Errejón irrumpe en Madrid para tumbar la ley de universidades de Cifuentes
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LOS RECTORES SE SUMAN AL RECHAZO

Errejón irrumpe en Madrid para tumbar la ley de universidades de Cifuentes

El proyecto educativo estrella del Gobierno regional afronta su recta final. La irrupción de un manifiesto apoyado por Podemos y el no de los rectores amenazan que tenga luz verde

placeholder Foto: El diputado de Unidos Podemos Íñigo Errejón, en la celebración de San Isidro en Madrid. (Twitter)
El diputado de Unidos Podemos Íñigo Errejón, en la celebración de San Isidro en Madrid. (Twitter)

El anteproyecto de la Ley de Espacio Madrileño de Educación Superior (Lemes) —la nueva ley de universidades— de la Comunidad de Madrid afronta su recta final coincidiendo con en el ecuador de la legislatura, en lo que a estas alturas ya se considera la precampaña electoral de 2019. La Consejería de Educación que lidera Rafael van Grieken se marcó dos grandes objetivos para estos cuatro años: aprobar un pacto educativo regional, que avanza a una velocidad menor de lo que desearía el Ejecutivo de Cristina Cifuentes, y la reforma de la ley de universidades, que estaba a punto de caramelo hasta que este martes los rectores de las seis universidades públicas de la región rechazaron un anteproyecto de ley enfocado a dar un empujón a la universidad pública madrileña en el 'ranking' nacional y atraer a investigadores internacionales.

El primer objetivo de la Lemes, según explica el Gobierno autonómico, es constituir una normativa común para todo el sector universitario de la región que incluya también a las universidades privadas y las someta a criterios de mayor exigencia. Mientras Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana o Andalucía ya cuentan con leyes de universidades propias, la comunidad madrileña continúa a la espera de generar consensos suficientes. En un intento por que el proyecto tuviera en cuenta a todos los actores implicados, en otoño de 2015 y con Cifuentes recién llegada a la Puerta del Sol, el Gobierno regional creó una mesa de trabajo constituida por universidades públicas, representación de las privadas, colectivos de estudiantes, consejos sociales y la propia Administración, con el director general de Universidades, José Manuel Torralba, y su equipo técnico a la cabeza.

Después de un año y medio de trabajo en torno al proyecto de ley y cuando el posicionamiento de los rectores podía ser determinante —este martes dijeron no, y el Ejecutivo someterá a revisión el texto—, la irrupción hace unas semanas del manifiesto 'Paremos la Lemes', apoyado por distintos cargos orgánicos y públicos de Podemos y concretamente firmado por Íñigo Errejón —mientras su candidatura para la carrera electoral de 2019 termina de concretarse—, amenaza con que la reforma se estanque definitivamente. El manifiesto es claro: intenta movilizar a profesores y estudiantes contra "la ley del Gobierno de Cifuentes" que busca "desmantelar la universidad pública".

Un varapalo para al Ejecutivo madrileño, cuyo gran reto en materia de educación pasa por sacar adelante esta normativa y que Madrid compita con universidades de otras regiones, fundamentalmente con Cataluña, hoy a la cabeza de todos los listados nacionales. Esa es una de las principales claves de la Lemes, aunque también recoge otras medidas para mejorar el sistema actual, algunas muy concretas para internacionalizar las universidades e incluir talento extranjero en los centros, al tiempo que se dignifican figuras ya existentes, como la de los investigadores visitantes. La nueva ley prevé un nuevo sistema de financiación que, según la consejería, garantizaría un sistema público igualitario e incentivaría a los centros a través de un tipo de financiación variable ligada a unos objetivos estratégicos marcados por las propias universidades.

Entre los principales apoyos del manifiesto [aquí la lista entera] se encuentran Podemos e Izquierda Unida como partidos políticos y otros muchos colectivos vinculados a la formación morada, tales como Juventud Morada, Asamblea Marea Verde, Agrupación Universitaria Carlos Marx y organizaciones sindicales como FSC-CCOO o Somos Sindicalistas. Uno de los precursores del texto es precisamente el profesor de la Universidad Complutense Juan Varela-Portas Orduña, que también impulsó un manifiesto similar, 'La Uni en la calle' y que participa activamente en los círculos de Podemos.

La pelota, de nuevo en el tejado de los rectores

A principios de 2016, el documento llamado 'Ideas para el debate' sobre el nuevo espacio universitario madrileño veía la luz para someterse a intensos meses de trabajo y teniendo como principales protagonistas a los rectores de las seis universidades públicas de la región. El texto permaneció unos meses en el cajón hasta que pasó el chaparrón electoral del 26-J que paralizó a un país entero a la espera de que la situación de interinidad terminara después de casi 11 meses. El debate público llegó en la primavera del pasado año con incorporación de ideas, matices y varios desencuentros con el cuerpo universitario, estudiantil y sindical.

De ahí la indignación en la Comunidad de Madrid, explican, al ver que uno de los principales argumentos esgrimidos en el manifiesto sea la afirmación de que "no se ha tenido en cuenta a la comunidad educativa, demostrando una absoluta falta de democracia y transparencia y la nula voluntad de hacer una ley de consenso". Hace un par de meses, el anteproyecto de ley se presentó al consejo escolar, pero en la consejería tenían claro que el texto debía contar con el beneplácito unánime de los rectores para salir adelante y son estos los que deben dejar clara su postura. Desde el área que dirige Van Grieken, insisten en que sin el apoyo de los jefes de las universidades no tiene sentido seguir adelante con la ley.

Precisamente el martes, la Conferencia de Rectores de Universidades de Madrid (Cruma) manifestó su negativa al anteproyecto por considerar que presenta "carencias e insuficiencias", requiriendo "cambios sustanciales" en la redacción del mismo. Entre los muchos cuestionamientos que los rectores ponen encima de la mesa, continúan algunas de las críticas más reiteradas: la pérdida de autonomía universitaria, al actuar la Comunidad de Madrid como regulador y prestador del servicio al mismo tiempo, o el nuevo modelo doble de financiación propuesto y la "falta de compromiso" del Gobierno regional para mantener esa financiación a través de convenios plurianuales. La consejería revisará el texto en los próximos meses para enriquecerlo e incorporar reclamos de los rectores, así como de otros colectivos.

El texto definitivo se llevaría al consejo de gobierno dirigido por Cristina Cifuentes y después sería elevado a la Asamblea madrileña para su aprobación. Si todo sale bien, ese momento llegaría el próximo otoño. En el Parlamento autonómico, el éxito está prácticamente asegurado. El PP de Cifuentes cuenta con el respaldo del grupo de Ciudadanos, liderado por Ignacio Aguado.

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