Malestar en entidades anticorrupción tras tumbar PP y Vox a su candidato en Antifraude Valencia

Malestar en las asociaciones civiles de lucha contra la corrupción por el bloqueo en la renovación de la dirección de la Agencia Valenciana Antifraude. Los chats internos de las entidades que han promovido la candidatura del actual responsable de Investigación de la entidad, Gustavo Segura, para sustituir a Joan Llinares al frente de la dirección bullían el jueves por la tarde-noche cuando se confirmó el rechazo de Partido Popular y Vox a su nombramiento. Segura era el único candidato que se presentaba al puesto, después de que la Mesa de las Cortes, atendiendo a un informe del letrado de la Cámara, excluyese del proceso a Eduardo Beut, exdirector de la Agencia Tributaria en Valencia. Beut había sido propuesto por la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública (AEGAP), que no reunía el requisito legal de trabajar contra la corrupción y el fraude que marca la actual ley autonómica para proponer al máximo responsable de la Agencia.

Descartado Beut, Gustavo quedaba como única opción a votar por los grupos parlamentarios. Llegaba avalado por tres entidades, la Acción Cívica Contra la Corrupción, Observatori Ciutadà contra la Corrupció y Fundación por la Justicia, esta última presidida por José María Tomás y Tío, un histórico de la judicatura en Valencia. Como magistrado, llegó a ejercer de juez decano y presidió la sección segunda de la Audiencia Provincial, hasta su jubilación en diciembre de 2021.

El rechazo a Segura, secundado por el PP y que Vox ha justificado por el carácter "continuista" de su candidatura y el sesgo "ideológico" de alguna de las entidades que lo proponían, en referencia básicamente al Observatori contra la Corrupció, obliga a reiniciar todo el procedimiento. Y lo hace en un momento en el que se está tramitando por vía de urgencia una nueva ley de la Agencia Valenciana Antifraude que permitirá a los dos socios de gobierno en la Generalitat esquivar los consensos y elegir por mayoría absoluta al sustituto del órgano de vigilancia del cumplimiento de la legalidad en la Administración autonómica y en los ayuntamientos valencianos.

TE PUEDE INTERESAR

PP y Vox cambian la ley para elegir la TV valenciana y Antifraude sin mayoría cualificada

Víctor Romero. Valencia

El nuevo texto reduce la necesidad del consenso transversal entre los grupos si no se reúne una mayoría cualificada en primera votación. En la práctica, los populares de Carlos Mazón y los ultraconservadores podrán designar al nuevo director sin contar con el acuerdo de la oposición. Llinares, cuyo mandato finaliza el lunes, fue elegido por unanimidad. Su gestión ha sido controvertida. La Agencia no ha mirado colores políticos a la hora de emitir informes sobre irregularidades en la gestión pública, siendo los más numerosos contra decisiones de dirigentes de los gobiernos de izquierda, mayoritarios en la Comunidad Valenciana hasta el pasado 28 de mayo de 2023, cuando fueron sustituidos por coaliciones PP-Vox. También el PP ha recibido tirones de orejas.

Llinares, sin embargo, no ha sido crítico con el cambio legal. Cree que eliminar las mayorías cualificadas del requisito de elección del director puede servir para superar situaciones de bloqueo y que lo importante es acertar con la evaluación del profesional elegido. Pero el descarte de Segura ha decepcionado al todavía director de la Agencia, según ha trasladado a personas de su entorno. Considera que ha primado la batalla política y no se ha cumplido con el procedimiento de evaluar al candidato, dictaminar sobre su profesionalidad, experiencia, probidad y el programa presentado.

TE PUEDE INTERESAR

Un inspector de Hacienda con vínculos con Zaplana opta a dirigir Antifraude Valencia

Víctor Romero. Valencia

Las organizaciones proponentes de Segura lamentan que el perfil profesional no haya sido el elemento sobre el que girase el debate para renovar la dirección de la Agencia. Pero no solamente entidades directamente implicadas en el proceso han mostrado malestar. También la Fundación Hay Derecho sospecha de "una maniobra para intentar controlar la dirección de la Agencia" con el cambio legal. "Una sensación de que no lo querían (a Segura) porque quieren poner a otro. No hay argumentos de fondo. Sospechamos de un deseo de controlar por la puerta de atrás para poner a una persona más dócil", señala, en declaraciones a El Confidencial, Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho y abogada del Estado en excedencia.

Esta organización, que agrupa a juristas y expertos en Derecho, se define como defensora de la legalidad, de la regeneración institucional y contra la corrupción. No puede tildarse, precisamente, de partidista. El año pasado promovió una recogida de firmas contra la ley de amnistía para los líderes independentistas. También es la fundación que recurrió el nombramiento de la exministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, anulado por el Tribunal Supremo.

TE PUEDE INTERESAR

Antifraude confirma irregularidades en los concursos de ITV y plan eólico del caso Zaplana

Víctor Romero. Valencia

De la Nuez considera "sospechoso" que se pretenda cambiar la forma de elección de la cúpula de una agencia que "ha funcionado bien". La Fundación Hay Derecho emitió el pasado mes de enero, cuando se presentó el proyecto de nueva ley, un comunicado a raíz de declaraciones del portavoz del PP, Miguel Barrachina, en las que cuestionaba su labor, y del portavoz de Vox, José María Llanos, en las que incluso abogaba por su desaparición, como ha ocurrido en Baleares por decisión de PP y Vox.

"La Agencia Valenciana Antifraude es un referente a nivel nacional y europeo en la lucha contra la corrupción y para la protección de quienes la denuncian. En su manual de buenas prácticas en la lucha contra la corrupción, publicado en febrero de 2023, la Comisión Europea eligió a la Agencia Valenciana como un caso de buenas prácticas en España", afirmaba la Fundación Hay Derecho. "Toda actuación que pretenda su captura política o reducirla a la irrelevancia o incluso directamente cerrarla tiene que ser denunciada con contundencia por los ciudadanos y la sociedad civil como un retroceso enorme en la lucha contra la corrupción", recalcaba Elisa de la Nuez.