La Junta suspende al funcionario que denunció ‘el cartel del fuego’ andaluz

El Gobierno andaluz ha suspendido al funcionario que denunció ante los tribunales el llamado ‘cartel del fuego’ en la comunidad autónoma. Su denuncia motivó una investigación judicial en la que ya hay un ex director general y otros cinco funcionarios imputados en Andalucía. La Audiencia Nacional habla de una trama de 250 millones de euros en toda España.

La Junta ha explicado que el “expediente disciplinario” abierto a este empleado público es una “medida cautelar” adoptada tras la denuncia de acoso de una compañera. Esta elevó además un escrito reclamando al Gobierno andaluz que “se actuara lo antes posible”, confirman fuentes de la Consejería de Medio Ambiente. No acudirá a su puesto de trabajo hasta que no se resuelva el caso y no está suspendido de sueldo, añaden desde el Ejecutivo.

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El Confidencial

La instrucción en el juzgado número 8 de Sevilla es la encargada de la vertiente andaluza de una trama que afecta a empresas aéreas acusadas de amañar concursos de lucha contra los incendios en España. Otro juzgado de Valencia investigaba y se inhibió ante la Audiencia Nacional.

España y Portugal

Además de en Andalucía y Valencia, hay presuntos concursos amañados en Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón. La supuesta mafia empresarial podría extenderse también a Portugal.

Hay 14 empresas investigadas por supuestamente alterar los precios de aviones y helicópteros en contratos con las administraciones públicas que habían privatizado los servicios de extinción de incendios. Según una investigación publicada por CTXT, hay cuatro grandes empresas españolas de extinción de incendios: Avialsa, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao. Con el tiempo, a estas se les unirían otras dos, Compañía de Extinción General de Incendios SA (Cegisa), que incluía el conglomerado de Inaer, ambas, hoy, como filiales del gigante Grupo Habock, y Transportes Aéreos Extremeños SL. Estas formaban el llamado 'Grupo 6' y sumarían hasta un total de 14 empresas, agrupadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA).

El conglomerado empresarial tuvo su origen en la localidad cordobesa de Palma del Río, donde estas empresas podrían haber firmado una especie acuerdo de colaboración, según investigan los tribunales, con el que se repartían el mapa de España y los concursos públicos acordando precios con grave perjuicio para las arcas públicas.

El funcionario andaluz denunció irregularidades en el Plan Infoca en noviembre de 2015

El Gobierno andaluz insiste en que el expediente disciplinario abierto al trabajador, que denunció el caso el 9 de noviembre de 2015, “no tiene nada que ver con su suspensión” y sí sigue “el protocolo de acoso” que rige en la Administración cuando hay denuncias.

El funcionario que este jueves fue apartado de sus funciones, Jaime González Díaz, trabajaba en el servicio de contratación de la Consejería de Medio Ambiente. Su denuncia apuntó a una serie de irregularidades en los contratos del Plan Infoca de extinción de incendios 2015-2018.

En la Junta de Andalucía están imputados el jefe de contratación de la Consejería de Medio Ambiente, Antonio Martínez, el director general de Medio Natural, Javier Madrid, el director del Infoca, Ernesto Esteso, que dimitió, el subdirector del Infoca, Manuel Delgado, una asesora de este organismo, Dolores López, y el interventor de la consejería, Ángel Francisco Pérez. Entre los empresarios figuran Miguel Ángel Tamarit y el vicepresidente de Faasa, Gustavo Almagro.

El funcionario suspendido no ha querido hacer declaraciones a este medio porque la asociación de Ecologistas en Acción es la que dirige su comunicación y estos emplazan a una rueda de prensa, según explicó a este periódico. Fuentes de la consejería confirmaron que el trabajador recibió el aviso esa misma mañana y fue invitado a no volver a ocupar su puesto de trabajo al día siguiente. La Junta de Andalucía no ofreció más detalles sobre el tipo de acoso denunciado y se limitó a confirmar que había una denuncia de una compañera de la Consejería de Medio Ambiente.