MADRE, EN PARO Y CON UNA VIVIENDA ILEGAL

Los otros okupas de Carabanchel: cómo sobrevivir con 443 euros al mes y dos hijos

Amparo tiene 42 años y dos hijos pequeños. Desde hace casi cuatro años son okupas en un piso junto al Parque de las Palmeras de Carabanchel

Foto: Amparo tiene 42 años y vive de okupa con sus dos hijos en un piso de Carabanchel. (P. E.)
Amparo tiene 42 años y vive de okupa con sus dos hijos en un piso de Carabanchel. (P. E.)

Mujer, madrileña, gitana, madre, en paro y okupa. Amparo tiene 42 años, dos hijos y 443 euros al mes para vivir. O para sobrevivir. Paseaba por la calle Juanita de Carabanchel el miércoles por la mañana, el mismo día que Esperanza Aguirre buscaba darse un baño de masas con la tercera edad de la zona, que vive con miedo desde hace meses a causa de peleas, atracos e incendios en la casa okupa del número 10. Decenas de vecinos transitaban la misma vía en aquel momento. Unos aplaudieron a la portavoz popular. Hubo algún que otro insulto y mucho mirón.

- "Pero ¿cuál es el problema?, ¿que los van a echar de la casa?", se preguntaba una señora.

- "Bueno, mira, que le vengan a hablar del diluvio universal a Noé. Todos tenemos problemas", replicó otra de ellas.

- "Anda, pues que busquen otra donde quedarse. Yo también soy okupa", asintió una paseante que iba acompañada de un niño pequeño y una señora mayor.

Amparo vive con sus hijos Adán, de nueve años, y Sara, de seis. No tuvo casamiento como manda la cultura gitana y el padre ni siquiera vive con ellos. Desde hace casi cuatro años son okupas en un piso junto al Parque de las Palmeras de Carabanchel. Conoció a la anterior inquilina en una oficina de Cáritas gracias a su hija Sara, "que no se calla, habla con todo el mundo", y le ofreció quedarse con la vivienda porque se marchaba. Gratis, porque ella también era okupa. Amparo no tiene gastos de mantenimiento. "Tengo enganchada la luz, el agua y el gas. La caldera ahora está rota y no puedo usarla porque me saltan los plomos cada vez que la enchufo para bañar a los niños", explica sentada en un banco de la calle Guabairo, frente a una tienda de chinos y una panadería con un escaparate no apto para diabéticos.

Esperanza Aguirre visita la casa okupa de la calle Juanita de Carabanchel (P. E.)
Esperanza Aguirre visita la casa okupa de la calle Juanita de Carabanchel (P. E.)

Hasta entonces vivía en una casa en el barrio de La Fortuna en Leganés y pagaba 500 euros de alquiler. La zapatería en la que trabajaba como dependienta cerró y les propuso a los propietarios quedársela. Pero había pocos clientes y el local costaba 1.500 euros mensuales. Se marchó de su casa tras confesar al arrendador que no podía seguir pagando, que no tenía más dinero. A partir de ese momento, solicitó la renta mínima de reinserción, comenzó a cobrar los 443 euros de las arcas públicas de la Comunidad de Madrid y se fue a Carabanchel.

Por el bloque de pisos en el que viven ahora han pasado cinco okupas. "A los de abajo los echaron. Vino la jueza con una orden y los policías los echaron". En diciembre tocaron el timbre de Amparo. Se salvó porque no estaba en casa. "Me llamó una vecina. Los niños estaban en el colegio y yo echando currículos en el centro. Fueron un juez y varios policías a poner la chapa, pero como no estaba se marcharon". Así de sencillo. Aun así, la orden de desalojo era para la anterior inquilina, pese a que Amparo y sus hijos llevan ya cerca de cuatro años allí. Aquel mes fue tenso, "lo pasé muy mal", afirma, pero ahora está más tranquila porque confía en que pasará tiempo hasta que vuelvan.

El consistorio dirigido por Manuela Carmena está trabajando en un censo de la okupación ilegal tomando como base cuatro focos principales

Por si acaso, pocos días después Amparo acudió a la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad en busca de ayuda para intentar regularizar su situación, en vista de que el riesgo podía aumentar. A la que nunca llegó a ir es a la Asociación de Okupas de Madrid. "Yo ahí no me meto, que son muy raros. Van con perros, tienen rastas, fuman porros... yo tengo dos niños y no estoy en eso", replica. Ahora está pendiente de tener noticias de la asociación feminista, cuya responsable se reúne periódicamente con dirigentes de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). "Confío en poder con la ley nueva esa de Carmena", afirma la madre okupa.

El ayuntamiento de Ahora Madrid anunció en octubre una nueva legislación para volver a construir vivienda protegida, que desde 2012 había quedado paralizada con el Gobierno municipal de Ana Botella. La idea del área dirigida por Marta Higueras pasaba por regularizar los pisos públicos okupados tras permanecer vacíos durante años y permitir a sus nuevos habitantes continuar en la vivienda en régimen de alquiler social a partir de los 50 euros mensuales, aunque la cantidad variaría en función de cada caso. Los requisitos para acceder a esta 'regularización' incluían entre otros llevar en el piso al menos dos años, unos ingresos inferiores a 800 euros a los menores de 35 y de 1.865 al resto. Amparo los cumple y sigue a la espera de noticias.

Amparo cobra la renta de reinserción mínima y vive con 443 euros al mes. (P. E.)
Amparo cobra la renta de reinserción mínima y vive con 443 euros al mes. (P. E.)

De momento aguanta, y reconoce que más o menos consigue apañarse. Gastos fijos tiene solo uno: el comedor de los niños en el colegio La Milagrosa -de enseñanza concertada-, que cuesta 21 euros al mes. Por los dos niños se deja 42 euros. "Sé además que comen muy bien allí". El resto de su renta la dedica prácticamente a la cesta de la compra para desayunos, meriendas y cenas. "Busco todas las ofertas en cada supermercado y dependiendo de lo que hay cada semana voy a uno u otro. La carne y el pollo los compro en el mercado, porque es mejor y más barato", asegura. Los domingos suelen ir a comer a casa de los abuelos, que echan una mano en lo que pueden, pero también viven gracias a la renta mínima de inserción.

Y el resto del fin de semana suelen ir a actividades gratuitas que organiza la Comunidad de Madrid: cuentacuentos, obras de teatro... Si hace buen tiempo, "bocatas y a los chorros" (la playa de Madrid Río). El día que llega el ingreso mensual suele haber homenaje en McDonald's, "y los niños encantados", asegura su madre. El problema viene cuando los chavales piden una actividad fuera del mapa de las subvenciones. "Quieren ir a natación y es que incluso a través del ayuntamiento vale 20 euros. Y todo es por dos: otros 40 euros al mes se me van de presupuesto". Así que se conforman con los chorros del Parque de Arganzuela.

Entre diario, los niños pasan las horas en el colegio y Amparo sigue paseando con los CV en la mano. No tiene vicios: ni fuma ni bebe. Solo le gusta tomarse un café de vez en cuando con las amigas, "y me lo pagan ellas". Mientras tanto, va a una sociedad cooperativa llamada REDES en Pan Bendito para hacer cursos de formación. Desde obtener el carné de manipulador de alimentos hasta aprender cómo hablar y vestirse para una entrevista. Tiene muchas esperanzas puestas en una nueva zapatería. "A ver si me sale". Y lo de la casa... pues también "a ver si sale".

La calle Juanita de Carabanchel, donde hay una casa okupa. (P. E.)
La calle Juanita de Carabanchel, donde hay una casa okupa. (P. E.)

Censo de la okupación en Madrid

El consistorio dirigido por Manuela Carmena está trabajando en un censo de la okupación ilegal tomando como base cuatro focos principales: San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde), San Isidro (Carabanchel), Entrevías (Puente de Vallecas) y Ensanche de Vallecas (Puente de Vallecas). Este último es uno de los barrios más afectados por viviendas okupadas de forma ilegal, según el concejal Seguridad y Emergencias, Javier Barbero.

El censo en cuesión se realizará teniendo en cuenta variables cualitativas para diferenciar entre okupaciones mafiosas y aquellas que afectan a personas con necesidad en el ejercicio del derecho a una vivienda. Concretamente, el concejal pidió en la comisión municipal de esta semana diferenciar entre quien okupa para cubrir "la necesidad básica que es el derecho a techo", la gente "decente", de los "negocios mafiosos". Barbero ha señalado como el origen de la primera "la mercantilización de la especulación inmobiliaria después de que la anterior alcaldesa, Ana Botella, vendiera en dos años el 25% de las viviendas sociales a fondos buitre".

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