privilegios como expresidente autonómico

Salario público, chófer, secretaria: mantener al imputado Camps supera los 140.000 euros

El expresidente valenciano,investigado por la Fórmula 1 y con toda su antigua cúpula procesada por financiación ilegal del PPCV, disfruta de una vida a costa del erario público

Foto: Francisco Camos, expresamente de la Generalitat (Efe)
Francisco Camos, expresamente de la Generalitat (Efe)

El expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, disfruta de su vida de político retirado de la primera línea a costa del erario público valenciano. Imputado en la causa que investiga la compra irregular por parte del Consell de Valmor, la empresa que organizaba el Gran Premio de Valencia de Fórmula 1, y con toda su antigua cúpula regional del Partido Popular procesada por delito electoral (financiación ilegal), Camps no sólo no ha renunciado a sus privilegios como antiguo máximo mandatario autonómico, sino que además es el que mayor uso está haciendo de todas las ventajas que ofrece el Estatuto valenciano de expresidentes que Eduardo Zaplana y Joan Lerma pactaron en el año 2002. 

El dirigente político, que fue forzado a dimitir por su partido en 2011 como consecuencia del caso de los trajes regalados por la Gürtel (del que fue absuelto) y de las revelaciones sobre las andanzas de Álvaro Pérez y Francisco Correa por la Comunidad Valenciana, sigue exprimiendo bien las muchas posibilidades que ofrece la norma autonómica. Mantener el estatus de Francisco Camps supone para las cuentas públicas más de 140.000 euros al año entre salario, coche oficial y personal a su servicio.

Nada más abandonar su puesto en 2011, Camps fue el primer presidente valenciano en acogerse  al citado Estatuto. Lo hizo integrándose como vocal nato del Consejo Jurídico Consultivo (CJC), una suerte del Consejo de Estado autonómico, encargado de realizar informes previos sobre las leyes o normas que prevé sacar adelante el Govern de la Generalitat, entre otras labores. En virtud de ese cargo percibe un salario del organismo de 58.000 euros anuales. 

Pero a esta cifra hay que sumar el coste de mantenimiento de medios y personal a su servicio que corren a cargo de Presidencia de la Generalitat. En su caso, Camps reclamó tener despacho propio (eligió uno en la misma sede del CJC), coche oficial con chófer permanente y secretaria personal. Las dos personas las eligió él. El primero percibe un sueldo base de 34.000 euros. La secretaria figura como asesora con un salario que ronda los 48.000 euros. Los dos acompañantes del expresidente de la Generalitat están adscritos como personal eventual al departamento de Presidencia que ahora encabeza Ximo Puig.

Camps tiene a su disposición las 24 horas del día un coche oficial y un chófer que paga Presidencia de la Generalitat. De hecho, dependen de Ximo Puig

Francisco Camps está imputado (investigado) por prevaricación y malversación de fondos públicos en el caso Valmor. Precisamente hoy se ha conocido que la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso interpuesto por el expresidente de la Generalitat Valenciana contra la decisión de la jueza de admitir la personación, como acción popular, de cinco diputados del grupo socialista en las Cortes Valencianes en la causa que investiga supuestas irregularidades en la organización del Gran Premio de Fórmula 1.

Ricardo Costa, Gerardo Camps y Vicente Rambla (Efe).
Ricardo Costa, Gerardo Camps y Vicente Rambla (Efe).

El expresidente valenciano también se vio fuertemente salpicado por el escándalo Gürtel. Pero por decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano fue liberado de las causas de la financiación irregular del PPCV o las contrataciones irregulares del expositor de Fitur a Orange Market. Sólo fue juzgado por el caso de los trajes, del que fue absuelto por un tribunal popular. Ahora, la Audiencia Nacional acaba de decretar el procesamiento de la que fue la cúpula de Camps en la dirección regional del partido: Ricardo Costa (que fue secretario general) y Vicente Rambla (responsable de la campaña y exvicepresidente de la Generalitat). Los dos tendrían que sentarse en el banquillo junto con los cabecillas de la Gürtel y contratistas como Vicente Cotino, Gabriel Batalla (Lubasa) o Enrique Ortiz.

El nombre de Camps tamién ha aparecido ligado a la Operación Taula. Según la Cadena Ser, la investigación lo sitúa como "recaudador" para el Partido Popular a nivel nacional. El propio Camps dio una rueda de prensa la semana pasada para negar estos hechos.

Del resto de expresidentes valencianos, sólo Alberto Fabra ha hecho uso de parte de los privilegios que otorga la norma. Renunció al salario público porque fue nombrado senador territorial tras las elecciones autonómicas de 2015. Pero sí pidió despacho (tiene uno en el edificio de la Generalitat que alberga también la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Valencia), chófer y una asesora. Para este puesto eligió a Esther Pastor, la que exsecretaria autonómica de Presidencia y amiga personal de Alberto Fabra. El sueldo de Pastor también es de 48.000 euros anuales.

PSPV y Compromís quieren cambiar la norma para introducir una "causa de indignidad" que puede liquidar los privilegios de los que disfruta Camps

Los privilegios de los que ahora disfruta Camps podrían verse mermados si sale adelante una enmienda presentada este lunes en las Cortes por PSPV-PSOE y Compromís a la iniciativa planteada por Podemos de liquidar completamente el Estatuto de expresidentes. Los podemistas están recibiendo enmiendas a sus proposición no de ley. La de socialistas y valencianistas mantiene salario y posibilidad de tener coche oficial y secretaria, pero el expresidente deberá comunicar cuándo quiere hacer uso de ese vehículo, que sólo podrá ser conducido por personal funcionario. También la secretaria deberá ser funcionaria. Se trata de una posición similar a la de Ciudadanos, que aboga también por limitar los privilegios.

La enmienda de PSPV y Compromís introduce un elemento que denomina “causa de indignidad” y que podría dejar a Camps sin sueldo público en unos meses. Según esta cláusula, si un tercio de los diputados de las Cortes asignados, al menos, a dos grupos parlamentarios promueve la causa, la Cámara puede retirar los privilegios con respaldo de dos tercios de los parlamentarios. La retirada será además automática si existe una condena firme. El expresidente valenciano podría verse afectado por esta enmienda en el plazo de seis meses desde su publicación si resulta imputado.

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