Airbnb y Booking sellan la paz con Ximo Puig para expulsar apartamentos ilegales
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instrusismo y rentas opacas en el sector

Airbnb y Booking sellan la paz con Ximo Puig para expulsar apartamentos ilegales

La Generalitat alcanza acuerdos con cinco plataformas de economía colaborativa, pero mantiene los expedientes a Homeaway, Niumba y Milanuncios con amenaza de multa

Foto: La playa de Cullera, con torres de apartamentos al fondo. (EFE)
La playa de Cullera, con torres de apartamentos al fondo. (EFE)

Los gigantes del alquiler de alojamientos por internet, Airbnb y Booking, han alcanzando un acuerdo con la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) para excluir de su oferta apartamentos turísticos en situación irregular, después de que la Generalitat les amenazase con sanciones económicas.

La Generalitat valenciana decidió en febrero de este año abrir 24 expedientes a ocho plataformas digitales por no comprobar si los inmuebles que ofrecen en sus webs cumplen las normativas autonómicas. El Ejecutivo valenciano había mantenido conversaciones con los responsables de Airbnb, Booking, Fotocasa, Muchosol, Homeaway, Niumba, Milanuncios y Onlyapartments para que cumpliesen la Ley de Turismo y comprobasen que los apartamentos estaban inscritos en el Registro de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunidad Valenciana. Ante la falta de respuesta, la AVT optó por iniciar un procedimiento sancionador que puede implicar multas de hasta 90.000 euros.

Ximo Puig, con el secretario autonómico de Turismo al fondo. (EFE)
Ximo Puig, con el secretario autonómico de Turismo al fondo. (EFE)

Tras varios meses de conversaciones con las plataformas, cinco de ellas se han comprometido a intensificar los controles y a introducir los cambios técnicos necesarios para evitar que se cuelen en su web propiedades no registradas, con lo que se denomina “número de matrícula”, que las identifica, certifica sus condiciones de accesibilidad o habitabilidad y sirve para hacer un seguimiento de su situación legal. Según han señalado a El Confidencial fuentes del área que dirige el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, los sitios de alquiler de alojamientos que han firmado la paz con la Generaliat son Airbnb, Booking, Fotocasa, Muchosol y Onlyapartments. No obstante, estos pactos no son de efecto inmediato, porque requieren de algunas modificaciones técnicas de los portales y de una coordinación con el propio Registro autonómico, según se matiza desde la Administración regional.

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Turismo mantiene expedientes sancionadores a Homeaway, Niumba y Milanuncios y se prepara para ejecutar sanciones económicas si persisten en su negativa a colaborar. “La economía colaborativa tiene cabida en el sector turístico, pero siempre que cumplan las normas”, señalan las mismas fuentes.

Airbnb, Booking, Fotocasa, Onlyapartments y Muchosol comprobarán que los inmuebles están inscritos en el Registro de Turismo

Curiosamente, los portales Fotocasa y Milanuncios comparten propietario, el grupo noruego Schibsted Classified Media (SCM), especializado en anuncios clasificados y dueño a su vez de otras plataformas como Infojobs o Segunda Mano. El gigante de los anuncios digitales permite a sus portales seguir estrategias de gestión independientes, lo que explicaría el comportamiento dispar de sus gestores a la hora de afrontar los expedientes sancionadores.

Airbnb es una de las cinco plataformas que han accedido a elevar los controles sobre su oferta de alojamientos.
Airbnb es una de las cinco plataformas que han accedido a elevar los controles sobre su oferta de alojamientos.

La proliferación de apartamentos turísticos ilegales es denunciada como un problema de primer orden por el sector turístico profesional en la Comunidad Valenciana. Las patronales del ramo han reclamado mano dura ante lo que consideran una clara competencia desleal que conlleva intrusismo, fraude fiscal y generación de rentas opacas que repercuten en el conjunto de la economía. La Agencia Valenciana de Turismo estima que por cada apartamento que cumple los requisitos normativos hay otro que opera fuera de la legalidad, y calcula en cerca de 200.000 los inmuebles en B repartidos por la Comunidad Valenciana, especialmente en poblaciones costeras y con alta demanda turística como Peñíscola, Oropesa, Benicàssim, Benidorm, Oliva, Dénia, Torrevieja o Calpe.

En este sentido, dentro de sus posibilidades presupuestarias, la Agencia Valenciana de Turismo lanza periódicamente campañas de inspección para tratar de sacar del mercado estos alojamientos irregulares o forzar a su legalización. La valenciana no es la única autonomía que ha comenzado a tratar de apretar las tuercas a los portales de economía colaborativa utilizados para ofrecer apartamentos ilegales. También la Comunidad de Madrid, que preside Cristina Cifuentes, y el Ayuntameinto de Barcelona, de Ada Colau, han iniciado acciones sancionadoras para atacar una actividad económica sumergida que perjudica a los profesionales del sector que sí cumplen los requisitos.

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