El PP logra un balón de oxígeno al evitar los testimonios de la Gürtel en plena campaña

El primer juicio contra la trama Gürtel y los contratos que firmó la Generaltiat con el entramado que dirigía Francisco Correa tendrá que esperar. La vista oral, que se inició este martes con dos exconsejeras de la etapa de Francisco Camps y toda la cúpula empresarial del caso, se ha suspendido a la segunda sesión y no se reanudará hasta el próximo mes de junio, pasada la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas con las que iba a solaparse.

Esto supone que el Partido Popular evitará que las declaraciones de los acusados en el juicio, previstas para las próximas semanas, así como los informes de los peritos que describen cómo la Generalitat Valenciana pactaba irregularmente las bases de los concursos con la trama que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, el Bigotes, se difundan en la sala durante unas semanas clave para sus aspiraciones electorales.

La cuestión es compleja. El caso Gürtel nace como un solo caso, pero la instrucción que ha desarrollado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el magistrado José Ceres lo ha ido dividiendo en hasta seis piezas separadas. Esta de Fitur es la tercera, pero en la Audiencia Nacional están ya las de financiación irregular del PP valenciano, los gastos por la visita del Papa, los delitos fiscales de las empresas, fundamentalmente. En estas piezas están imputados varios exconsellers de Camps –como Vicente Rambla o Juan Cotino– y ex altos cargos del partido, como Ricardo Costa, además de empresarios y la propia trama de Correa.

El tribunal, que está presidido por Pilar de la Oliva, presidenta del TSJCV, ha estimado que, pese a que inicialmente se trataba de un solo caso, ahora tienen entidad individual propia. Al estar vinculados, alguna documentación está en los expedientes del resto de piezas para que las defensas puedan consultarlas y evitar un supuesto de indefensión.

Lo que sorprende de la situación es que el caso Gürtel ha llegado a juicio tras una instrucción que ha durado cuatro años y en la que parte de los ahora acusados están desde el principio o en estados de la investigación muy recientes, puesto que aparecen en las grabaciones policiales que destaparon al popularizar conversaciones entre la trama y altos cargos del Consell, incluido el presidente Camps.

Pero al margen de esos cuatro años, que supuestamente hubieran sido suficientes para que las defensas hubieran podido solicitar toda la información necesaria, hay que recordar que el inicio de este juicio se aplazó hace un año en puestas de su inicio. La razón fue la dimisión de las dos exconselleras imputadas –Milagrosa Martínez y Angélica Such– que seguían siendo diputadas autonómicas y, por tanto, aforadas.

Esas dimisiones llevaron al TSJCV a tratar de inhibirse del caso al no existir entre los acusados personas con especial protección legal. El Supremo, sin embargo, rechazó esa pretensión –llegó a insinuar que las exconsejeras habían intentado cometer un fraude de ley con sus dimisiones tardías para retrasar el juicio– y obligó al TSJCV a celebrar la vista.

En ese año no se ha producido ningún cambio relevante, más allá del avance de la instrucción en el resto de piezas, algunas ya listas para fijar el juicio pero que ahora, tras las dimisiones también de otros aforados, como Cotino o Costa, han pasado esta vez sí a la Audiencia Nacional.

Las estrategias de dejar el escaño al límite de sus procesamientos -o con ellos a cuestas- ha conseguido que algunos de los juicios que podrían haber sido señalados ya se hayan aplazado a la espera de que la Audiencia Nacional los fije. El calvario judicial al que se enfrentaba el PP valenciano por toda la trama Gürtel iba a coincidir con el periodo electoral. Ahora solo se había quedado el de la parte de Fitur. Y tras la decisión de este miércoles se ha despejado a junio, una vez celebradas las elecciones.

La suspensión del juicio ha sido para el abogado del PSPV-PSOE, Francisco de Antonio, una solución "salomónica" que ha tratado de evitar "una nulidad".