.3 del vigente decreto, que estipulaba que "las viviendas de uso turístico no podrán contratarse por un período inferior a cinco días". El nuevo texto eliminará este requisito y no impondrá nuevas limitaciones, en contra de lo que sí quiere hacer el Ayuntamiento.

"Respetamos las competencias en materia urbanística que tiene el Consistorio, pero quien marca la pauta es la legislación autonómica. El Ayuntamiento tendrá que explicar en qué normativa se basa esa exigencia de solicitar una licencia". El Gobierno local ha interpretado las normas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997, que quiere modificar para que los pisos que se alquilen menos de 90 días no necesiten ninguna licencia (se enmarcaría dentro de "la economía colaborativa") y los que superen ese plazo se encuadrarían dentro de la una actividad profesional, un uso terciario que necesitaría un licencia hotelera.

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El decreto de 2014 ya diferenciaba entre apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico. Lo que ahora quiere el Ayuntamiento es clarificar el modelo en el que estos dos tipos de alojamiento turístico se integran en las normas urbanísticas de la capital, un modelo que se quiere basar en el tiempo que se destinará el inmueble a uso turístico. El Ayuntamiento también quiere iniciar una campaña intensiva de inspecciones y elaborar un censo de viviendas turísticas en la capital. La presidenta Cifuentes siempre ha señalado que el Consistorio tiene una visión "básicamente prohibicionista que no compartimos". Como ya publicó El Confidencial, el Gobierno local lleva tiempo negociando con algunas plataformas, como Airbnb, para firmar un acuerdo de entendimiento, una especie de protocolo de actuación.

Para el Ayuntamiento, la proliferación de pisos turísticos (hay más de 4.000 registrados oficialmente), sobre todo en algunos distritos de la capital, "es un problema de primer orden. La Comunidad, por su parte, quiere actualizar la regulación de una actividad que ha cambiado vertiginosamente con el paso del tiempo, pero "no queremos obstaculizar la prestación de servicios". La primera novedad del nuevo decreto autonómico es que todos los propietarios que quieran entrar en el negocio deberán contar con un Certificado de Idoneidad para Vivienda de Uso Turístico (CIVUT), un documento técnico cuya finalidad es garantizar al cliente que la vivienda donde se aloja cumple con unos parámetros determinados de seguridad (disponer de un extintor), ventilación directa al exterior, y condiciones de agua y energía, como disponer de calefacción o agua fría y caliente.

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El Ejecutivo autonómico creará también una figura inexistente hasta ahora, los "Canales de Oferta Turística", donde estarán incluidas las plataformas digitales. Estas serán consideradas empresas turísticas, y como tal estarán sujetas al régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Turismo. Se considerará infracción grave no cumplir las obligaciones de información, que incluye que la vivienda está en el registro que quiere constituir la Comunidad, no tener un seguro de responsabilidad civil, no disponer de hojas de reclamación o no respetar la ratio de capacidad de personas que se pueden alojar en función del tamaño de la vivienda.

Otra de las novedades es que las comunidades de vecinos podrán vetar, si así lo recogen sus estatutos, que haya pisos turísticos en sus edificios. Los dueños de estas viviendas tendrán que informar a la Policía Nacional sobre la identidad de sus clientes. También está previsto permitir el alquiler de habitaciones sueltas. Se puede dar así el caso que un propietario cumpla con su vivienda todos los requisitos que pida la Comunidad (sin limitación temporal) pero que luego necesite una licencia municipal para poder alquilar la casa.

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La Comunidad asegura que ha negociado el decreto con la patronal madrileña CEIM, la Asociación Hotelera de Madrid, la Asociación de Campings de Madrid, la Asociación de Gestores de Viviendas de Uso Turístico, la Unión Empresarial para la Promoción Turística de Madrid, la Federación Madrileña de Municipios, varias asociaciones de agencias de viajes, la Confederación Española de Hoteles, la Asociación Profesional de Guías de Turismo, Airbnb, la federación regional de asociaciones de vecinos y el Sindicato Independiente de Informadores Turísticos.