Absuelven al alto cargo de Compromís por la revisión de las ayudas al hermano de Puig

La Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto al director general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación, Rubén Trenzano, del delito de falsedad de documento público. Trenzano, ligado a Compromís, fue denunciado por la ahora exsecretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz, al contestar en una respuesta parlamentaria que las empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, había superado los controles y "presentaron la justificación de gastos realizados en el plazo establecido en las respectivas convocatorias" de subvenciones a la promoción del valenciano de las que resultaron beneficiarias.

La sentencia, que se ha conocido este viernes, considera "acreditado" que se realizó la comprobación administrativa de la concesión de la subvención en cada una de sus fases (solicitud, justificación y pago) y la comprobación material se realizó en el trámite de justificación. "Tras el escrito de Eva Ortiz se comprobó de nuevo todo el expediente de la subvención respecto de las empresas a las que se refería la sindica del grupo parlamentario popular. Y posteriormente se aprobó un nuevo plan de control estableciéndose el criterio del riesgo para poder comprobar de nuevo a las citas empresas", señala el fallo sobre el proceder del alto cargo de la Conselleria de Educación cuando los populares comenzaron a preguntar por los expedientes de Francis Puig por la vía parlamentaria.

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EFE

En este sentido, los magistrados señalan que "no se ha acreditado que en el escrito del 6 de abri de 2018 se recojan hechos inveraces". "No concurre, respecto del delito que se imputa al acusado el elemento objeto de cometer la falsedad. Es decir la alteración o mutación de la verdad en un documento público u oficial", insisten para justificar la absolución.

Trenzano se sentó en el banquillo por la vía penal por decisión judicial y pese a la oposición de la Fiscalía, que llegó a reprochar a la denunciante Ortiz y a la acusación popuar representada por el Partido Popular "mala fe" en su demanda para justificar una "persecución con fines políticos". "Dar relevancia jurídico penal a esto me parece ridículo. Si Trenzano tuviera que revisar todas las actuaciones de los técnicos no tendría tiempo, tiene que poner a gente de confianza. No es un técnico en derecho", señaló el fiscal en excrito de conclusiones.

El juicio se produjo el pasado mes de septiembre tras un primer sobreseimiento que fue revocado por la misma Audiencia Provincia tras finalizar la fase de instrucción.

Aunque las empresas para las que trabaja el hermano de Puig superaron los controles administrativos en las ayudas al valenciano, no ocurrió lo mismo con las mercantiles de otras personas de su entorno. La Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà (Compromís) puso en marcha en noviembre de 2019 procedimientos para recuperar casi 200.000 euros de fondos públicos entregados a las empresas Kriol Producciones y Canal Maestrat, vinculadas a los hermanos Juan y Enrique Adell Bover. Ambos han mantenido relaciones comerciales con Francis Puig y, de hecho, los tres han sido expedientados por Competencia por intentar pactar precios en un concurso de corresponsalías de la televisión autonómica A Punt.

No obstante, Educación no halló irregularidades en las ayudas a empresas que sí son propiedad directa de Francis Puig, Mas Mut Producciones y Comunicacions dels Ports, cuyos planes de control resultaron "favorables".

La Fiscalía reclamaba condena en costas para la acusación popular por "mala fe", aunque esta petición no ha sido atendida por el tribunal presidido por Concha Ceres. El PP, a través de la diputada Eva Ortiz, anunció que presentarán recurso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.