Más de seis años de cárcel al falso policía que engañó y agredió sexualmente a una menor

P. M., de quince años, se subió al coche de D. pensando que este era policía. La menor caminaba junto a su prima por la Avenida de Andorra de la localidad de Salou, en Tarragona, a las cinco de la madrugada de un día de finales de noviembre de 2019, cuando un vehículo se detuvo junto a ambas y su conductor les enseñó una placa policial. Se ofrecía a llevarles a casa. Pero D. no era agente de la ley.

Primero, acercó a su vivienda a la prima de P. M., pero antes de hacer lo mismo con esta, se desvió, alegando que debía primero atender a un supuesto servicio policial. Tampoco era verdad. Se dirigió a las afueras de Salou por un camino de tierra y aparcó el automóvil en una zona despoblada. Allí, indicó a la menor que saliera del vehículo para registrarla y aprovechó el cacheo para realizarle "tocamientos en los pechos (...), en los genitales y trató de quitarle las medias".

La menor intentó llamar por teléfono, pero D. tenía su móvil. Este le dijo a la joven que le devolvería el terminal al llegar a su casa y le solicitó que volviese a entrar en el coche. Varios kilómetros más adelante, el falso policía volvió a detener el vehículo en otro descampado, donde repitió los tocamientos. No dos, sino tres veces: en otra zona despoblada, camino de La Riera, volvió a cachear a la joven y aprovechó para levantarle la falda. Dos horas y media más tarde, en torno a las 07:30, D. dejó a la joven en la puerta de su domicilio.

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Así lo recoge el apartado de hechos probados de una sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, que condena a D., nacido en 1987, a seis años y medio de cárcel por varios delitos; entre ellos, por la agresión sexual de P. M. cuando era menor.

También ha sido sentenciado por coacciones a varias mujeres, valiéndose de la misma argucia. A otra de sus víctimas —que responde a la inicial K.—, la siguió primero en coche y después a pie. Al verse sorprendida, huyó y se refugió en su portal, mientras el condenado le gritaba: "Soy policía, quiero hablar contigo", y volvía a enseñarle la placa falsa que guardaba en su cartera.

Así, hasta un total de siete casos de coacción a varias mujeres, ocurridos entre 2019 y 2020. Y según recoge la sentencia, además de su supuesta condición de agente, se valía "de la situación de incertidumbre generada tras el decreto del estado de alarma" derivado de la pandemia del coronavirus para seguir a sus víctimas o solicitarles que subieran a su vehículo, incluso bajo la amenaza de ponerles una sanción.

Ha sido condenado por agredir sexualmente a una menor, siete delitos de coacciones, detención ilegal y usurpación de funciones

A otra de ellas, le "recriminó, desde su falsa condición de policía", que estuviese en la calle pasada la medianoche y le pidió que entrase en su automóvil, donde le realizó "numerosas preguntas de carácter personal". Tras varios minutos en el coche, la joven pudo abrir la puerta y alejarse.

Unos días más tarde, empleó el mismo método con una nueva víctima, esta vez menor de edad. "Identificándose como policía y bajo la creencia de que iba a ponerle una multa, le indicó que dejara la bicicleta que llevaba y que subiera al vehículo, al tiempo que abría la puerta de copiloto, logrando la menor huir atemorizada", recoge la sentencia de la Audiencia Provincial.

Menos de una semana después, el 26 de mayo de 2020, D. fue detenido y ha permanecido desde entonces en prisión provisional. La sentencia, firme y dictada de conformidad, le condena a 4 años de prisión por agresión sexual a una menor —P. M., a la que deberá indemnizar con 9.000 euros—, que se suman a los dieciocho meses de cárcel por el delito de detención ilegal y otro año por el de usurpación de funciones, por fingir que era policía. Fiscalía llegó a solicitar 28 años de cárcel para el acusado.

Además, deberá pagar una multa de cuatro euros diarios durante 9 meses por cada uno de los siete ilícitos de coacciones y de 1.000 a 2.000 euros a cada una de las jóvenes a las que persiguió. La Audiencia Provincial también le impone una orden de alejamiento durante cinco años de medio kilómetro de todas sus víctimas y la prohibición de desempeñar cualquier profesión que implique contacto con menores en la próxima década.