Puigdemont desvela su secreto: el referéndum será el 1 de octubre

A las 8.30 de la mañana, mientras comenzaba la reunión extraordinaria del Gobierno catalán convocada por Carles Puigdemont, una tromba de agua se desataba sobre Barcelona. Los supersticiosos ya tienen un elemento para la reflexión. Pero, mientras tanto, se desvela la principal incógnita que ha mantenido en vilo a Cataluña el último lustro: el manido referéndum independentista será finalmente el domingo 1 de octubre y la pregunta, tal y como había adelantado El Confidencial, será: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?”. Será una pregunta que, en las papeletas, irá en los tres idiomas oficiales que existen en la comunidad: castellano, catalán y aranés. La respuesta que salga de esa consulta, afirmó el ‘president’, “es un mandato que este Gobierno se compromete a aplicar”.

Lo hicieron público los dos máximos mandatarios catalanes, el ‘president’ Carles Puigdemont y el ‘vicepresident’ Oriol Junqueras. Juntos, comparecieron poco después de las 10 de la mañana (una hora de retraso) para leer un comunicado oficial ante la prensa. Fue un acto solemne celebrado en el famoso Patio de los Naranjos (Pati dels Tarongers) del Palau de la Generalitat, al que asistieron –como les habían ordenado- todos los diputados independentistas. Era para dar lustre al acto y hacerlo más trascendente.

“Hoy hemos celebrado un consejo para ratificar el ejercicio del legítimo derecho que tiene una nación milenaria”, advirtió Puigdemont. Y añadió que ahora “toca a los catalanes y catalanas decidir su futuro. Nos toca hacerlo posible. Cataluña sabe tomar decisiones por ella misma y sabe aceptar todas las respuestas a la pregunta formulada”. Para justificar la decisión, el ‘president’ aseguró que el Ejecutivo que encabeza “se conjura para velar por la rectitud de convocatoria, la organización y la celebración del referéndum y llama a la ciudadanía a asumir ese derecho inalienable, un derecho sobre el que descansa el edificio de la democracia: el derecho a decidir libremente el futuro de su país”.

Con anterioridad, Puigdemont había demonizado al Tribunal Constitucional, de cuyos integrantes afirmó que “están fuertemente politizados y comprometidos con el PP”. Por ello, se quitó las pulgas de encima: “A partir de ahora, deberán explicar porqué hemos llegado hasta aquí. No es cuestión de marcos legales. El marco legal no impedía atender la demanda catalana. El mismo Rajoy lo dijo muy claramente: ‘No quiero’. Y no es una negación individual, sino de un sistema político, social, mediático y económico. Desde la llegada de Josep Tarradellas del exilio, el Estado español ha sido incapaz de participar en la solución del problema que es real y profundo”.

El último peldaño

También se escudó el dirigente catalán en que “hemos perseguido el acuerdo de forma reiterada. Hemos participado activamente en Pacto Nacional por el Referéndum (PNR), hemos adoptados resoluciones parlamentarias y hemos emplazado al Gobierno español la voluntad de negociar la solución. Asimismo, lo hemos explicado por todo el mundo. Pero estamos llegando al final de la legislatura y no hemos recibido ninguna respuesta positiva”.

En esa coyuntura, recordó que en su moción de confianza del pasado mes de septiembre ya advirtió que la resolución de la demanda catalana sólo tenía un camino: o referéndum o referéndum. “Perseguiremos el acuerdo hasta el último día. Pero ya advertí que si llegamos al final de la legislatura y no ha habido ninguna respuesta positiva, estaremos a punto a subir el último peldaño para proclamar la independencia de Cataluña”.

Minutos antes, Oriol Junqueras ya había acusado al Gobierno español de negar en 18 ocasiones la propuesta de referéndum que hizo Cataluña Y sacó la artillería contra el Ejecutivo de Rajoy apelando a los ‘mantras’ independentistas de siempre mezclando verdades como catedrales con medias verdades y directamente con mentiras: “Es un Gobierno [el español] que violenta los derechos democráticos fundamentales, que tiene ministros que conspiran abiertamente contra la sanidad catalana o que encargan pruebas falsas contra representantes democráticamente elegidos. Es un Gobierno que ejerce de forma poco adecuada sus competencias, un Gobierno que ha tirado del fondo de reserva de la Seguridad Social y que, conforme a los informes de las consultoras, tendrá un déficit de 15.000 millones de euros anuales en las prestaciones sociales al menos durante una década, un Gobierno que favorece a unos pocos en contra de la mayoría (por ejemplo, con el ‘proyecto Castor’), privatizando beneficios y socializando pérdidas, marginando a amplios ámbitos económicos y territoriales, como el corredor, impidiendo que Cataluña tenga infraestructuras esenciales para el futuro económico y que pone en riesgo algunas de las inversiones que ya se han hecho”.

El vicepresidente justificó, así, el camino sin retorno del referéndum: “Ante este Estado ineficiente, injusto, que nos impide tomar medidas a favor de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, o que nos impide tomar medidas a favor de ciudadanos en situación de pobreza energética o habitacional, que perjudica los intereses económicos del país y la justicia social, los ciudadanos de Cataluña votaron en las elecciones un Parlamento y éste adoptó unos compromisos”. Y son esos compromisos los que el ‘Govern’ quiere llevar hasta las últimas consecuencias, aunque sea violentando las leyes y el marco legal vigente. Con esa determinación, ‘alea jacta est’.