El PP mantiene en Madrid a cuatro alcaldes imputados "porque no están condenados"

El Partido Popular mantiene en la Comunidad de Madrid a cuatro alcaldes imputados "porque todavía no están condenados". Se trata de los regidores de Colmenar Viejo, Galapagar, Brunete y Hoyo de Manzanares. El código ético del partido es bastante ambiguo en este tema. Solo fija "el compromiso" de los cargos públicos "de comunicar a la dirección del PP la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". Tras esta comunicación, todo queda en manos del Comité Nacional de Derechos y Garantías, que debe decidir si "su permanencia en el partido daña a la propia organización o a la institución pública". Las imputaciones de cargos públicos tampoco aparecen en el paquete de medidas de regeneración democrática presentadas este martes por la presidenta regional, Cristina Cifuentes.

Un portavoz del PP de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, asegura que estos cuatro alcaldes comunicaron al partido la apertura de los procedimientos judiciales contra ellos, y que siguen en sus puestos "porque no están condenados y no han sido ni juzgados". Desde el Comité Nacional de Derechos y Garantías, aseguran que las imputaciones deben comunicarse a las direcciones provinciales. El caso más sangrante es el de Hoyo de Manzanares (6.700 habitantes), un municipio de la sierra madrileña. La Fiscalía pide dos años de cárcel para Ramón Regueiras por los delitos de desobediencia y usurpación de cargo público. Hoy es alcalde del PP, pero en 2008 se convirtió en regidor cuando pertenecía a un grupo independiente gracias a una moción de censura que no tuvo validez jurídica, y después se negó a reestablecer en el cargo al alcalde del PP que había expulsado gracias a esa moción.

El Código Ético del PP estipula que los afectados por un procedimiento judicial deben comunicarle la apertura del mismo a la dirección del partido

En el caso de Colmenar Viejo (47.000 habitantes), la Fiscalía de Medio Ambiente ve indicios de un delito continuado de prevaricación urbanística en las decisiones que tomaron 12 cargos públicos que han ocupado responsabilidades de gobierno en el ayuntamiento en los últimos 10 años. Entre los querellados están el actual alcalde, Miguel Ángel Santamaría Novoa, y su antecesor, José María de Federico Corral. También cinco ediles del actual equipo municipal y cinco exconcejales. La causa está en el juzgado de instrucción número 3 de esta localidad del norte de Madrid. Los 12 cargos públicos empiezan a declarar este miércoles en el juzgado.

"Los miembros integrantes de las sucesivas juntas de gobierno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo en los últimos 10 años se pusieron de acuerdo para otorgar de forma muy reiterada licencias urbanísticas, específicamente licencias de primera ocupación, a distintos promotores, pese al incumplimiento de la normativa urbanística, puesto de manifiesto por los correspondientes informes técnicos y jurídicos, consintiendo el mantenimiento de dichas irregularidades urbanísticas", reza el escrito del fiscal. La Fiscalía aglutina ya más de una veintena de denuncias: una de las últimas versa sobre la licencia del edificio donde está la sede del PP.

Acuerdo de investidura con Ciudadanos

Santamaría Novoa también ocupa un cargo en el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, órgano dependiente del Gobierno regional de Cristina Cifuentes. En ese consejo también está la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. El punto primero del acuerdo de investidura alcanzado entre Cifuentes y Ciudadanos obliga a "la separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política o por cualesquiera otros que por su gravedad causen una especial alarma social hasta la resolución completa del procedimiento judicial". El puesto de vocal en el consejo del Centro de Asuntos Taurinos no es un cargo público, según la comunidad. No es un puesto retribuido.

En Brunete (10.300 habitantes), el alcalde Borja Gutiérrez todavía sigue imputado después de que una concejala de UPyD denunciara que intentó comprar su voto. La edil aportó grabaciones al juzgado. Está imputado por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, coacción y amenazas. "Hemos pedido el archivo de la causa", explica un portavoz del consistorio. El regidor ya ganó en diciembre otra batalla judicial después de que un juzgado de Móstoles archivara otra querella contra él por coacciones y acoso laboral que había presentado el arquitecto municipal.

El último caso es el de Daniel Pérez, alcalde de Galapagar (32.300 habitantes). Un empresario del municipio, dueño de un restaurante, consiguió imputarle de los delitos de prevaricación urbanística, injurias y revelación de secretos. Pérez ya declaró ante el juzgado de instrucción número 2 de Collado Villalba el pasado mes de noviembre. Desde el consistorio aseguran que desde el primer momento el alcalde comunicó su situación jurídica a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y que todo se trata de una persecución por parte de este empresario, ya que el ayuntamiento le apercibió por hacer unas obras sin licencia y sin pagar las tasas correspondientes. "Vamos a pedir en breve el archivo de la causa", explica un portavoz municipal.

En tres de estos cuatro municipios, Colmenar, Hoyo y Galapagar, el PP gobierna en minoría. Ciudadanos tiene concejales en estas tres localidades, aunque fuentes del partido emergente explican que el acuerdo de investidura que obliga a apartar a cargos públicos imputados por corrupción se cincunscribe al ámbito autonómico, no al municipal.