El interminable fraude de una hermandad millonaria

Durante cinco décadas fueron referencia de la asistencia a los desprotegidos. Tanto es así que hace unos años el Ayuntamiento de Vigo premió al responsable local de los Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres, el religioso José Donaire, con el título de Vigués Distinguido, el más importante que concede la ciudad. Pero detrás de aquella encomiable labor había una cara oculta que irrumpió repentinamente en abril de 2016, cuando los Mossos d’Esquadra detuvieron en Cataluña al tesorero de la orden, Vicente Samán, y se conocía el procesamiento del propio Donaire. La misión fue intervenida por el arzobispado de Barcelona, de la que depende, pero incluso esa decisión no ha mejorado mucho las cosas en una institución sacudida por sucesivos escándalos.

El comisionado Ramón Batlle, recientemente designado por el arzobispado catalán para tomar las riendas de la hermandad, se presentó esta semana en la mansión de la orden en Vigo, en la que reciben atención un centenar de personas, para ofrecer “transparencia” sobre su situación. Su comparecencia ante los medios, en la que no respondió a preguntas, no contribuyó sin embargo a arrojar luz sobre el asunto. Más bien al contrario alimentó las suspicacias, cuando reveló que la investigación interna ha revelado nuevas irregularidades que han sido trasladadas a la Fiscalía y por las que ya se han abierto diligencias previas, pero que no concretó.

Batlle aseguró que la investigación interna ha revelado nuevas irregularidades ya trasladadas a la Fiscalía y por las que se han abierto diligencias

“Se detectaron, una vez entrevistados personal y usuarios de la institución en Vigo, otra serie de irregularidades, algunas de las cuales podrían ser constitutivas de delito”, leyó Batlle. Solo adelantó el comisionado que, además de Donaire, procesado por presuntas irregularidades económicas, puede haber “otros responsables” implicados y que la investigación llegará “hasta el final”. Al que fuera director de la casa de acogida de Vigo se le acusa de adueñarse de la herencia de una mujer con discapacidad. La Fiscalía pide para él una pena de prisión de dos años y seis meses y una multa. Samán afronta la acusación de desviar “importantes cantidades de dinero” a allegados de Perú, país del que es originario, en detrimento del patrimonio de la orden, conocida en Cataluña como los Hermanos Camilos.

Y el patrimonio de la orden, ahora en manos de los arzobispados catalán y gallego, es cosa seria. Por una parte, disfruta de generosas subvenciones de las instituciones públicas para llevar a cabo su valiosa labor: solo la Generalitat de Catalunya les concedió 439.399 euros en 2015 para un centro de inserción laboral. Y además cuenta con toda una fortuna inmobiliaria. En Barcelona se encuentra la casa madre. Se trata de la Torre del Suro, en el Guinardó, una edificación modernista cedida en 1948 por su propietaria a los Camilos. A su lado construyeron la Casa de Reposo San Camilo y más tarde el Taller Escuela Sant Canil. A la mansión-residencia de Vigo se suman otras de menor tamaño en Apens, Tordera, A Coruña y Chincha (Perú). Todos los activos de la congregación pasaron al arzobispado a través de una fundación, creada en septiembre de 2016, en la que participa el obispado de Tui-Vigo.

Expertos en la atención a los desfavorecidos, los hermanos misioneros también se han revelado como experimentados hombres de negocios. Uno de los más sabrosos lo sellaron en 2011 con laXunta de Galicia, que pagó cinco millones de euros, el quíntuple de su tasación inicial, por una edificación en ruinas, el castillo de Pambre, donado inopinadamente a los misioneros dos años antes por el conde de Borraxeiros, su último propietario, fallecido sin descendencia. “Ahora estamos satisfechos porque podremos atender a los enfermos y a los pobres y sanear nuestras cuentas”, se felicitó Donaire cuando cerró el trato.

Las investigaciones que llevaron a las detenciones de abril del pasado año se iniciaron en Barcelona, a raíz de una denuncia del arzobispo Juan José Omella, que previamente intervino la orden y expulsó a Samán de la comunidad. Omella afirmó ya entonces que existían indicios de otras irregularidades “de carácter más moral que económico”, que no especificó. Unas operaciones inmobiliarias realizadas por Samán despertaron los recelos del registro de la propiedad, que emitió un informe negativo por carecer de permiso de la curia barcelonesa y dio aviso al arzobispado. Según fuentes del caso citadas en su día por EFE, el extesorero podría haberse quedado con hasta un millón de euros.

Las investigaciones se extendieron rápidamente a Galicia, donde Samán había residido durante tres años, y fue así como la curia tuvo conocimiento de la existencia de la denuncia contra José Donaire, que fue rápidamente apartado de la misión. Las investigaciones no han permitido averiguar todavía si existe una conexión directa entre los casos del extesorero y el Vigués Distinguido, pero el arzobispado no lo descarta. Las diócesis de Barcelona y Tui-Vigo se han personado en la causa contra Donaire, que sigue en libertad.

Las investigaciones no han permitido averiguar todavía si existe una conexión directa entre los casos del extesorero y el Vigués Distinguido

Además de todas estas irregularidades, los Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres hacen frente a reiteradas acusaciones, estas recientes, de residentes y exusuarios del centro de Vigo. Un grupo de ellos denunció días atrás una caída de la calidad asistencial respecto a la que recibían antes de que la fundación tomara las riendas de la orden, sobre todo relacionada con la alimentación y con el trato a los residentes por parte del personal de la casa de acogida. También aseguraron la existencia de empresas que donan alimentos para los enfermos pobres y que se reparten en paquetes a familias necesitadas para las que ya existe un convenio distinto con el Ayuntamiento de Vigo.

Esas críticas fueron recogidas rápidamente por los grupos municipales de En Marea y del PP, cuya concejal, Elena González aseguró que “algo raro pasa” en la misión. Fueron esas acusaciones las que llevaron a Ramón Batlle a visitar la casa de Vigo para leer un comunicado ante los medios de comunicación. El comisario designado por la diócesis catalana insistió en que esta desea “que todo el patrimonio de la institución siga teniendo la finalidad para la cual fue donado”. Aseguró además que se está llevando a cabo un plan director que contempla el incremento de los medios materiales y humanos “para que los usuarios puedan insertarse en el mundo laboral”. Ese mismo día, uno de los usuarios que encabezó las denuncias era expulsado de la residencia después de agredir a un residente que, aseguró, le acusó de “robar a los pobres”.