en arganda del rey, madrid

El fondo que asesora Aznar junior gestiona la deuda de una cooperativa quebrada del PSOE

Haya Real Estate administra los préstamos que financiaron la construcción de los pisos de la cooperativa Progreso Arganda, en concurso de acreedores. Unas 50 familias reclaman 1,58 millones

Foto: José María Aznar junto a su hijo José María.
José María Aznar junto a su hijo José María.

Haya Real Estate, plataforma inmobiliaria del fondo de inversión Cerberus, gestiona actualmente los créditos hipotecarios que sirvieron para construir los 109 pisos de una cooperativa que promovió el Partido Socialista de Madrid en Arganda del Rey, municipio del sureste de la región. La cooperativa entró en concurso de acreedores en febrero de 2014 y los ahorros de 47 familias, que entregaron 1,58 millones de euros y encima se quedaron sin las viviendas, se vieron atrapados en la masa del concurso que a día de hoy es de 14,9 millones. José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno, es consejero no ejecutivo de Haya y asesora a Cerberus en sus negocios inmobiliarios en España. Para rizar el rizo, la cooperativa compró el suelo a la empresa Martinsa en la famosa parcela UE124, una operación urbanística que investiga la Audiencia Nacional dentro de la trama ‘Gürtel’.

Un portavoz de Haya Real Estate explica que la firma solo gestiona la deuda hipotecaria que los promotores de las viviendas solicitaron para construir los pisos, unos préstamos que concedió Caja Madrid, pero que "no es la propietaria de los pisos". Luego Bankia (tras absorber Caja Madrid) traspasó parte de sus activos tóxicos a la Sareb (el banco malo), que en diciembre de 2014 adjudicó a Haya Real Estate un paquete de 52.000 préstamos originados por Bankia.

La deuda de la cooperativa es de 14,9 millones, pero tienen prioridad para cobrar los acreedores especiales: Administraciones y bancos

La cooperativa Progreso Arganda fue creada en noviembre del año 2006. El PSOE de Arganda del Rey invitó por carta a militantes, amigos y conocidos a apuntarse como socios. Los cooperativistas que aceptaron pagaron una entrega inicial de 14.000 euros y empezaron a abonar sus cuotas mensuales. Para la gestión de la cooperativa, el trabajo del día a día, se contrató a Alcalá Consultores, cuyo propietario es Miguel Ángel Pascual Molinillo, ex alto cargo de Gobiernos socialistas y exgerente de la Sociedad de Fomento del Ayuntamiento de Arganda.

Progreso Arganda compró la parcela 20 de la Unidad de Ejecución 124 en junio de 2007 para construir 125 viviendas protegidas. Las obras empezaron en septiembre de 2009 pero la constructora a la que se encargó levantar los pisos entró en concurso de acreedores en el año 2010. Los trabajos sufrieron entonces el primer retraso porque hubo que encontrar una nueva constructora. Las obras las asumió entonces Ferrovial. Por su parte, la Comunidad de Madrid había subido los módulos de venta de la vivienda protegida en abril de 2008 (una media de 25.000 euros más por piso), por lo que muchos cooperativistas se encontraron con un incremento de precios y un retraso en los plazos de entrega que frustró muchas expectativas.

La cooperativa entra en quiebra

Los pisos se terminaron en el año 2012, pero finalmente se construyeron 109 en lugar de los 125 previstos inicialmente. A día de hoy la mitad están vacíos porque muchos de los cooperativistas se quedaron en paro, o simplemente cambió su situación económica y personal, y no obtuvieron financiación para poder escriturar. La cooperativa no les permitió darse de baja y recuperar lo que habían aportado (entre 30.000 y 40.000 euros por cabeza), por lo que se quedaron sin ahorros y sin el piso. 

Los pisos de la cooperativa promovida por el PSOE en Arganda.
Los pisos de la cooperativa promovida por el PSOE en Arganda.

Con la mitad de los socios con problemas económicos e intentando darse de baja, la cooperativa quebró y entró en concurso de acreedores en marzo de 2014. En total, debe 14.952.032 euros, de los que 11.574.937 euros corresponden a deudas que la cooperativa mantiene con Administraciones públicas y bancos. Estos son créditos especiales, es decir, son los primeros que se van a recuperar. Los cooperativistas afectados también son acreedores, pero ordinarios, por lo que cobrarán después de los acreedores especiales.

La incertidumbre es total. Un administrador concursal gestiona ahora la cooperativa, y la Sareb, que se quedó con las hipotecas que financiaron la construcción de sus pisos, cerca de 70 plazas de garaje y seis locales comerciales, ha traspasado la gestión de los mismos a Haya. "Todos hacen negocio con nuestro dinero. Si la Sareb con la ayuda de Haya consigue vender los pisos que están vacíos para recuperar lo invertido, no llega ni para cubrir los 11,5 millones que es deuda principal, ni la nuestra de 1,6 millones, que es deuda ordinaria", explica Juan Piña, un portavoz de los cooperativistas.

Madrid

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