Los jueces exoneran al Albondiguilla, a sus 15 concejales y al PP: les perdonan 105.000€

Ni el PP como partido político, ni los 15 ediles que formaron el grupo municipal popular en Boadilla del Monte entre los años 2007 y 2010. Ni tampoco su jefe de filas, el alcalde de la localidad en ese periodo, Arturo González Panero, alias ‘el Albondiguilla’, uno de los principales imputados en la trama Gürtel. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido que nadie debe devolver los 105.440 euros que todos percibieron en esos tres años, a pesar de que en enero de 2014 el mismo tribunal ratificó que González Panero y los 15 ediles que fueron elegidos junto a él tras las elecciones municipales de 2007 se constituyeron irregularmente como grupo político y, por tanto, no debieron percibir la asignación pública correspondiente: 1.500 euros anuales por grupo y 2.000 euros anuales por concejal.

El TSJM exonera a todos y les perdona de momento la deuda. Eso sí, condena a un partido de la oposición, Alternativa por Boadilla (APB), que fue quien puso la primera denuncia, a pagar las costas procesales del último juicio. Contra la sentencia del TSJM, no obstante, cabe recurso de casación. El caso lleva ya casi 10 años en los tribunales, cuando APB recurrió el pleno municipal del 28 de junio de 2007 que constituía los grupos políticos en el ayuntamiento. González Panero, hoy procesado por recibir presuntamente sobornos de la trama Gürtel, había sido reelegido alcalde con mayoría absoluta. APB se dio cuenta de que el PP se había constituido irregularmente, ya que faltaba el escrito de constitución firmado por todos los concejales, en el que se designaba al portavoz y al portavoz suplente, un fallo burocrático.

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David Fernández

La primera sentencia llegó en octubre de 2008, emitida por un juzgado de primera instancia (el contencioso administrativo número 18), anulando el acuerdo del pleno de junio de 2007. El TSJM ratificó esta primera decisión en enero de 2010. En febrero de 2012, el TSJM emitió una nueva sentencia, aclarando que se debían reintegrar las asignaciones económicas percibidas por el PP como grupo municipal entre junio de 2007 y marzo de 2010. La suma era de 88.023 euros más los intereses legales, lo que elevaba la cantidad a 105.440 euros. Cantidad que fue ratificada en enero de 2014 "bajo apercibimiento de apremio".

Empezó entonces un nueva disputa para ver quién se hacía cargo de devolver el dinero. El problema era saber quién pagaba esa deuda y quién ejecutaba que se cobrara. El actual equipo de gobierno de Boadilla, también del PP, reclamó a Panero y a sus 15 exediles toda la cantidad, pero los exconcejales afectados alegaron que los grupos municipales no tienen personalidad jurídica propia, por lo que el responsable de esa deuda era el partido. Además, presentaron una relación de gastos ante el juez para acreditar que ese dinero lo utilizó el partido, no ellos. APB, por su parte, harto de esperar, reclamó que fueran los exconcejales los que devolvieran las cantidades recibidas, y así lo pidió al tribunal que emitió la primera sentencia, el número 18 de primera instancia, que obligó incluso al nuevo alcalde de Boadilla a que emplazara al Partido Popular a la vista que discutiría cómo se resolvería este entuerto, que se fijó en abril de 2016.

El caso lleva ya casi 10 años en los tribunales, cuando en 2007 un juzgado estimó que el PP se había constituido irregularmente como grupo

El juzgado 18 falló en junio de 2016, tras escuchar las alegaciones de todos los implicados, y dio por compensada la deuda de los concejales con el ayuntamiento porque esos mismos ediles tenían derecho a percibir la misma cantidad al ser anulado su grupo, en ese caso como concejales no adscritos. APB recurrió esa última decisión y ahora el TSJM, en una nueva sentencia del 1 de febrero de 2017, rechaza el recurso de apelación de APB. El TSJM reprocha al partido independiente de Boadilla haber recurrido de manera errónea, ya que en todas "las resoluciones judiciales a ejecutar no se contiene ningún pronunciamiento de condena a los concejales individualmente considerados".

Es decir, aunque en enero de 2014 el TSJM ya dejó claro que "deben devolverse las asignaciones económicas percibidas como consecuencia de la existencia (indebida) del grupo municipal popular", matizó que "los concejales como tales nunca fueron obligados a devolver cantidad alguna, pues los pronunciamientos judiciales precedentes dejan claro que puesto que fue el Grupo Municipal Popular el que percibió las cantidades, por ello era a quien el ayuntamiento debía instar su devolución". Es decir, que no se tenía que haber recurrido contra los ediles.

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Los mismos derechos económicos

"La reclamación de APB solicitaba la restitución de un dinero por parte de los concejales, a sabiendas de que los ediles no adscritos a ningún grupo municipal tenían el mismo derecho económico a recibir esa asignación económica. Lo que se ha planteado en este largo proceso judicial ha sido que, aunque el grupo municipal no se constituyó y era nulo, los concejales, al ser no adscritos a ningún grupo municipal, eran personas individuales con los mismos derechos económicos que otros concejales, con grupos legalmente constituidos. Es decir, la Justicia da por pagada la deuda del Grupo Municipal Popular con las cantidades que debieron recibir los mismos ediles si eran considerados no adscritos a ningún grupo político", explican los servicios jurídicos del ayuntamiento.