La ANC ficha a un expresidente de ERC para disputarle la Cámara de Barcelona a Aragonès

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) pondrá toda la carne en el asador en las próximas elecciones a la Cámara de comercio de Barcelona, que se celebrarán a mediados de septiembre próximo. En los últimos comicios de 2019, una serie de irregularidades permitieron que el soberanismo se hiciese con el control de la institución. Ahora, el independentismo concurre dividido: por un lado, la organización apuesta abiertamente por la candidatura Eines de País/Un Pas Més, que suma en su lista a Joan Puigcercós, antiguo presidente de Esquerra, mientras que la Generalitat tiene otra favorita.

La lista de la ANC está integrada por la actual cúpula de la Cámara, en especial su presidenta, Mònica Roca, y su vicepresidente, Toni Fitó, que este miércoles se presentan en sociedad bajo el manto protector de Dolors Feliu. En la misma candidatura se ubica el expresidente de la entidad y actual diputado de JxCat Joan Canadell. No obstante, la apuesta de Pere Aragonès es otra candidatura que encabeza Josep Santacreu, que es apoyado por la patronal soberanista Femcat (no en vano proviene de ella).

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Así, las dos almas independentistas, la partidaria de la unilateralidad, de la crispación y del radicalismo y la partidaria de la moderación, la integración y el diálogo, se verán las caras en estas elecciones. Santacreu reúne las condiciones políticas cuyas características son las que preconiza el Ejecutivo catalán y, de rebote, ERC: primero, hay que lanzar un discurso moderado para ensanchar la base independentista para luego plantear la independencia con una mayoría social asegurada. Además, ya había formado parte de la cúpula de la institución cuando Miquel Valls era presidente. Su nombre está bien considerado en círculos empresariales y su capacidad de diálogo y disposición a llegar a pactos le pueden resultar muy útiles en esta batalla.

Dudas sobre el proceso

Para llevar a cabo estas elecciones, el Govern tuvo que variar sus postulados. En un primer momento, preparaba los comicios basándose en el decreto de convocatoria del año 2018, cuando gobernaba Quim Torra. Las irregularidades se pudieron cometer gracias a un cúmulo de circunstancias que permitieron que los independentistas controlasen todo el proceso y anulasen la cantidad de votos suficientes como para darles la victoria. Para soslayar las cuestiones legales, el Govern cambió a última hora el planteamiento inicial y convocó las elecciones de 2023 basándose en el decreto de… 2006.

Tras ese regreso al pasado, la cosa continúa prácticamente igual: el Govern permitirá que un auditor pueda anular votos y, lo que es más grave: será el mismo auditor que hizo trampas en 2019 el que se encargará de vigilar las elecciones de 2023. “Un decreto que contemple que se pueden anular votos ya es raro. Pero si además cuenta con otros ingredientes, la desconfianza es descomunal”, señalan fuentes empresariales a El Confidencial. Sólo hay un detalle que debe resaltarse: en 2019, el auditor certificó actuaciones que él mismo había realizado durante la votación, lo que no deja de ser una aberración jurídica. Los empresarios no independentistas temen que el pucherazo se vuelva a materializar en este terreno en los próximos comicios.

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Una de las pocas cosas que sí cambiará será el operador que recuente los votos: si antes fue Scytl, ahora será una empresa del grupo de Indra. “Eso no nos garantiza nada -añaden las fuentes-. Scytl quedó desacreditada tras las votaciones de 2019, pero Indra también tiene en su haber polémicos recuentos de votos. Lo cierto es que nadie confía en la plataforma de voto electrónico, porque eso permite hacer todas las trampas que quieran”. No obstante, subrayan que “este año van con mucho cuidado, porque como ya está demostrado que en 2019 hicieron trampa, si vuelven a cometer delito en esta ocasión, el escándalo tendría mucha mayor potencia”.

Problemas internos de la ANC

La ANC, que tuvo el respaldo del Govern en el año 2019, parte en esta ocasión con menores ventajas, puesto que el corazón de la Generalitat está rendido a otro candidato. Eso le puede reportar una disminución del peso que el radicalismo había tenido en la institución en esta última legislatura. Las nuevas normas que rigen para el pleno de la Cámara difieren algo de las que había: el nuevo pleno estará formado por 60 miembros, de los que 52 son elegidos en las urnas, 2 son elegidos entre las empresas de mayor aportación voluntaria y seis son elegidos a propuesta de las organizaciones empresariales, territoriales e intersectoriales más representativas.

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Los problemas de la ANC no se limitan a su distanciamiento del poder político y al alejamiento de la estrategia del Govern. En el plano interno, el sector crítico, agrupado en torno al grupo Indesinenter, que conforman un sector de miembros del Secretariado Nacional, está desencantado. De él forman parte una quincena de altos dirigentes que dimitieron en protesta por la forma de actuar de Dolors Feliu, y casi una decena más que se quedaron dentro del Secretariado para plantear batalla desde dentro. Su principal cabeza visible es el exvicepresidente de la ANC Jordi Pesarrodona. Los críticos se quejaban de falta de democracia interna, de que la cúpula toma decisiones por su cuenta incluso cuanto tiene la obligación de consultar al Secretariado, y de que un grupo de amigos de Dolors Feliu es quien maneja la entidad a su gusto, encabezados por el exdirigente de ERC y de Solidaritat Catalana per la Independència (SI), Uriel Bertran.

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Este sector comenzó una campaña solicitando firmas para obligar a Feliu a convocar elecciones anticipadas, pero abandonó este lunes esa pretensión ante el desinterés de la militancia: la hoja de ruta 2023-2024 de la ANC fue aprobada sólo por 867 socios (participaron en el proceso de votación 1.142, de supuestos 45.960 socios formales), lo que representa sólo el 2,4% del total. “Es una participación que queda muy lejos del 5% de los socios que estatutariamente se necesitan para pedir una asamblea general extraordinaria que convoque elecciones que puedan permitir renovar el órgano ejecutivo de la ANC”, dice el colectivo. La otra razón para su decisión es “la negativa de los cargos orgánicos de la ANC a facilitarnos las herramientas y medios disponibles para comunicarnos con los miembros de la ANC, herramientas que han de estar al alcance de todos los socios”. El colectivo señala que la entidad soberanista “ha de emprender un nuevo rumbo con un nuevo liderazgo realmente democrático”.

El colectivo señala que durante las últimas semanas intentó hablar con la cúpula de la organización, pero nadie les atendió y subrayan que “se han cerrado todas las puertas para llegar a un consenso”. Por tanto, afirman, “ante esta situación de desmovilización y baja participación, así como de la imposibilidad de llegar a los socios por mecanismos democráticos, utilizando las herramientas que ya tiene la Asamblea y que deberían ser de todos los socios, entendemos que hemos de desistir de pedir el apoyo para convocar una nueva asamblea general extraordinaria”.

No obstante, para el mes de julio están convocadas elecciones parciales al Secretariado: se elegirán a 22 miembros de este órgano, que componen un total de 77 personas.