¿Qué va a pasar desde que Rajoy haya iniciado hoy la aplicación del artículo 155?

El Senado está pendiente de conocer el plazo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dé al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que responda al requerimiento que le hizo en la mañana de este miércoles, en lo que es el primer paso de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española por primera vez en la Cámara Alta. Mariano Rajoy da cinco días a Puigdemont para que confirme si declaró o no la independencia de Cataluña, hasta el próximo día 16. Y otros tres días, hasta el 19, para que rectifique y evite la aplicación del artículo 155.

El artículo 155 establece que el requerimiento debe servir para "obligar" a una comunidad autónoma a cumplir sus obligaciones constitucionales si se entiende que ha dejado de hacerlo o que "atenta gravemente" contra el interés general. Sin embargo, Rajoy explicó que lo que se le requiere a Puigdemont es que aclare si declaró o no la independencia de Cataluña. En cualquier caso, el requerimiento es el primer paso, imprescindible y necesario, para poder poner en marcha en el Senado el resto de los mecanismos con los que cuenta ese artículo constitucional.

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Á. Collado

Si Puigdemont no atiende a lo que se le exige o no responde al Gobierno, el Ejecutivo puede recurrir a la Cámara Alta para obtener su autorización y aplicar medidas, que el 155 no precisa cuáles puedan ser. Añade únicamente que el Ejecutivo podrá "dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas" para ejecutarlas. Por el contrario, si asegura que no ha activado la DUI y echa para atrás las leyes aprobadas para la desconexión, el artículo 155 se pararía, al entender que Cataluña ha vuelto a regirse por sus leyes autonómicas. Harina de otro costal será la pinza a la que Puigdemont se vea sometido con la CUP.

Fuentes del Gobierno explicaron estos días que la aprobación de esas medidas, si finalmente se toman, se llevaría a cabo en Consejo de Ministros, lo mismo que el primer paso de este miércoles se ha dado también en este órgano. Siempre sin ningún plazo determinado por la ley, el Gobierno deberá entregar al presidente del Senado un escrito "en el que se manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas, así como la justificación de haberse realizado el correspondiente requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y la de su incumplimiento por parte de esta".

A partir de entonces, entra en juego el artículo 189 del Reglamento del Senado, que regula el procedimiento para aplicar el 155. La Mesa del Senado entregaría el escrito del Gobierno a la Comisión General de Comunidades Autónomas para que se encargue del estudio y debate de lo que se plantea. Pero también permite otra vía de debate. El Reglamento recoge que cabe la posibilidad de crear una comisión conjunta con miembros de varias comisiones si la Mesa entiende que son más de una las afectadas por el asunto. Por ejemplo, la Comisión General de Comunidades Autónomas y la Comisión Constitucional, o la de Interior, si una de las medidas propuestas afectara a los Mossos d'Esquadra.

Diferencias entre comisiones

La diferencia entre una y otra, explican fuentes parlamentarias, es que a la comisión general podrían acudir y participar todos los gobiernos autonómicos y el propio Ejecutivo, además de los grupos parlamentarios y los senadores autonómicos. Es la peculiaridad que tiene esta comisión, que hace que los debates suelan ser prolongados. Una comisión conjunta, en principio, funcionaría como una comisión ordinaria entre los grupos parlamentarios. Fuentes del Senado explican que la decisión de cuál sea el foro de debate será de la Mesa y que todo está abierto. Insisten en que depende de los pasos y plazos que decida el Gobierno.

Sea en una comisión o en otra, se le requerirá a Carles Puigdemont que presente los datos y alegaciones que considere oportunos para defender su posición y que designe, si lo ve conveniente, a un representante para que acuda a explicarse al Senado. El Reglamento establece a continuación que en la comisión se formulará una "propuesta razonada sobre si procede o no" aprobar lo que el Gobierno le solicita y que enviará la iniciativa al pleno, donde tendrá que ser de nuevo debatida y aprobada por mayoría absoluta, sometida en una votación que previamente tendrá dos turnos de palabra a favor y dos en contra.

Otros escenarios

Además de la aplicación del artículo 155, la Constitución prevé otra reacción, incluida en el artículo 116, donde se integran las condiciones de los estados de alarma, excepción y sitio. En cualquiera de esos supuestos, los Mossos serían los primeros en pasar a depender del Estado para garantizar el control del territorio. La solución más factible sería el cese de los actuales máximos responsables de la policía catalana, el nombramiento de mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional y, por último, el refuerzo de la plantilla autonómica con agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Otra de las situaciones podría incluir una convocatoria de elecciones anticipadas, derivada de la falta de apoyos de Junts pel Sí para gobernar. La CUP, brazo de la independencia, fue la más dañada por la decisión de Puigdemont, que provocó entre sus líderes y simpatizantes una profunda decepción. "Nosotros, como la gente, hoy hemos venido a proclamar la independencia". Este fue el mensaje que emitió la CUP después de las palabras del 'president'. Así las cosas, Junts pel Sí se queda solo en el hemiciclo y tendrá que gobernar en minoría. En este contexto, y si la CUP retira su apoyo, podría precipitarse el anuncio de una nueva cita electoral.