Torra reúne al Govern en Arán, la comarca díscola del 'procés'

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, celebrará este lunes la reunión semanal del Govern en Vielha, la capital del Valle de Arán. Se trata de 'territorio comanche' para el 'president', una comarca con personalidad propia que no camina al mismo compás que el resto de Cataluña y a la que el 'procés' le queda como algo ajeno. Por si fuera poco, los araneses han acumulado un enorme enfado por el abandono al que les ha sometido la Generalitat los últimos 8 años: para hacerse una idea, las inversiones en esta comarca pirenaica han disminuido desde el 2010 un 80%. Y, además, es una comarca que apela al 'derecho a decidir' para celebrar su propio referéndum: si Cataluña decide separarse, sus habitantes prefieren decidir por sí mismos si acompañan a Cataluña en esa aventura o si se quedan en España.

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De hecho, celebrar una reunión de gobierno en la comarca enclavada en el Pirineo no es mala idea y, en última instancia, debería ser una costumbre periódica. Pero la procesión va por dentro: Torra va a ese 'territorio comanche' para congraciarse con los araneses y el olvido al que la administración catalana les ha condenado los últimos 8 años. Con el 'procés' en pleno auge, los independentistas prometieron al valle de Arán un estatus propio y las mayores facilidades para ejercer su derecho a decidir. Pero todo fueron promesas. Nada se plasmó en papeles ni en la realidad.

A la hora de la verdad, en las leyes rupturistas presentadas en el Parlament en septiembre de 2017, Arán era un trozo de tierra más. Los araneses amenazaron con que si Cataluña se independizaba de España, la comarca votaría su propio derecho a decidir sobre si quedarse en España y romper con Cataluña. Intentaron subsanar el error, pero jurídicamente, cuando un grupo político lleva una ley al Parlamento, no puede enmendarse a sí mismo, por lo que las promesas quedaron en el aire y las leyes no reconocieron la singularidad aranesa.

La situación desde entonces ha ido a peor. “Lo que se reclama son menos gestos y más actos. Arán es la comarca olvidada durante estos años. En el 2015, se aprobó la Ley de Arán, en cuya disposición adicional daba seis meses para aprobar el nuevo sistema de financiación, pero estamos esperando todavía. Es más, se recortaron las transferencias para financiar las competencias. Los recortes en gasto corriente no se revirtieron. Y simbólicamente, está bien venir a hacer una reunión de Govern, pero el apoyo institucional se ha de notar en los presupuestos”, dice a El Confidencial Òscar Ordeig, diputado socialista que lleva los temas del Pirineo (es de la cercana Seu d’Urgell).

Los atascos de Baqueira

La comarca del Val d’Aran (nombre oficial en aranés) tiene un estatus especial dentro de Cataluña. Se rige con un Consejo General que tiene 13 miembros y está presidido por el Síndic. Este Consejo tiene en sus manos la gestión de la mayoría de las competencias. Su presupuesto es de unos 30 millones de euros anuales, incluidas las inversiones en sanidad. La actualización del sistema de financiación, pues, no representaría un quebranto irreparable para las arcas autonómicas. De hecho, esa cantidad es muchos millones inferior a la que el Govern destina en ayudas a fondo perdido a los ‘medios de comunicación amigos’ (que, según un informe de la UAB, llegan a los 36 millones anuales en subvenciones directas).

“Artur Mas finiquitó el sistema de financiación en el 2011, cuando llegó al poder. Para el funcionamiento del Consejo General, o de la estructura administrativa si se prefiere, se requieren unos 2,5 millones de euros al año, lo que representa un porcentaje pequeño del presupuesto de toda la comarca. Si este año conseguimos el 10%, será ya un éxito. Arán no es la prioridad del Govern en estos momentos y no hay voluntad política de arreglar las cosas”, detalla a este diario Francesc Boya, exsíndico de Arán y secretario general de Unitat d’Aran.

Quim Torra, pues, llega este lunes a la comarca pirenaica “con todos los deberes pendientes”. En ella, se encuentra Baqueira Beret, una de las estaciones de esquí más competitivas de toda España, pero que arrastra un problema de comunicaciones desde hace años. “El balance que podemos hacer es muy malo. Hay atascos monumentales en la C-28 para los accesos a la estación, y éstos dependen de la Generalitat. Y en la carretera N-230, que depende del Estado, se han hecho algunos proyectos de mejora, aunque falta mucho por hacer, porque es una de las carreteras más peligrosas del Estado”, explica Boya.

"Cuando oímos las reclamaciones de Cataluña hacia Madrid, pensamos en las nuestras", se quejan

La lista de agravios es grande. El exsíndico recuerda que el sistema de financiación afecta especialmente al sector sanitario. “Tenemos un déficit de 2 millones de euros que no hay manera de recuperar y que afecta a la calidad de los servicios”.

Hay otro tema candente: el apoyo al aranés, la lengua autóctona. “En este tema, al Govern le damos un cero absoluto. La Ley de Arán del 2015 no se desplegó, como tampoco las normas aprobadas en el 2010 para la promoción del aranés. Se creó una Academia y nunca más se supo. Su presupuesto ha sido de 40.000 euros. Pero mientras para la promoción del catalán se gastan 2,5 millones de euros, la promoción del aranés sólo absorbe 60.000 euros. ¡Y eso para una lengua que está desapareciendo! Es una cifra irrisoria. Tenemos material para quejarnos amargamente. Y cuando oímos las reclamaciones de Cataluña hacia Madrid, pensamos en las nuestras”, subraya Boya.

Más antigua que la Generalitat

Ordeig enfatiza que en el valle “estamos muy cabreados con el maltrato del Govern. Y en la cuestión lingüística, nos maltratan a los araneses mucho más que lo que hace Madrid con el catalán”. Ambos coinciden en afirmar que “tenemos menos inversiones en infraestructuras culturales que cualquier otra comarca catalana”.

Por otro lado, cuando el ‘procés’ alcanzó envergadura, todo el valle se alzó en contra del soberanismo y comenzó a consolidarse la convicción de que si Cataluña quería un referéndum parta decidir su futuro, el Valle de Arán, también. “El valle es un sujeto político con instituciones que pervivieron 100 años más que la Generalitat de Cataluña. Y sí, si Cataluña decide separarse de España, nosotros reclamamos nuestro derecho a ejercer lo mismo y a tomar una decisión sobre nuestro futuro y el encaje administrativo y político en España”, explica el exsíndico.

También el diputado Ordeig señala que desde el Valle de Arán “siempre se ha querido que la Constitución reconociese la singularidad. Se defendió una relación bilateral entre el Congreso y el Parlament, pero reclamamos también el derecho a decidir si nos quedamos en España o no, porque la mayoría de los ciudadanos de Aran no quiere perder las relaciones económicas, culturales, sociales e históricas que ha habido con Madrid”. Torra, pues, tiene mucho que escuchar y trabajar en esta comarca.