El 'exconseller' Serafín Castellano pone rumbo a juicio por los amaños del cártel del fuego

La investigación sobre el conocido como cártel del fuego ha llegado a su fin. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a 32 personas por formar una organización criminal que presuntamente amañó las adjudicaciones y contratos de extinción de incendios en distintos puntos de España mediante la corrupción de funcionarios, entre ellas el 'exconseller' de la Generalitat Valenciana y exdelegado del Gobierno Serafín Castellano.

El juez entiende que los hechos son susceptibles de delitos de organización criminal, alteración de precios en contratación pública, cohecho, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias y exacciones ilegales. En cuanto a Castellano, que ocupó la cartera de Sanidad entre 2003 y 2007 y la de Justicia entre 2007 y 2014, apunta a que recibió regalos por valor de 163.736,02 euros.

“Ha quedado suficientemente acreditado que un grupo de personas y entidades, actuantes en el sector de la navegación aérea para extinción de incendios, con ánimo de lucro y mediante múltiples ardides y mecanismos, se han venido concertando para alterar los términos de la normal concurrencia en los procesos de contratación y adjudicación pública e igualmente que, para ello, se vino corrompiendo, mediante compensaciones económicas, a múltiples funcionarios y autoridades intervinientes en la adopción de decisiones inherentes a los procesos de contratación o del control y ejecución de lo contratado”, sostiene el magistrado en su auto.

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Según advierte, los empresarios y sus compañías se repartían para ello el mercado y los procedimientos de contratación, hasta el punto de celebrar reuniones para decidir qué sociedades concurrían, en qué zonas y con qué turnos, así como las compensaciones económicas que correspondían a cada parte en función de la decisión final. El auto apunta, además, a que estos acuerdos afectaban también a otros países y en alguna ocasión provocaron que los concursos quedaran desiertos, lo que se traducía en un posterior incremento del precio de licitación al tener que optar las administraciones por un procedimiento negociado sin publicidad.

En casos como el de la Comunidad Valenciana, donde se han constatado las principales infracciones, la Intervención General de la Administración del Estado apunta a que se concertaron contratos por más de 151,5 millones entre 1999 y 2017. El auto destaca en este sentido cómo se acordaba la exclusiva concurrencia a los concursos de la empresa valenciana Avialsa, vinculada al también investigado Vicente Huerta Domínguez: "Realizó por diversos medios, en favor de funcionarios o autoridades, entregas de metálico o regalos consistentes en vehículos, cacerías, armas de fuego y accesorios, relojes y joyas, estancias en establecimientos hoteleros...", explica el auto.

Otro de los principales investigados es Dámaso Castejón Amenedo, quien gestionaba Asociación Española de Compañías Aéreas y "contribuyó también el uso instrumental" de la misma. Todo ello mediante "actuaciones, decisiones o comportamientos, injustos, injustificados, arbitrarios" por parte de la organización: incrementando el gasto en favor de los concertados, permitiendo prórrogas o modificaciones contractuales indebidas, aprobando facturaciones incorrectas, favoreciendo a determinadas personas...