La Generalitat se pone de perfil en el caso Negreira y acusa al Gobierno de sobreactuar

Mientras el mundo del deporte está en shock por el caso Negreira y los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira, por servicios sin definir a cambio de siete millones de euros, la Generalitat evita entrar en el conflicto. Un mes después de que estallase el escándalo, el Govern ha optado por ponerse de perfil, pese a que la Ley del Deporte 1/2000 de la Administración catalana le otorga la competencia única de la tutela de los clubes deportivos registrados en Cataluña, como es el caso de la entidad blaugrana. La portavoz, Patrícia Plaja, además, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “sobreactuar” por personarse en la causa que impulsa la Fiscalía.

La Generalitat reaccionó por primera vez a las informaciones sobre la trama tras varias preguntas de la prensa. “Es importante llegar hasta el fondo y aclarar el caso Negreira”, replicó Plaja, aunque dejó claro que el Ejecutivo autonómico no tiene previsto personarse en una causa que ahora se va a Madrid, al trasladarse a la Fiscalía Anticorrupción. "A veces, hay sobreactuación para intentar figurar", sentenció la portavoz.

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Hay que recordar que tanto el Gobierno español, a través del Consejo General de Deportes, como La Liga y el Real Madrid han decidido personarse en el procedimiento como acusación. Pero no lo hará la Generalitat de Cataluña en ningún caso. Plaja explicó que la secretaria general de Deporte, Anna Caula, ni siquiera se ha reunido con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, para analizar la crisis del club. Y tampoco tiene intención de hacerlo en los próximos días, aunque Laporta sigue sin dar explicaciones de lo ocurrido.

La portavoz insistió que "no está previsto que el Govern se persone", ya que no ve motivo por ahora, pese a que, según la Fiscalía, los hechos encausados podrían ser constitutivos de un delito continuado de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, un delito continuado de administración desleal o un delito continuado de apropiación indebida. "Tenemos respeto por las administraciones que hayan decidido hacerlo. A veces, hay sobreactuación por intentar figurar. No será nuestro caso. Creemos que el Govern no debe ser parte de esta investigación en curso", defendió este martes la portavoz.

Competencias de la Generalitat

La Generalitat elaboró una ley del deporte que le da competencias exclusivas sobre las entidades deportivas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de la región, como es el caso del FC Barcelona (artículo 9 y otros). La Administración tiene competencias para "ejercer las funciones inspectoras (artículos 35, 64 y otros) y también sancionadoras (artículo 70)" y califica de “infracción muy grave” el “incumplimiento de las normas que regulan la celebración de los espectáculos deportivos, que impida su normal desarrollo y produzca importantes perjuicios a los participantes o al público asistente” (artículo 73.h).

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Es cierto que la Generalitat no puede hacer nada mientras haya un proceso penal abierto (artículo 71), como acontece en este momento. Pero una cosa es eso y otra la política de desentenderse que producirá la paradoja de que la Administración que carece de competencias se persone en el caso, como es el Gobierno central, y la que las tiene, en cambio, evite hacerlo, el Ejecutivo catalán. Y más en un supuesto evidente de presunta mala gestión y gasto descontrolado con el dinero de los socios por parte de las directivas salpicadas por el escándalo.

Riesgo electoral

Fuentes cercanas a la Generalitat señalan que en el Palau se teme que cualquier reacción ponga en contra del Gobierno catalán a los socios y seguidores del Barça. El riesgo electoral a las puertas de las municipales se considera demasiado alto, así que se opta por seguir sin intervenir de ningún modo.

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En contraposición, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ya indicó el pasado jueves día 9 que desde el Ejecutivo se actuaría en este sentido si después de la denuncia de la Fiscalía se inicia el procedimiento, ya que, según Iceta, el caso "lesiona la imagen del deporte en general" y, de confirmarse, le parecería "gravísimo", por lo que los organismos "no pueden quedarse al margen".