El chollo del abogado 'municipal' de Leganés: 94 facturas para ganar 2,5 M en solo dos años

El abogado Mariano Muñoz Bouzo ha encontrado un auténtico filón en el municipio madrileño de Leganés (188.000 vecinos). El pleno municipal vota este jueves si aprueba un expediente de modificación presupuestaria para abonar 800.000 euros al letrado en cuestión, el primer pago de los 2,5 millones que este consistorio del sur de la comunidad adeuda a Muñoz Bouzo, que trabajó durante años para el Gobierno local, contratado a dedo en 1995 por el entonces alcalde socialista, José Luis Pérez Ráez. Estos pagos, en cambio, corresponden a 94 minutas que el abogado giró al ayuntamiento en solo dos años, durante la legislatura 2011-2015, cuando el municipio estaba gobernado por el PP.

Mariano Muñoz Bouzo empezó a trabajar con asiduidad para el Ayuntamiento de Leganés en 1995. No como funcionario ni como personal laboral, sino como el letrado elegido por el consistorio para llevar los asuntos jurídicos municipales en los procesos que fueran surgiendo. El letrado había trabajado en el bufete de Gregorio Peces-Barba, muy vinculado a Leganés y al PSOE, que llevaba desde las primeras elecciones democráticas gobernando en el municipio. Entre 1995 y 2009, el ayuntamiento firmó un contrato (o iguala) con el despacho de Muñoz Bouzo, contrato que se iba renovando años tras año. Según el sistema de pagos establecido, el letrado percibía la misma cantidad todos los meses, con independencia de que llevase más o menos pleitos.

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En 2010 el sistema cambió, y el abogado empezó a facturar al ayuntamiento caso a caso, con una provisión de fondos para cada pleito, sistema que continuó cuando en 2011 el PP arrebató la alcaldía al PSOE y fue elegido alcalde el hoy diputado regional Jesús Gómez. El actual equipo de Gobierno (de nuevo en manos del PSOE) desconoce cuándo fue la última vez que Muñoz Bouzo trabajó para el ayuntamiento, pero este acudió a los tribunales en 2013 cuando el consistorio (del PP) dejó de pagarle. En julio de ese año, presentó una reclamación en la que solicitaba el abono de 1.648.636 euros por las "72 facturas impagadas correspondientes a actuaciones judiciales ante juzgados y tribunales de Madrid de todos los órganos jurisdiccionales realizadas en los años 2012 y 2013 por cuenta de la citada corporación".

El juzgado de lo contencioso administrativo número 30 de Madrid le dio la razón en noviembre de 2016, condenando al ayuntamiento a pagarle los 1,64 millones que le adeudaba más 143.856 euros de intereses, ya que acreditó "la existencia de encargos de asistencia jurídica en los procedimientos reflejados en las facturas, la efectiva prestación de los servicios y que la facturación mediante la minuta correspondiente se siguió teniendo en cuenta las normas orientativas del Colegio de Abogados".

No ha sido la única sentencia a favor del letrado. También en noviembre de 2016 el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Madrid condenó a Leganés al pago de 698.386 euros más 87.132 euros de intereses por otras 22 facturas impagadas. Esa nueva sentencia asegura que el ayuntamiento siempre ha reconocido la prestación de los servicios, solo ha discutido algunas partidas. Lo curioso, según esa misma sentencia, es que el consistorio alegó que Mariano Muñoz no recibió ningún encargo de defensa que avalen esas facturas, "pero sin embargo el hecho cierto", demostrado por la documentación, "es que actuó en nombre y por cuenta de la entidad local demandada. No es concebible, ni tampoco se ha demostrado que lo hiciese por voluntad propia, sin poder notarial para comparecer en autos".

Fuentes municipales han explicado que el caso de este abogado es peculiar. Vinculado siempre al PSOE, el PP no le encargó nada en concreto cuando gobernó en la legislatura 2011-2015. "Lo que pasó es que en esos años el letrado siguió llevando casos abiertos en anteriores legislaturas y al encontrar el silencio administrativo por respuesta ni nadie que le dijera lo contrario, siguió llevando esos casos ya empezados años atrás y siguió pasando las minutas al consistorio". El ayuntamiento "podía hacer el encargo profesional a otros abogados, pero no lo hizo, sino que mantuvo la confianza en los mismos durante el tiempo a que se refieren esas 22 facturas", dictamina la última sentencia.

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En cuanto a las alegaciones que presentó el consistorio sobre lo excesivas que han sido algunas facturas presentadas por este abogado, el juez señala que las "objeciones debieron oponerse en el momento de su presentación, no en la contestación de la demanda" cuando el letrado acudió a los tribunales por impago. Carlos Delgado, portavoz de ULEG (partido de la oposición), asegura: "Este escándalo se ha alimentado porque este abogado pasaba las facturas por registro y recibía el silencio por respuesta. Lo que da que pensar y deja en evidencia a los anteriores gobiernos municipales, tanto del PSOE como del PP. Vamos a llevar este asunto a la Cámara de Cuentas de Madrid para que dirima si hubo responsabilidad de los anteriores equipos de gobierno".

Jesús Gómez, ex alcalde del Leganés, señala que su Gobierno nunca contrató a este abogado porque Leganés tenía sus propios servicios jurídicos. "Pasó minutas desorbitadas por unos trabajos encargados por anteriores corporaciones que además fueron encargos de dudosa legalidad. Pasaba varias minutas por los mismos trabajos. A quien hay que pedir responsabilidad es al PSOE". Un portavoz del actual Gobierno local (del PSOE, con apoyo de IU) señala que "desde que llegó este Ejecutivo, se ha decidido acatar y cumplir todas las sentencias, aunque no se estuviese de acuerdo con ellas. En dos años se han pagado ocho millones de euros en sentencias perdidas de la pasada legislatura, con el PP". El mismo portavoz señala que el actual regidor, Santiago Llorente, nunca ha contratado a este abogado. "Con todo este dinero se podría subvencionar el ascensor a 9.000 vecinos del municipio", señala Delgado, de ULEG, que votará en contra de aprobar este crédito para pagar esta deuda con el letrado. Si el PP se abstiene en el pleno de este jueves, no saldrá adelante. Este diario contactó con el bufete de Muñoz Bouzo, sin obtener respuesta.