La discoteca del Palacio de la Oliva en Vigo cierra sus puertas por decisión del Consello

El Ayuntamiento de Vigo ha iniciado un procedimiento de protección urbanística contra el Palacio de la Oliva, exigiendo el cese de todas sus operaciones. Interatlantic, el grupo inversor detrás del proyecto, transformó este emblemático inmueble en un popular destino de ocio y restauración. A un año de su apertura, se determinó que el establecimiento carece de autorización para sus actividades actuales.

El 20 de octubre, la Gerencia de Urbanismo ordenó a Interatlantic detener completamente las operaciones en la dirección citada. Los representantes del establecimiento han declinado comentar sobre esta orden municipal.

Además, el Ayuntamiento ha iniciado otro expediente contra esta entidad, relacionado con ineficacias en la comunicación previa de inicio de actividad. La empresa, que notificó su arranque en octubre del año anterior, no corrigió ciertas deficiencias, llevando a la apertura de este nuevo expediente.

Disputa legal en Vigo

Getting Back Stones, filial de Interatlántic, ha presentado un recurso contra la orden de cese, argumentando su nulidad y arbitrariedad. La empresa sostiene que el Palacio de la Oliva posee licencia municipal para actividades socioculturales y recreativas, incluyendo restaurantes y bares, y asegura que la comunicación previa les habilita para tales operaciones.

La administración cuestiona las actividades realizadas en el Palacio de la Oliva, convertido en un punto neurálgico de la vida nocturna viguesa, con discoteca, local de copas y gastronomía de alto nivel. Este conflicto se ve agudizado por las quejas vecinales y de hosteleros por el ruido y desórdenes asociados a la discoteca.

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El Confidencial

Repercusiones económicas y sociales

Interatlántic advierte que el cese de actividades implicaría pérdidas millonarias, potenciales despidos y desperdicio de recursos. La orden llega en un momento crítico, justo antes de la temporada navideña, amenazando sus ingresos y dañando su reputación.

El impacto de esta decisión no solo afecta a la empresa, sino también a la economía local, dado que el Palacio de la Oliva se ha convertido en un importante atractivo turístico. La empresa considera reclamar al Ayuntamiento por los daños económicos que esta medida podría acarrear.