La Audiencia de Valencia obliga a finalizar la investigación del caso del hermano de Ximo Puig

La investigación sobre las subvenciones públicas recibidas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se aproxima a su fin. La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado a través de un auto fechado el pasado 13 de abril el cierre de la instrucción tras atender los recursos de los investigados, tanto de Francis Puig como del director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y el empresario de medios de comunicación en Castellón, Enrique Juan Adell Bover. Todos ellos recurrieron la decisión de juzgado de instrucción del pasado 26 de enero de ampliar otros seis meses la instrucción argumentando que no habían tenido la posibilidad de alegar contra esa decisión como marca la norma.

El juzgado solamente dio trasladado a la Fiscalía para que se pronunciase sobre la prórroga. Ese error procesal ha provocado ahora que la Audiencia considere inválido el auto de ampliación y aplique el criterio de que cualquier investigación judicial se desarrolle en un plazo máximo de 12 meses desde la incoación de la causa, por entender que la nueva prórroga que se planteaba se produce ya fuera de los límites legales.

El cierre del procedimiento no quiere decir que la causa esté archivada, sino que el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia no podrá ordenar nuevas diligencias, pero sí recibir las que ya tiene en marcha. Será entones cuando deba tomar la decisión de archivar o dictar autos de procesamiento. El instructor tiene pendiente recibir tres informes clave para saber si hay o no indicios suficientes para enviar a los investigados al banquillo por fraude en subvenciones o falsedad documental, como sostenía el Partido Popular en la querella que dio origen al procedimiento.

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Víctor Romero. Valencia

Las intervenciones de la Generalitat Valenciana y la de Cataluña deben remitir sendos informes tras hacer un análisis de las justificaciones del gasto presentadas por las empresas que recibieron las ayudas públicas, casi todas ellas relativas al fomento del valenciano o el catalán en medios de comunicación.

El fraude en subvenciones se tipifica cuando la justificación irregular de gastos por las ayudas supera los 120.000 euros por ejercicio. Los fondos bajo la lupa de los investigadores de las empresas del hermano del presidente valenciano, que han seguido concurriendo a convocatorias de ayudas pese a la investigación judicial, ascienden a algo más de 600.000 euros. Queda conocer si, según la Intervención, estas ayudas están bien justificadas. Eso es lo que tienen que determinar las responsables de la fiscalización económica de las dos administraciones, valenciana y catalana, si las cuantías están justificadas adecuadamente y si las que no lo estén alcanzan el umbral de la tipificación penal.

Hay pendiente por completar también un tercer informe de la Guardia Civil de análisis de las facturas. La Benemérita, que está ejerciendo el rol de Policía Judicial, ya emitió un primer estudio en el que no fue capaz de determinar la existencia de responsabilidad penal, aunque apuntó a posible falsedad en algunas facturas. La orden del instructor fue que las empresas investigadas, Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat o Kriol Produccions, entregasen toda su documentación mercantil de los años investigados. Las defensas insisten en que no se ha acreditado hasta ahora ninguna irregularidad penal y reclaman el sobreseimiento.