La Delegación del Gobierno pide retirar los bloques de hormigón que bloquean Peñíscola

Numerosos pueblos costeros, desde la provincia de Huelva hasta Castellón, han colocado en las vías de acceso a sus municipios bloques de hormigón o montañas de tierra para aislar sus localidades e impedir que los que no viven allí habitualmente acudan a su segunda residencia. También han colocado este tipo de medidas de profilaxis algunas localidades del interior de la Península, como Navas del Marqués, en Ávila.

En teoría, las órdenes de bloquear las entradas de pueblos, como por ejemplo la conocida Peñíscola, han partido de los alcaldes. La iniciativa sobre el papel no es mala. Al impedir el acceso, se disuade a los viajeros, se evitan desplazamientos y al mismo tiempo se traslada a los empadronados la tranquilidad de que se están controlando las llegadas. Sin embargo, al mismo tiempo, se genera un riesgo enorme.

“Imagina que vas conduciendo tu coche por la noche, no ves los bloques y te estrellas”, apunta la abogada penalista Bárbara Royo. “En mi opinión, la responsabilidad penal recaería en el consistorio, pero no solo eso. El hecho en sí de colocar los bloques de hormigón puede ser un delito”. Acude al artículo 385 del Código Penal para justificar su opinión: “Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años el que originare un grave riesgo para la circulación colocando en la vía obstáculos imprevisibles”.

El mismo enfoque ha tenido la Delegación del Gobierno de Valencia, que el jueves al mediodía, en cuanto tuvo conocimiento de la iniciativa desplegada por el Ayuntamiento de Peñíscola, envió una orden inmediata que reza así: “Se ha tenido conocimiento en esta Delegación, mediante informe recibido de la Guardia Civil, que en ese municipio se han instalado vallas y bloques de hormigón en la vía pública que impiden el libre acceso a la ciudad. En tanto que tales restricciones no están contempladas en el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, ni tampoco en la normativa que se ha dictado a su amparo, así como tampoco se han colocado como ejecución de las órdenes directas procedentes de la autoridad competente, rogamos se proceda a su inmediata retirada antes de las 20 horas de este jueves, lo que será comprobado por la Guardia Civil”.

La orden lleva aparejado un apercibimiento. La Delegación advierte de que si el consistorio no obedece sus instrucciones pedirá de urgencia ante los tribunales de justicia que se cumpla la legalidad y también anuncia que informará a la Fiscalía de la actuación del consistorio por si la colocación de bloques fuese constitutiva de delito.

Desde el ayuntamiento, dicen estar “sorprendidos” y se han negado a la retirada de los bloques de hormigón, porque aseguran que es falso que se “impida el libre acceso” y tampoco que se incumpla el real decreto. De hecho, acusan a la Delegación del Gobierno de Valencia de poner en peligro el control de accesos a la localidad y para finalizar ruegan que reconsidere la orden dictada y la anule. A la espera de la respuesta, los bloques de hormigón siguen colocados bloqueando algunas vías de acceso.