las consecuencias de la infrafinanciación

Valencia está al borde de ser intervenida por Montoro por su morosidad con proveedores

La infrafinanciación y la ausencia de periodificación en los pagos del FLA ponen al límite los plazos de abonos a proveedores y contratistas. Murcia ya supera los 60 días.

Foto: Ximo Puig y Cristóbal Montoro, la semana pasada, en la reunión que ambos mantuvieron en el Ministerio de Hacienda. (EFE)
Ximo Puig y Cristóbal Montoro, la semana pasada, en la reunión que ambos mantuvieron en el Ministerio de Hacienda. (EFE)

Los proveedores y contratistas de la Administración son los paganos olvidados de los territorios infrafinanciados. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de 2012 fijó los límites para hacer digerible la morosidad pública tras la oleada de quiebras masivas durante los años más duros de la crisis económica. Pero la nueva norma está lejos de poder ser cumplida por todos sus protagonistas. Es el caso de las autonomías que sufren problemas de financiación por el desajuste entre el reparto de fondos del sistema y el gasto que generan las competencias que tienen que asumir. El último balance de seguimiento del periodo de pago a proveedores (PMP), publicado este lunes por el Ministerio de Hacienda, refleja que los dos territorios peor financiados, Murcia y la Comunidad Valenciana, son los que más problemas están teniendo para afrontar el desembolso de sus facturas y se han situado ya en situación de alerta de intervención por parte del departamento que dirige Cristóbal Montoro.

Hacienda activa las alertas cuando los periodos de pago superan los 30 días que marca la legislación. El pasado mes de agosto, el plazo medio para el conjunto de las administraciones territoriales fue de 28,25 días, un 21% superior al del mes anterior. Pero la cifra no deja de ser una media. La realidad es que proveedores y contratistas se sienten mejor o peor tratados en función del domicilio de su cliente. Mientras en Asturias o Castilla-La Mancha cobran en menos de ocho días, en Murcia la media es de 63 días y en Valencia, se acerca a los 57 días. Cuando el plazo supera los 60 días durante dos meses seguidos, la Ley de Estabilidad contempla una intervención de los ingresos de las administraciones incumplidoras por parte del ministerio, que pasa a hacerse cargo del pago de las facturas.

Esto es lo que ocurrió el año pasado con Aragón y Extremadura, ambas gobernadas por el PSOE. Sus cuentas fueron intervenidas tras las demoras reiteradas en el pago a sus proveedores de obras y servicios. Hacienda embargó ingresos de los fondos de financiación destinados a cubrir esas facturas. Esto les permite aparecer ahora como cumplidoras, con plazos de pago por debajo de los 30 días que marca la ley, pero a costa de haber perdido autonomía en la gestión de su tesorería. Montoro levantó las sanciones el pasado mes de abril tras constatar los "esfuerzos" realizados por ambos ejecutivos para ajustar sus pagos.

Hacienda toma el control de las facturas y embarga ingresos cuando se acumulan dos meses con pagos a proveedores con plazos superiores a 60 días

La posibilidad de ponerse al día, tanto en objetivos de estabilidad presupuestaria como en su deuda comercial, es más complicada en el caso de territorios con problemas estructurales de financiación, como son la Comunidad Valenciana y Murcia, que ha llegado a acumular plazos de hasta 76 días y está bajo el radar del ministerio desde hace meses. La Conselleria valenciana de Hacienda justifica la morosidad en los problemas de suficiencia financiera y las carencias de liquidez en comparación con otras autonomías, pero también en los retrasos a la hora de recibir anticipos de liquidación presupuestaria y el llamado FLA extraordinario, que cubre gasto no financiado de 2016 que se traslada a 2017. A 30 de junio de 2015, entre anticipos y FLA extraordinario, el Gobierno inyectó 2.646 millones a la Generalitat valenciana; en 2016, en el mismo periodo, 1.943 millones, y este año, en el primer semestre, 494 millones. Este retraso provoca la acumulación de facturas, según las mismas fuentes.

Plazos de pago a proveedores en agosto de 2017. (Ministerio de Hacienda)
Plazos de pago a proveedores en agosto de 2017. (Ministerio de Hacienda)

La Generalitat valenciana va arrastrando obligaciones de pago de un año para otro y se declara incapaz de cubrir los compromisos de pago en plazo. "El FLA extraordinario son 836 millones de euros y miles y miles de facturas. Nos hemos cansado de reclamar al ministerio que, para una gestión ordenada de la Tesorería, es necesario que se periodifiquen los anticipos de la liquidación de dos años antes y el FLA, tanto el ordinario como el extraordinario. Si no, el ministerio lo que hace es dañar a los proveedores valencianos con una política insensible a los problemas de infrafinanciación que el propio ministerio reconoce y que avalan sus técnicos. Esta es una situación perversa, generada por el propio Ministerio de Hacienda, que no tiene ningún sentido", explican desde el departamento que dirige Vicent Soler para justificar el incremento de la morosidad, que ha aumentado en más de 12 días en el último trimestre.

Montoro es perfectamente consciente de la precariedad financiera en la que se mueven la Comunidad Valenciana y Murcia. Pero el Gobierno de Mariano Rajoy ha metido en el congelador la reforma del sistema de financiación autonómica porque no quiere abrir el melón en plena crisis soberanista en Cataluña. Barones territoriales como el valenciano, Ximo Puig, han defendido que la actualización del sistema puede contribuir a rebajar la tensión con la Generalitat catalana, que también sufre problemas de liquidez. Puig reclamó a Rajoy que cumpliese el compromiso alcanzado en la Conferencia de Presidentes de acometer la reforma en la reunión que ambos mantuvieron en La Moncloa el pasado mes de septiembre. La semana pasada, el barón socialista arrancó a Montoro la promesa de tratar de convocar la comisión que debe elaborar la propuesta tras el informe recibido de los expertos propuestos por las autonomías.

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