El Consell valenciano y Caixa asumen el roto de una fundación ligada a Pedro Morenés

El Instituto Valenciano de Finanzas ha alcanzado un acuerdo con CaixaBank para dar carpetazo a los litigios que mantenían entre ellos y asumir al 50% la deuda de 3 millones de euros que generó los créditos fallidos que avalaron en 2006 a la fundación Aulamar, una entidad sin ánimo de lucro vinculada a Pedro Morenés, exministro de Defensa con el Partido Popular entre 2011 y 2016.

La Fundación obtuvo, entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006, varios préstamos del programa Profit, concedidos por el Ministerio de Educación y Cultura (495.819 euros y 254.977 euros respectivamente) y por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (810.465 euros) para transformar el barco pesquero Gure Izar en un buque escuela adaptado para discapacitados. El proyecto fue impulsado por Morenés, que en aquellos años era secretario general del Círculo de Empresarios, consejero del fabricante de armas Instalaza SA y presidente de la citada fundación, que estaba asociada al Clúster Marítimo Español (CME), una patronal que aglutina a empresas industriales navales, muchas de ellas proveedoras de la Armada española.

Morenés participó en las negociaciones para obtener la financiación para el proyecto, pero necesitaba los avales necesarios ante los ministerios. Aprovechando las buenas relaciones que mantenía con integrantes del Consell de Francisco Camps, trató de que el Instituto Valenciano de Finanzas respaldase los préstamos. El extitular de Defensa había coincidido en el Ministerio del Interior, como secretario de Estado de Seguridad entre 2000 y 2002, con el fallecido Juan Cotino, que en esos años era director general de la Policía Nacional. El hecho de que la fundación estuviese domiciliada en Madrid complicaba la suscripción de la garantía financiera. Finalmente, fue Bancaja, entonces presidida por José Luis Olivas, la que otorgó el aval, pero exigió un contraaval a su favor al banco público de la Generalitat valenciana.

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Víctor Romero. Valencia

En teoría, como entidad sin ánimo de lucro, Aulamar se financiaba con aportaciones altruistas de empresas del sector marítimo. Sin embargo, nunca afrontó la devolución de los créditos gubernamentales. En 2009, el Ministerio de Industria realizó novaciones de las condiciones ampliando plazos de carencia. A partir de 2016, la Administración central comenzó el proceso de ejecución de los avales. Bankia ya había absorbido a Bancaja, y el Instituto de Finanzas tuvo que calificar como "dudosos" los avales vencidos de la Fundación Aulamar, tal como relató El Confidencial en 2019.

Ese conflicto sobre quién tenía que asumir el agujero de la morosidad de Aulamar ha permanecido abierto hasta hace muy pocos días. Bankia, ahora CaixaBank, pretendía que el IVF afrontara en solitario el pago como contraavalista. Pero el instituto público sostiene que las novaciones que se llevaron a cabo en los créditos concedidos por el Gobierno central a Aulamar no se le habían notificado y que, por tanto, la obligación que vinculaba a la entidad en virtud de los contratos de aval se había extinguido, explican desde la entidad. Ante la imposibilidad de acuerdo, Bankia formuló demanda de ejecución a la que el IVF se opuso.

"Durante el proceso, se propuso por parte del Instituto de Finanzas el pago del 50% de la deuda generada por cada una de las partes. En esta negociación, CaixaBank se ha mostrado conforme con la cancelación de la total responsabilidad del IVF por razón de los avales reafianzados a Fundación Aulamar contra el pago de 1.572.272,82 euros. Desde el IVF se consideró favorable este acuerdo, en la medida en que no pagará intereses o comisiones y únicamente atenderá el 50% de la cuantía reclamada y consignada judicialmente, y habida cuenta de la complejidad y los riesgos que puede acarrear iniciar un proceso de declaración abusiva de reafianzamiento", señalan desde la entidad financiera autonómica.

Según Manuel Illueca, director general del IVF, su entidad ha tratado de proteger los derechos de la ciudadanía "ante un nuevo pufo del PP que tenemos que pagar el Consell del Botànic. Pero gracias a la capacidad de negociación del IVF, hemos logrado que las arcas públicas únicamente tengan que responder de la mitad de la deuda generada por el aval, y hemos ahorrado a los contribuyentes valencianos 1,5 millones de euros". "Aunque es una buena noticia, la realidad es que nos toca hacer frente al pago de 1,5 millones de euros por un nuevo aval sin justificación y fallido de los muchos que en la época del anterior ejecutivo se dieron a amigos y conocidos".

Sin noticias del Gure Izar

"Estamos nuevamente ante uno de los casos oscuros que salpicaron la gestión del anterior ejecutivo en la Comunidad Valenciana. El IVF no podía avalar el crédito a Aulamar, ya que se trataba de una fundación radicada fuera de la Comunidad Valenciana, concretamente en Madrid", explicó Illueca. "La solución que se orquestó, en este caso, fue que el crédito lo avalara Bancaja y que el IVF lo contravalara. Se trata de un pufo dirigido a beneficiar a intereses particulares. De hecho, la fundación no tiene ya actividad y no se sabe nada del barco. En este caso, los intereses de la ciudadanía valenciana nunca fueron una prioridad y se utilizó el dinero público de la Comunitat Valenciana para que alguien bien relacionado pudiera llevar a cabo sus negocios", lamentó el directivo.

La web de la Fundación Aulamar sigue activa, aunque sin actualizar. El barco Gure Izar iba a tener base en Bilbao y Valencia, para navegar por el Cantábrico en verano y por el Mediterráneo en invierno. Sin embargo, los buscadores de navíos sitúan su última ubicación en el puerto de Cartagena en 2016. Es muy probable que haya sido rematriculado con otro nombre. El número de teléfono que figura en la página de Aulamar ya no existe y el destino actual del Gure Izar es una incógnita.