Abuso sexual: Abusos sexuales, físicos y psicológicos: 17 procesados en el caso de los Miguelianos. Noticias de Galicia
juicio contra la falsa orden

Abusos sexuales, físicos y psicológicos: 17 procesados en el caso de los Miguelianos

La Audiencia Provincial confirma la responsabilidad civil subsidiaria del obispado por su amparo a la falsa orden religiosa gallega

Foto: El líder de la presunta secta Orden y Mandato San Miguel Arcángel, Miguel Rosendo. (EFE)
El líder de la presunta secta Orden y Mandato San Miguel Arcángel, Miguel Rosendo. (EFE)

Serán 17 personas las que se sentarán en el banquillo de los acusados en el juicio contra la falsa orden de los Miguelianos, según el juez una presunta secta que exigía entrega, fidelidad y obediencia al líder como pauta de la vida diaria de sus integrantes. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha rechazado la apelación de seis de los afectados por el auto de procesamiento dictado por los juzgados de Tui. También rechaza la solicitud de dejar sin efecto la consideración del Obispado de Tui-Vigo como responsable civil subsidiario, al considerar que dio amparo a la Orden y Mandato de San Miguel, la organización fundada en 1997 por el brujo Miguel Rosendo.

Marta Paz, mano derecha de Miguel Rosendo. (EFE)
Marta Paz, mano derecha de Miguel Rosendo. (EFE)

Dos meses después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Tui finalizara el sumario del caso de los Miguelianos, la Audiencia ha confirmado el procesamiento de todos los investigados, a los que se atribuyen los presuntos delitos de asociación ilícita, contra la integridad moral, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, así como la responsabilidad civil subsidiaria del obispado. Además del laico Rosendo, serán procesados, entre otros, su esposa, Carmen Sánchez, y sus dos hijos, Cristian Miguel y Verónica, como presuntos responsables de delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, así como Marta Paz —a la que consideraba uno de sus bastones—, tres matrimonios y un cura. La rápida resolución de los recursos presentados por los procesados despeja el camino para que se celebre el juicio en la Audiencia de Pontevedra.

El auto de procesamiento describe “hechos monstruosos con todo tipo de prácticas sexuales”, en palabras de la abogada de las víctimas, Ana Reguera, que destaca que la jueza asumió en toda su extensión el testimonio declarado por los afectados durante la instrucción del sumario. Los relatos hablan de la “purificación” a través del semen, de vejaciones, de sexo en grupo y de parejas formadas por el propio Rosendo, a quien se le imputan hasta 26 delitos sexuales. Son, en palabras de Reguera, “auténticas aberraciones” realizadas únicamente para satisfacer los deseos sexuales del líder de la secta y bajo la enorme influencia que este ejercía sobre sus fieles, ante los que se presentaba como la reencarnación de San Miguel Arcángel.

Abusos sexuales, físicos y psicológicos: 17 procesados en el caso de los Miguelianos

Miguel Rosendo fue detenido en diciembre de 2014 en Madrid, adonde se había desplazado después de haber sido expulsado por las autoridades eclesiásticas, que reaccionaron tras conocer el demoledor informe de un despacho de detectives. El dosier, realizado tras la salida de la secta de una de sus víctimas, detallaba los supuestos abusos sexuales, físicos y psicológicos que ejercía el gurú sobre sus seguidores. “A algunas de las mujeres con las que mantenía relaciones les ordenaba tomarse todos los días una pastilla, sin desvelar su composición ni finalidad”, relata el informe, que detalla que aunque Rosendo cometía los presuntos abusos con personas de ambos sexos, sus víctimas favoritas eran unas falsas monjas a las que denominaba bastones, y que manipulaba y supuestamente drogaba para que accedieran a tener relaciones sexuales y orgías.

La finalidad de la falsa orden era también el provecho económico de Rosendo y los suyos. Ya el informe de los detectives revelaba la existencia de “un entramado de estafa y tráfico de influencias adaptado a su lucro personal”, amparado en una supuesta idea de acción social y familia cristiana. La existencia de al menos otros nueve imputados por los supuestos delitos contra la Hacienda Pública y de asociación ilícita respalda esta sospecha.

Los relatos hablan de la “purificación” a través del semen, de vejaciones, de sexo en grupo y de parejas formadas por el propio Rosendo

El lujo dominaba la mansión de Oia (Pontevedra) en que residían, a la que se referían como “las murallas de Jerusalén” o la “casa madre”, en una época en que la asociación llegó a contar con 400 seguidores. Cuando se destapó el caso, Rosendo y una veintena de sus bastones se mudaron a un chalé similar en Collado Villalba, adonde trasladaron sus actividades, ya bajo la denominación de La Voz del Serviam. Allí fue donde se encontraba cuando resultó finalmente detenido. Tenía 4.000 euros en efectivo y dos coches de lujo. Los denunciantes también fueron testigos del “trasiego” de sobres con “fajos de billetes de 500 euros”, que siempre tenían que pasar por la supervisión del líder, y de entregas de hasta 160.000 euros en efectivo.

Uno de los cinco autos de la Audiencia provincial de Pontevedra desbarata la intención del obispado de eludir la responsabilidad civil subsidiaria. Las razones de esa declaración “no son parcas ni concisas”, sostiene el auto, que tacha de “contradictorio” que la jurisdicción eclesiástica alegue que no interfería ni intervenía en la organización, estructura, funcionamiento y control del grupo, cuando este fue reconocido por la diócesis, “con cuyo impulso se transformó de asociación privada en pública”. La entidad contaba además con “una especie de asistente” nombrado por el obispado, entidad que además cedió a los Miguelianos un convento en Nigrán para mudar parte de su comunidad.

Dos guardias civiles, ante la mansión de Oia. (EFE)
Dos guardias civiles, ante la mansión de Oia. (EFE)

De acuerdo con el auto, en marzo de 2003, el entonces obispo de Tui-Vigo, José Diéguez, reconoció la asociación privada de fieles Grupo San Miguel Arcángel, que tres meses más tarde fue admitida por el ministerio en el Registro de Entidades Religiosas. Los estatutos del grupo, que contaba con un sacerdote para ser atendido de forma estable, fueron aprobados en 2007 por el mismo obispo, quien impulsó también la Asociación Pública de Fieles.

En 2009, la asociación consiguió permiso para trasladar la comunidad —las consagradas y los consagrados— al Convento de Vilariño, propiedad de la Diócesis de Tui-Vigo, mientras que en la denominada 'casa madre' quedaban algunos de los consagrados casados y con hijos, las bastones y, de forma esporádica, dos consagrados que estaban en el seminario. Los Miguelianos, añade la jueza y corrobora la Audiencia, colaboraron desde abril de 2010 en la Catedral de Santiago de Compostela en la atención de los peregrinos, con motivo del Año Santo, y en julio de ese año, cuatro consagradas se trasladaron a Bustarviejo (Madrid) para colaborar en una residencia geriátrica. Otros lo hicieron un mes más tarde a Ávila, “en atención a la invitación del obispo de esta diócesis”, donde colaboraron en la residencia sacerdotal “y en otras funciones en servicio del obispo”.

Uno de los cinco autos de la Audiencia Provincial de Pontevedra desbarata la intención del obispado de eludir la responsabilidad civil subsidiaria

Otro de los argumentos que implican al obispado y que se relatan en el auto es el intento de Miguel Rosendo de “encontrar amparo del aparato oficial de la Iglesia católica y, en concreto, del Obispado de Tui-Vigo, a través de la colaboración de su grupo en las actividades y en la satisfacción de las necesidades eclesiásticas, participando en los actos litúrgicos con coros en las iglesias, peregrinaciones a lugares de culto, etcétera”.

Siempre según el relato judicial, en diciembre de 2012, el asistente eclesiástico nombrado por el obispado comunicó al actual obispo, Luis Quinteiro Fiuza, “una serie de irregularidades relacionadas con el funcionamiento de esta asociación que determinaron la realización de una visita canónica en el ámbito interno de la Iglesia para su comprobación”. Quinteiro las trasladó al Consejo Episcopal y comenzó una investigación interna que no concluiría con la supresión de la asociación pública de fieles hasta diciembre de 2014.

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