"El dinero b de Valencia se trasladaba a Madrid"

Correa confiesa que cobró en B campañas de Camps y en las generales de Rajoy de 2008

El cabecilla de la Gürtel, que busca un pacto con la Fiscalía, admite la financiación irregular del Partido Popular valenciano, y deja a los pies de los caballos a Ricardo Costa y a Vicente Rambla

Foto: Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Los tres están procesados por la financiación ilegal del PP valenciano.
Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Los tres están procesados por la financiación ilegal del PP valenciano.

"Existía una caja B que la controlaba yo". Con frases tan contundentes está intentando el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para afrontar a partir del lunes en la Audiencia Nacional el juicio en que el Partido Popular de Francisco Camps se sienta en el banquillo por financiarse de forma ilegal y colaborar en una trama de falsificación documental y delitos contra la Hacienda pública. El acusado se ha sumado así a las confesiones efectuadas el año pasado por distintos empresarios para rebajar sus penas y que han dejado en evidencia que los populares acudieron a las elecciones autonómicas de 2007 dopados hasta las cejas de fondos irregulares y que emplearon, además, este tipo de recursos irregulares para pagar actos multitudinarios celebrados en la Comunidad Valenciana por la candidatura de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno.

La confesión de Francisco Correa.
La confesión de Francisco Correa.

En el escrito, fechado el 8 de enero y firmado por uno de los letrados del acusado, Correa explica que los actos electorales y otros eventos prestados por la empresa Orange Market al PP valenciano se abonaron de tres maneras: "Mediante facturas correctas, mediante pagos en B y mediante facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas". "No puedo conocer los detalles de tales operaciones, pero sí estaba al corriente de que se nos pagaba de esa forma. Álvaro Pérez se dedicaba a la captación de los eventos y su desarrollo y Pablo Crespo era quien supervisaba desde Madrid, con Cándido Herrero, los costes de los eventos y los trabajos", afirma abiertamente en el documento remitido al juzgado, al que ha tenido acceso El Confidencial.

Francisco Camps, en el llamado 'juicio de los trajes' del que salió absuelto. Detrás, el que fuera secretario general del PPCV Ricardo Costa. (EFE)
Francisco Camps, en el llamado 'juicio de los trajes' del que salió absuelto. Detrás, el que fuera secretario general del PPCV Ricardo Costa. (EFE)

"El dinero B de Valencia se trasladaba a Madrid. Existía una caja B que la controlaba yo. A través de esta fue como Álvaro Pérez cobró durante un tiempo en B hasta que se solucionaron sus problemas fiscales", sigue explicando. El acusado, que cumple en la actualidad en la prisión de Valdemoro una pena de 13 años por participar en el amaño de contratos de la Agencia Valenciana de Turismo en Fitur, admite que su confesión busca alcanzar un acuerdo para que le sean concedidos "los beneficios legales que ello conlleva". Para ello no duda en admitir como reales todas las acusaciones lanzadas por la Fiscalía Anticorrupción ("son ciertos todos los hechos", dice) y señalar, además, a Francisco Camps como responsable de la contratación de Orange Market: "La mercantil Orange Market se creó porque dejamos de trabajar para el PP en la sede de Génova en Madrid. Álvaro Pérez tenía un contacto que le presentó a Francisco Camps, quien le propuso hacer eventos para el PP de Valencia".

No obstante, Camps no está procesado en este procedimiento, cuyo juicio oral comienza el próximo lunes 15 en la Audiencia Nacional. Son todos sus lugartenientes los que van a sentarse en el banquillo junto a Correa, Pérez, Crespo y un grupo de empresarios responsables de empresas contratistas. Ricardo Costa y David Serra, como secretario general y vicesecretario del PPCV, respectivamente, están acusados de delito electoral, falsificación y contra la Hacienda pública, y la Fiscalía pide para ellos siete años y nueve meses de cárcel. La misma pena solicita para el que fue vicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla, a su vez director de la campaña de Camps en 2007.

Actos del PP de las generales de 2008 financiados de forma ilegal, según Anticorrupción.
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Actos del PP de las generales de 2008 financiados de forma ilegal, según Anticorrupción.

Anticorrupción sostiene que colaboraron en la trama de facturación y financiación irregular de actos electorales, en la que participaron empresarios como Vicente Cotino (Sedesa), Enrique Gimeno (Fobesa), Gabriel Batalla (Lubasa) o los hermanos Martínez Berna. Todos ellos han firmado acuerdos de conformidad con la Fiscalía para evitar la cárcel, por lo que la situación del resto de procesados es realmente complicada. Esto explicaría el afán de Correa por alcanzar un acuerdo y no acumular condenas a la que ya tiene. Aunque Correa no cita las campañas en cuestión en su escrito, los actos que Anticorrupción pone en duda (y que ahora el cabecilla de Gürtel refrenda) incluyen tanto eventos ligados a la campaña de las autonómicas como las generales de 2008, en las que Mariano Rajoy trató de asaltar La Moncloa por segunda vez. Uno de los actos financiados de forma irregular fue el central celebrado en la Plaza de Toros de Valencia.

Costa quiere que vaya Rajoy

De momento, el resto de acusados no se ha pronunciado. Ricardo Costa sí ha solicitado la testificales que ya reclamó durante la fase de instrucción y que le fueron denegadas por el juez. El pequeño de los hermanos Costa quiere que Mariano Rajoy acuda como testigo para explicar que el Partido Popular tiene una contabilidad centralizada y un CIF único, por lo que él no puede ser responsable de los movimientos económicos que realizaba la formación política.

Francisco Correa descarga sobre sus subordinados la gestión de esos cobros irregulares. Señala especialmente al exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín. "Es cierto cuanto se afirma en el escrito de acusación respecto a la creación de Orange Market. Esta pasó a ser controlada por José Ramón Blanco Balín a través de la mercantil Hator Consulting. Blanco Balín se ocupó de la contabilidad y de la fiscalidad de la empresa. Entiendo que la ocultación de ingresos y la creación de facturas ficticias de gastos las realizaría él o una persona a su cargo. Yo nunca me ocupé de las declaraciones tributarias", dice para tratar de exculparse del delito contra la Hacienda pública.
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