afrontan hasta 111 años desde este martes

Dos exconsejeras de Camps y la cúpula de la Gürtel valenciana, al banquillo

El juicio tiene prevista una duración de 37 sesiones que se alargarán hasta el mes de octubre, se solapará con los comicios de mayo y finalizará a las puertas de las generales

Foto: Álvaro Pérez, 'El Bigotes', a su llegada a la Audiencia Nacional, en marzo de 2014. (REUTERS/Susana Vera)
Álvaro Pérez, 'El Bigotes', a su llegada a la Audiencia Nacional, en marzo de 2014. (REUTERS/Susana Vera)

Dos exconsejeras de la Generalitat de Francisco Camps y la cúpula de la trama de Francisco Correa se sentarán desde este martes en el banquillo de los acusados en el primer gran juicio de la rama valenciana del caso Gürtel. En total, la Fiscalía pide más de 111 años de cárcel por las adjudicaciones irregulares que, supuestamente, realizó la Generalitat con la trama que en Valencia lideraba Álvaro Pérez, El Bigotes, para montar los estands de la Comunidad Valenciana en Fitur entre los años 2005 y 2009 por un montante total de casi cinco millones de euros.

El juicio tiene prevista una duración de 37 sesiones que se alargarán hasta el mes de octubre. Se solapará, por tanto, con la campaña de las elecciones autonómicas, que se celebran el último domingo de mayo, y acabará a las puertas de las elecciones generales si se convocan para noviembre.

La pieza de Fitur -la tres de las seis que componen el total del sumario- es la primera que llega a juicio oral. Solo hay un precedente del caso que ha sido juzgado, aunque estaba separado de las investigaciones que se abrieron por los contratos con la trama, la financiación irregular del PP valenciano y los delitos fiscales aparejados. Fue el conocido como caso de los trajes.

Correa comparece en el juzgados de San Roque, Cádiz. (Efe)
Correa comparece en el juzgados de San Roque, Cádiz. (Efe)

Aunque el fondo del caso era el mismo, el delito de cohecho impropio por el que se juzgó a Francisco Camps y a Ricardo Costa, y del que fueron declarados inocentes, se instruyó de forma separada. Camps no ha vuelto a ser imputado en ninguna de las investigaciones. Costa sí tendrá que sentarse en el banquillo cuando se juzgue la financiación irregular del PPCV.

En el caso que este martes comienza, la responsabilidad por el uso del dinero público en concursos amañados recae fundamentalmente sobre Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo, cargo que desempeñó antes de ser presidenta de Les Corts, el parlamento valenciano. A la también alcaldesa de Novelda, a la que la trama apodó como La Perla por la generosidad en los contratos que conseguían de ella, se la acusa de un delito de prevaricación continuada y malversación de fondos públicos por los que la fiscalía pide 11 años de cárcel, 34 de inhabilitación para cargo públlco.

Precisamente, el PP de Novelda ha anunciado este lunes, a menos de 24 horas de que empiece el juicio, que el partido ha decidido expulsar a la alcaldesa, que ahora pasará al grupo mixto. Los populares del municipio alicantino están divididos entre los que apoyan a la edil y los que han intentado forzar, sin éxito su dimisión.

Junto a Martínez, el otro gran acusado en la parte pública es el que fue su jefe de gabinete en la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret. Ambos fueron, según la fiscalía, colaboradores necesarios para que la trama consiguiera los contratos amañados de los montajes de los estands de Fitur. Betoret, que se enfrenta a la misma pena de cárcel y a 38 años de inhabilitación, ya fue condenado por el caso de los trajes. Él, junto al exvicepresidente del Consell Victor Campos, se declararon culpables y no fueron a juicio, como ocurrió con Camps y Costa.

 

Milagrosa Martínez, en Les Corts. (EFE/Gustavo Grillo)
Milagrosa Martínez, en Les Corts. (EFE/Gustavo Grillo)

Por la parte pública también se sentarán en el banquillo la también exconsejera de Turismo Ángelica Such. Su papel en las adjudicaciones se considera menor -la parte final- y solo se enfrenta a una pena de inhabilitación de diez años. Además en el banquillo se sentarán varios técnicos de la consejería que participaron en las adjudicaciones. Las penas para ellos también alcanzan en algunos casos los 11 años de cárcel.

Álvaro Pérez y Orange Market

Por la parte de la trama de Rafael Correa, los dos acusados que se enfrentan a mayor pena son el hombre fuerte en Valencia, Álvaro Pérez, responsable de la filial Orange Market, y el considerado como número dos de la red, Pablo Crespo, 11 años y medio de cárcel. Para Francisco Correa se piden 10 años.

Todos están acusados de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho en grado de autores o cooperadores necesarios. Crespo y Pérez, además, están acusados de falsificación de documentos. También se sientan en el banquillo varios empleados de la empresa, como Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariós.

Correa, Pérez y Crespo están acusados de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho

Según el relato del fiscal, la trama conocía de forma anticipada las condiciones de los concursos e incluso instaba a la Generalitat a modificar las bases para adecuarlas a sus condiciones. A cambio realizaba regalos tanto a la consellera como a su jefe de gabinete.

El juicio se inicia con un año de retraso sobre la previsión inicial. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana había programado la vista para el año pasado, pero pocas semanas antes del inicio Milagrosa Martínez y Angélica Such, que aún eran diputadas en Les Corts, dimitieron, perdiendo su condición de aforadas. Eso llevó al TSJCV a pedir su inhibición en el caso. El Supremo acabó resolviendo que la dimisión de las dos imputadas perseguía dilatar en el tiempo el proceso y obligó al TSJCV a juzgar el caso y no pasarlo a la Audiencia Provincial, como fue su propuesta.

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