190 agresiones en 2016

Los vigilantes de parquímetros (sin 'spray' antidefensa) tendrán solo botón antipánico

Exigen medidas para prevenir las agresiones. Al no ser funcionarios, no pueden ser agentes de la autoridad. Reclaman trabajar en pareja y un sistema que les conecte directamente con la policía

Foto: Un controlador de un parquímetro, atendiendo a un conductor.
Un controlador de un parquímetro, atendiendo a un conductor.

Los 801 controladores que trabajan en el Servicio de Estacionamiento Regulado (los parquímetros) de la capital reclaman a las adjudicatarias y al ayuntamiento que dirige Manuela Carmena que les proteja mucho mejor de las agresiones físicas y verbales que sufren a diario. Sus empresas no les quieren dotar con un 'spray' antidefensa homologado, y el consistorio asegura que el Ministerio del Interior no les quiere conceder el carácter de agente de la autoridad, ya que no son funcionarios. Exigen, porque lo ven más factible, trabajar en pareja y que se les facilite un botón antipánico que les conecte directamente con la policía (ahora llevan un botón de emergencia en la PDA, pero que les comunica con la adjudicataria para la que trabajan).

Las agresiones siguen a la orden del día en un trabajo que ya de por sí está mal pagado. UGT, el sindicato mayoritario, asegura que hay de media unas 200 al año, aunque el récord se vivió en el año 2012, con 243. Este año se ha cerrado con 190 ataques (teniendo en cuenta que son 800, el ratio es que uno de cada cuatro ha sido agredido). "Y eso que ya pasamos de denunciar los insultos y las amenazas porque supone perder el tiempo tras la reforma del Código Penal que hizo el Ministerio de Justicia", explican desde UGT. Los insultos, injurias o vejaciones leves quedaron despenalizados tras la reforma de 2015 y desde entonces solo conllevan meras sanciones administrativas. El ofendido sí puede presentar una demanda civil en los tribunales. El Confidencial ha preguntado en reiteradas ocasiones al área de Medio Ambiente y Movilidad del ayuntamiento sobre si lleva un registro de agresiones. No ha habido respuesta.

UGT recuerda la del pasado 17 de diciembre en el barrio de El Pilar, cuando un conductor que se había pasado 38 minutos de su tiempo de estacionamiento (pudo anular la multa tras pagar cuatro euros) soltó un tremendo puñetazo en la cara a la controladora que le había sancionado, dejándola tirada en la acera inconsciente. CSIF también recalca la agresión sufrida por otro compañero en el barrio de Las Ventas, apaleado por tres individuos tras sancionar a uno de ellos. Tuvo que ser hospitalizado con varios golpes y contusiones. Urge una solución, y rápida, reclaman los sindicatos. "Teníamos un compromiso con Carmena que ha incumplido", afirman desde CSIF.

Desde UGT, no obstante, admiten la dificultad de que se les conceda el carácter de agente de la autoridad, ya que no son funcionarios. Un escollo para los trabajadores que se puede salvar si se modifica la ley. "La Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid nos va a hacer un informe jurídico para ayudarnos a plantear nuestras propuestas a Interior". La clave está en el artículo 87 de la Ley de Tráfico, que estipula que cuando un controlador pone una multa, el expediente sancionador tiene que incluir el nombre, apellidos y domicilio del denunciante. "Debería bastar con nuestro número de controlador. Ya ha habido casos este año pasado en el que dos conductores que fueron multados se personaron en los domicilios de los controladores que les sancionaron". CSIF también ve muy difícil salvar este punto. "Lo ideal es que los controladores tuvieran un estatus parecido al del maestro [son autoridad pública]. Lo que no puede ser es que las agresiones sean consideradas hoy accidentes laborales". Además, esta distinción permitiría en muchas agresiones leves que el agresor fuera juzgado por lo penal.

Un conductor, utilizando uno de los parquímetros de Madrid. (EFE)
Un conductor, utilizando uno de los parquímetros de Madrid. (EFE)

El ayuntamiento ha tratado este tema en la comisión de Movilidad. "Reiteradamente, el consistorio se ha dirigido al Ministerio del Interior solicitando que dé un carácter de autoridad a los agentes del SER para evitar que sus datos personales figuren en los expedientes de denuncia. Hasta la fecha, sin respuesta positiva. Vamos a seguir intentándolo periódicamente y esperamos que alguna vez se pueda encontrar una solución, que la legislación estatal nacional ahora mismo nos impide", señaló Paz Valiente, directora general de Sostenibilidad y Control Ambiental. "Nos hemos dirigido a las empresas concesionarias solicitando respuesta a varias cuestiones que los sindicatos nos plantearon como problemáticas: formación proporcionada a los trabajadores, de acuerdo con el contrato, para permitir que ejerzan adecuadamente su función de información al ciudadano; los ratios controlador/plaza, y la inadecuación del vestuario proporcionado por una de las concesionarias. Estamos esperando su respuesta", señala un portavoz municipal.

Sergio Brabezo, concejal de Ciudadanos, considera "importante que los agentes del SER sean agentes de la autoridad. Nos gustaría saber cuál es el problema para que el Ministerio del Interior no apruebe este cambio. El equipo de Carmena no nos ha informado del escollo que nos dicen que es insuperable. De todas maneras, recordemos que Unidos Podemos tiene representación en el Congreso de los Diputados y puede impulsar diferentes medidas, acciones o mejoras que solucionen este problema". El grupo municipal del PP señala que "hay que delimitar bien las funciones de estos trabajadores y estudiar sus demandas para buscar una solución. Lo que está claro es que no son funcionarios y no pueden ser por ley agentes de la autoridad".

Trabajar en pareja y 'spray' autodefensa

Otras medidas, menos complicadas, tampoco se están poniendo en marcha para minimizar las agresiones. Al menos para prevenirlas. Los controladores llevan tiempo reclamando trabajar en pareja, algo que se antoja complicado, ya que las adjudicatarias reducen la plantilla año tras año (en diciembre de 2014, había en el servicio 1.103 controladores; hoy son 801). También se ha descartado que lleven un 'spray' antidefensa homologado. "Los 'sprays' para defensa no nos parecen la mejor manera de atajar el problema", señala Brabezo. Otra reivindicación es que los controladores se puedan comunicar de manera más directa con la policía, sin intermediarios. Ahora llevan un botón de emergencia en su PDA, que además les permite estar localizados geográficamente.

Pero no es suficiente. El botón de emergencia solo conecta con su empresa, que a su vez debe contactar con la Policía Municipal si el controlador comunica un problema de seguridad. Los trabajadores reclaman un sistema más rápido, un botón antipánico que pueda conectar directamente con la policía, parecido a los que tienen las personas mayores que disfrutan del servicio de teleasistencia del ayuntamiento. "Los agentes del SER deberían estar en contacto con los policías municipales de manera directa. Hoy, conectan con su empresa y luego esta conecta con la policía. Durante este trámite, se pierde un tiempo de reacción vital para evitar agresiones", señala el edil Sergio Brabezo.

Las empresas han fijado un protocolo en caso de agresiones y ponen a disposición de los trabajadores los servicios jurídicos de la compañía

Las adjudicatarias sí han fijado un protocolo en caso de que sus trabajadores hayan sufrido una agresión, protocolo que culmina en una denuncia en comisaría. Además, las empresas ponen a disposición de sus agredidos los servicios jurídicos de la compañía. En cuanto a los 'sprays' antidefensa, las empresas avisan de que deben tener el visto bueno previo por parte del ayuntamiento. Los trabajadores también han recibido cursos de formación sobre pautas para tratar con el público y habilidades sociales.

2.624 multas de media cada día

Las agresiones, no obstante, tendrán que bajar porque el número de controladores (y por tanto el número de personas susceptibles de sufrirlas) ha decrecido con el paso de los años. De los 1.103 vigilantes que había en diciembre de 2014 se ha pasado a 801. Los nuevos pliegos de los nuevos contratos que se han firmado ya no obligan a que la adjudicataria tenga que tener un ratio de controladores por número de plazas. Es el contrato que la anterior alcaldesa, Ana Botella, del PP, adjudicó en 2014 por 862,4 millones repartidos en 12 años y que dividió la ciudad en cuatro lotes. El servicio fue adjudicado a dos UTE. La primera, formada por Dornier, API Movilidad, Vinci Park, Setex y Electronic Trafic; y la segunda, por Estacionamientos y Servicios, Valoriza, Tevaseñal y Montajes y Obras. 

La plantilla se está sustituyendo por las nuevas tecnologías. Las adjudicatarias también disponen de 19 vehículos (seis de ellos, motos) para comprobar que los conductores han puesto correctamente su tique. En Madrid hay 3.924 parquímetros para regular 154.500 plazas, según datos de diciembre de 2015. El año pasado, el SER puso 957.885 multas, 56.000 menos que en el año anterior, lo que supone una media de 2.624 al día.

Madrid

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