la concesionaria estaba en concurso de acreedores

El juez liquida el tren a Navalcarnero y abre la vía para que OHL reclame 370 millones

El juzgado de lo mercantil acaba de liquidar a la concesionaria Cemonasa, que se llevó la obra, y ha resuelto el contrato. OHL exigirá ahora lo invertido en el proyecto más daños y perjuicios.

Foto: Tomás García Madrid, consejero delegado de OHL, y Juan Villar-Mir, presidente de OHL
Tomás García Madrid, consejero delegado de OHL, y Juan Villar-Mir, presidente de OHL

Nuevo frente en la batalla judicial que mantienen OHL y la Comunidad por el fallido tren a Móstoles y Navalcarnero. El juzgado de lo mercantil número 1 de Madrid acaba de acordar la liquidación de la empresa Cemonasa, 100% propiedad de OHL, la concesionaria que se llevó el contrato de la línea de Cercanías. La decisión judicial, adoptada este miércoles 15 de marzo, implica la resolución automática de este contrato y abre la puerta para que OHL reclame todo lo invertido hasta la fecha en la infraestructura, más una indemnización por daños y perjuicios. Según ha podido saber El Confidencial, la constructora del Grupo Villar Mir reclamará al Ejecutivo de Cristina Cifuentes 370 millones de euros. Por su parte, la Comunidad de Madrid, como ya adelantó este diario, va a reclamar "una cantidad millonaria" a OHL por incumplimiento de contrato, cantidad que aún no se ha fijado. Un portavoz del Ejecutivo autonómico ha señalado a El Confidencial que no tienen conocimiento del auto del juzgado para poder valorarlo. Las acciones de OHL han subido este jueves un 7,45%.

Cemonasa estaba en concurso de acreedores desde mayo de 2016. El juez disuelve ahora la empresa y resuelve el contrato de concesión que firmó con la Comunidad de Madrid el 2 de enero de 2008, cuando gobernaba Esperanza Aguirre. Esta decisión judicial permite a OHL reclamar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) al Gobierno de Cristina Cifuentes. La cantidad que maneja OHL es de 320 millones para recuperar lo invertido y otros 50 millones en concepto de daños y perjuicios. Reclamación que se hará al administrador concursal nombrado por el juez.

Esta vía judicial es paralela a la que también se mantiene en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El 12 de junio de 2015, con un Gobierno regional interino tras las elecciones autonómicas de finales de mayo, la compañía de la familia Villar Mir presentó una solicitud de resolución del contrato de concesión, alegando incumplimientos por parte de la Administración. La Comunidad de Madrid desestimó la petición de OHL, que acabó yendo a los tribunales reclamando a su vez una cantidad muy importante a la administración. Meses después, el 11 de febrero de 2016, el Ejecutivo autonómico decidió además imponer a Cemonasa una sanción de 34 millones por no cumplir los plazos, ya que las obras llevaban paralizadas más de cinco años, una sanción que fue recurrida por la concesionaria.

El siguiente movimiento de esta partida de ajedrez se produzco en mayo de 2016, cuando Cemonasa presentó un concurso voluntario de acreedores, alegando que no disponía de la liquidez suficiente para poder afrontar los gastos de la imposición de penalidades ni tampoco de los contenciosos en curso. La semana pasada, el 8 de marzo de 2017, la Comunidad ha abierto por fin el expediente de resolución de contrato, casi dos años después de que lo solicitara OHL, una resolución contractual que ya ha sido determinada ahora por el juez de lo mercantil que dirime el concurso de acreedores.

Esperanza Aguirre, poniendo la primera piedra del tren a Móstoles y Navalcarnero en febrero de 2008
Esperanza Aguirre, poniendo la primera piedra del tren a Móstoles y Navalcarnero en febrero de 2008

¿Qué pasará ahora? OHL entiende que con la resolución del contrato tiene derecho a solicitar la recuperación del dinero invertido en las obras, ya que el contrato que se firmó estipulaba que la constructora pagaba la línea ferroviaria (un trazado de 14,7 kilómetros y siete estaciones, cuatro de ellas soterradas) y luego recuperaba la inversión con una concesión durante 20 años. OHL entiende que la Comunidad incumplió lo pactado y que no ha podido terminar el proyecto, por lo que debe recuperar lo ya gastado más una indemnización por daños. El administrador concursal debe presentar ahora en 15 días un plan de liquidación "para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concursado", es decir, para monetizar los activos de Cemonasa. En ese proceso deberá incluir la RPA que solicitará OHL, los 370 millones de euros. A su vez la Comunidad tiene ahora ocho meses para presentar la liquidación contable del contrato, donde cuantificará lo que ha invertido OHL en las obras (320 millones de euros, según la constructora).

Esto en el juzgado de lo mercantil. Paralelamente el TSJM mantiene abierto el contencioso que presentó OHL en 2015 para resolver el contrato. En su futura sentencia es lógico que el TSJM tenga ya en cuenta este último auto del juez de lo mercantil, que ya disuelve el contrato de concesión, el plan de liquidación que presentará el administrador concursal, y la liquidación contable del proyecto que hará la Comunidad. Dos caminos judiciales distintos que acabarán juntandose. El Tribunal Supremo acaba de dictaminar, en relación al concurso de acreedores de la empresa Accesos de Madrid (la concesionaria de las autopistas radiales R-3 y R-5 ), que cuando un juez de lo mercantil liquida una empresa, el contrato de concesión queda resuelto sin necesidad de un acto formal de la Administración diciendo que resuelve ese contrato.

Un portavoz Cemonasa, la sociedad concesionaria, señala que "aspira a la resolución del contrato y a recuperar la inversión hecha en la obra, una aspiración legítima. Desde el primer momento hemos puesto todo nuestro empeño para que la obra se ejecutara, dando a la Comunidad de Madrid todas las alternativas factibles".

Independientemente de este proceso, el TSJM también tiene que resolver sobre la multa de 34 millones de euros que la Comunidad impuso a Cemonasa por no ejecutar la obra en tiempo y forma. De esos 34 millones, la Consejería de Transportes intentó en dos ocasiones ejecutar un aval de 18 millones que Cemonasa depositó como garantía al ganar el contrato. OHL recurrió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizó la multa mientras resuelve el contencioso que puso OHL en junio de 2015 para resolver el contrato.

14,7 kilómetros y siete estaciones

La línea ferroviaria Móstoles-Navalcarnero iba a tener un trazado de 14,7 kilómetros y siete estaciones, cuatro de ellas soterradas. La obra, presupuestada en 364,4 millones de euros, fue adjudicada el 27 de octubre de 2007 por el Gobierno de Esperanza Aguirre y la idea era que estuviera lista en enero de 2011. La entonces presidenta regional ponía la primera piedra en febrero de 2008. La obra fue contratada mediante el sistema de concesión, es decir, la comunidad no financiaba el proyecto sino que lo subvencionaba 'a posteriori', pagando un canon por cada viajero durante 20 años.

Al licitar la obra, la Comunidad de Madrid ofrecía 4,45 euros por viajero, aunque OHL rebajó esa cifra para llevarse la adjudicación y dijo que lo haría percibiendo solo 2,94 euros por usuario. La demanda se cifró en 9.741.969 viajeros al año, una media de 26.000 diarios. Pero las cifras empezaron a no cuadrar mientras se ejecutaba el proyecto. La paralización del desarrollo urbanístico en la zona, derivada de la explosión de la burbuja del ladrillo, redujo esa proyección de tráfico de pasajeros apenas a 4.000 al día. 

OHL paralizó las obras en enero de 2010. El contrato, no obstante, establecía también el derecho del concesionario a recibir 50 millones de euros por soterrar el trazado a su paso por Móstoles central, una financiación que debía asumir el Ayuntamiento de Móstoles, entonces gobernado por el PP, y que nunca llegó. OHL mantiene que siempre ha querido llevar a cabo el proyecto, que ha presentado alternativas para que se llevara a cabo, y que ha sido la Comunidad quien ha incumplido las condiciones pactadas. La guerra está servida. OHL reclama dinero al Gobierno regional y este trabaja para reclamar a su vez a OHL. Los jueces decidirán. 

Madrid

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